La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos acaba de decidir que el gobierno de Argentina tiene que pagar 1.5 billones de dólares de su deuda externa no reestructurada, refrendando el fallo de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Para quienes no hayan seguido la saga de la deuda argentina, que se origina en su capítulo más reciente en la última década del siglo pasado, resulta alucinante por la geografía del pleito, los montos financieros en disputa y las implicaciones desastrosas para uno de los países potencialmente más ricos del mundo.
Argentina recurrió a un tratamiento de “choque” en 1991 cuando su inflación anual alcanzó 10,000% y el ministro de Economía, Domingo Cavallo, recomendó al gobierno de Carlos Menem “licuar” la deuda y atar el peso argentino al dólar de EU mediante lo que se conoce como una “Caja de Conversión.”
Por “licuar” la deuda se entiende exacerbar el proceso inflacionario para que las magras reservas de dólares que Argentina tenía le alcanzaran para retirar todos los pesos en circulación y reemplazarlos con pesos nuevos que tendrían cuatro ceros menos y una paridad de uno a uno frente al dólar de EU.
Los resultados de este plan de estabilización fueron notables, la inflación quedó virtualmente eliminada y el país empezó a crecer rápidamente, atrayendo cuantiosa inversión externa. La primera gran prueba del nuevo sistema vino con la crisis cambiaria mexicana de 1994 que infectó a Argentina.
La razón del contagio tiene menos que ver con el intercambio económico entre ambos países, que siempre ha sido bastante modesto, sino con el medio financiero donde se clasifica a ambos mercados como “emergentes.” Al verse en entredicho la economía de uno de ellos, los inversionistas retiran sus recursos también de los demás.
El “tequilazo”, como se llamó al desastre mexicano de 1994 en el ámbito financiero, afectó fuerte pero efímeramente a Argentina, que pronto retomó la inercia del rápido crecimiento, copiosa inversión externa y, con la euforia, cayó en la tentación de gastar más y endeudar al país para acicatear el desarrollo económico.
El “tequilazo” dejó en claro, sin embargo, que Argentina no operaba su “caja de conversión” de manera ortodoxa, pues Menem se había dejado la posibilidad de crear “argendólares” precisamente para casos como ése, y evitar que el crecimiento sufriera a resultas de una contracción del crédito, natural secuela de una salida de capitales y del consecuente descenso de la base monetaria.
Además del gasto público deficitario y del mayor endeudamiento externo, el país se vio afligido por una sistemática apreciación del dólar, ahora irremisiblemente amarrado al peso, que generó la gradual pérdida de competitividad de Argentina ante sus principales socios, Brasil y la Unión Europea, y llevó a crecientes déficit externos.
Conforme estos signos se hicieron cada vez más evidentes, los acreedores foranos de Argentina empezaron a endurecer los términos para renovar o ampliar su deuda, en particular respecto a los tribunales, que serían los responsables en caso de que hubiera conflicto en su servicio, como eventualmente ocurrió en 2001.
Cuando la situación se volvió insostenible, Argentina se quedó sin dólares y declaró la suspensión de pagos en su deuda, que incluía 90 mil millones de pasivos externos. Al colapso económico lo acompañó la debacle política, que culminó con la llegada al poder del populista Néstor Kirchner, quien se negó a negociar con sus acreedores.
En 2002, Argentina ofreció pagar 25 centavos de cada dólar de deuda y aprobó la “ley cerrojo”, impidiéndole negociar mejores términos con quienes no aceptaran la radical reducción. Para sorpresa de los mercados, para 2005, 76% de los acreedores había aceptado los términos leoninos ofrecidos, lo que alcanzó 91% de la deuda en 2010.
Otros acreedores vendieron sus bonos en el mercado secundario a casas de inversión listas a seguir el pleito legal —los llamados “fondos buitre” en Argentina—, lo que llevó a la decisión del juez en Nueva York con jurisdicción sobre esa deuda a ordenar su pago, ante el argumento de que la cláusula pari-passu (todos parejos) incluida en los contratos, impedía que se pagara a los renegociados y no a los “buitres”.
Con la negativa de la Suprema Corte de EU de revertir la decisión del juez neoyorquino, Argentina enfrenta peliagudas decisiones antes del fin de mes para impedir una nueva suspensión, que esta vez incluiría a los bonos ya renegociados.
Ya comentaremos lo que sucede, pues la presidente Cristina Fernández, viuda de Kirchner, ha dicho que jamás negociará con los “buitres”.
El autor es economista residente y catedrático de la Escuela de Servicio Internacional y director del Centro de Estudios para Norteamérica de la American University en Washington, DC
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