AGENCIA
Internacional.- El diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) publicó un artículo titulado “México coquetea con la dictadura”, en el que la periodista Mary Anastasia O’Grady expresó su preocupación por los posibles efectos de un plan para reformar la Constitución de México. Según el artículo, estas reformas podrían llevar al país por un camino similar al de Venezuela o Cuba, erosionando la libertad y la prosperidad.
O’Grady argumenta que dictaduras como las de Venezuela, Bolivia y Nicaragua surgieron de líderes populares que, una vez en el poder, desmantelaron los controles institucionales que limitaban su autoridad. La periodista advierte que este tipo de transformaciones han convertido a muchos países en estados policiales, donde los líderes electos utilizan su popularidad para eliminar los derechos de las minorías políticas y concentrar el poder en el Ejecutivo.
El artículo subraya que la llegada de septiembre, cuando se instalará la nueva legislatura en el Congreso de la Unión, pone nerviosos a muchos mexicanos que temen por la libertad en el país. Aunque Claudia Sheinbaum ganó las elecciones, tomará posesión el 1 de octubre, mientras que los nuevos legisladores lo harán el 1 de septiembre. Este desfase temporal podría, según O’Grady, dar al presidente López Obrador una oportunidad para consolidar un poder sin precedentes en sus últimos 30 días de mandato.
La periodista también menciona que si el Instituto Nacional Electoral (INE) determina que Morena y sus aliados obtuvieron la mayoría en la Cámara de Diputados el 23 de agosto, y si el Tribunal Electoral ratifica esta decisión, López Obrador podría “negociar” los votos necesarios para lograr una súpermayoría, lo que le permitiría aprobar las reformas constitucionales deseadas.
Entre las reformas que menciona O’Grady, la más preocupante es la Reforma Judicial, que plantea la destitución de miles de jueces y magistrados, así como de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La columnista sugiere que esta reforma permitiría que los nuevos candidatos a la SCJN fueran seleccionados en función de criterios políticos más que por méritos académicos o experiencia judicial.
Finalmente, el artículo concluye que, aunque los futuros candidatos a la Corte serán elegidos por voto popular, la falta de conocimiento jurídico del electorado podría hacer que estos votos sean manipulados por grupos como el crimen organizado, funcionarios de gobierno o empresarios, lo que pondría en riesgo la imparcialidad del sistema judicial.
