México, D.F.- La reforma constitucional aprobada por el Congreso “no es sólo un cambio en la estructura de la propiedad de los hidrocarburos, sino un cambio en la estructura del Estado”; se fortalece el “hiperpresidencialismo”, se genera una “severa mutilación de las facultades del Congreso”, se pierde soberanía ante los tribunales internacionales y el gobierno “se queda sin el instrumento legal necesario para la intervención y la expropiación” en el sector energético.
Con esa contundencia resume Diego Valadés –exministro de la Suprema Corte, ex procurador capitalino y general de la República, y ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM– las consecuencias más graves de los cambios a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, además de los 21 transitorios que, afirma, se volverán “la auténtica trampa” de la reforma energética.
“Es una reforma que no necesitábamos. Bastaba con modificar el artículo 10 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, donde existía una prohibición de firmar contratos con Pemex. Hubiéramos modificado esto sin necesidad de tocar la Constitución. Era mejor porque la asociación no le da al socio derechos reales sobre la propiedad de los hidrocarburos. En los contratos aprobados sí se los dan”, explica el experto en derecho constitucional en entrevista con Proceso.
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