AGENCIA
Ciudad de México.- En un intento por frenar la importación ilegal de combustibles, el gobierno mexicano ha intensificado las inspecciones en la frontera con Texas, lo que ha provocado la interrupción de los envíos terrestres de gasolina y diésel hacia el país en las últimas dos semanas, según reportó El Diario MX.
Las medidas, impulsadas por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, han generado un virtual cierre del cruce fronterizo para los camiones cisterna, afectando la distribución de hidrocarburos y causando preocupación en el sector energético.
De acuerdo con Rajan Vig, director ejecutivo del grupo energético Indimex, no se espera que la frontera reabra esta semana, debido también a las festividades religiosas previas al Domingo de Pascua.
Las autoridades han justificado la medida como parte de una estrategia para vigilar a los importadores que no han cumplido con el pago adecuado de impuestos. El mes pasado, el gobierno incautó más de dos millones de galones de combustible en Baja California por su presunto ingreso ilegal.
En el mismo contexto, la empresa Valero Energy Corp. enfrentó la suspensión temporal de su permiso de importación, tras ser señalada por supuestamente utilizar documentación falsificada, reveló una fuente cercana al caso.
México es el mayor comprador de productos petrolíferos estadounidenses, con importaciones que alcanzaron los 1.15 millones de barriles diarios en enero, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. De esa cifra, 470 mil barriles fueron de gasolina terminada y 237 mil de diésel.
El impacto de las medidas también se refleja en la defensa de los intereses de Petróleos Mexicanos (Pemex), que tan solo en el tercer trimestre de 2023 reportó pérdidas por más de 263 millones de dólares debido al robo de combustible, el doble de lo registrado en el mismo periodo del año anterior.
El cierre parcial de la frontera y la ofensiva contra el contrabando ponen en evidencia la compleja dinámica del mercado energético mexicano y los retos que enfrenta el nuevo gobierno para regular el flujo de hidrocarburos sin afectar el abasto nacional.
Ahora falta hacer la investigación de cuales gasolinerías vendían esta gasolina de contrabando, para retirarles la concesión, además de aplicarles la extinción de dominio de las instalaciones, también hay investigar a las autoridades aduaneras por no verificar los autotanques.
Y aquí entra la mafia de gasolineros del país; que se la pasan poniendo piedras a los mexicanos por su absoluta ambición. Ya es tiempo de pintarlos de rayas a estos ladronzuelos de cuello blanco.
