La violencia afectó a una quinta parte de los electores. ¿Qué hicieron o qué dejaron de hacer el gobierno, los partidos y las autoridades electorales?
Nuestras elecciones son tridimensionales. Una parte es pulcra y presumible. En la segunda están los tianguis de la democracia pirata, donde los pobres mercadean su voto. En la tercera los capos deciden por quién se vota. Un estudio serio e impactante, hecho por el Instituto Federal Electoral (IFE) en 2012 (citado al calce) lo determinó así. Si en 2009 hubo 1,609 secciones electorales “con problemáticas de alta inseguridad”; en 2012 aumentó a 4,528 secciones o un 20% del electorado. Sostengo, como hipótesis, que en 2013 se superó esa cifra, porque hay consenso entre observadores, que fueron las elecciones más afectadas por la violencia.
Nos movemos con estimaciones porque ninguna autoridad está midiendo lo que pasa. Los comentarios de las últimas semanas se basan en conteos hechos por periodistas que toman como fuente las notas de medios locales. Hasta ahora el gobierno de Enrique Peña Nieto sigue sin corregir el hábito calderonista de ignorar la información sobre las consecuencias nocivas de la violencia.
Los partidos tampoco se preocuparon por aclarar lo que pasaba. En el Pacto por México dejaron fuera al binomio violencia y elecciones y en la irrelevante agenda meten el asunto en las llamadas Comisiones plurales. Al final del ciclo electoral se bifurcó el discurso de las cúpulas: el tricolor propalaba un panorama idílico, las dirigencias del PAN y el PRD deambulaban como plañideras (“está del cocol” soltó un descompuesto Gustavo Madero) y hasta pidieron la intervención del ejército.
Quienes se llevan los laureles de la irresponsabilidad son los institutos electorales de los estados. En las 14 páginas de estas dependencias (dejé fuera Sonora) no aparece información o protocolos sobre la violencia que minimizaron en sus declaraciones a los medios. También en eso Tamaulipas es un caso extremo. Gustavo Castillo y Martín Sánchez de La Jornada le preguntaron al presidente del instituto local, José Luis Navarro Cantú, si no le preocupaba que le hubieran renunciado 500 funcionarios de casilla por presuntas amenazas. Respondió con un frívolo “si los 21 mil 500 (funcionarios) deciden no participar, no pasa nada, simplemente se sustituyen”. No sorprende entonces que, según Parametría, entre 2007 y 2013 aumentara en seis puntos la desconfianza hacia los institutos locales.
Otros indicadores confirman que los institutos se desentendieron del problema. En 12 de las 14 entidades que tuvieron elecciones, el IFE identificó secciones con problemáticas de inseguridad. El impulsor del estudio aquí citado, el consejero del IFE Alfredo Figueroa me comentó que ninguno de los 14 institutos pidió el estudio de 800 páginas repletas de información. De haberlo hecho hubieran identificado las secciones afectadas. ¿Cuántas muertes o amenazas hubieran podido evitarse o reducirse si los institutos locales se hubieran tomado en serio la violencia?
Las amenazas sobre las elecciones ya no pueden seguir ignorándose. Hay dos tareas para el futuro inmediato. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) que ahora preside Alfredo Orellana, que, tendría que tomar el estudio del IFE como punto de partida para una investigación mayor sobre la violencia y las elecciones que sea la base para un programa de prevención centrado en los municipios (son el bocado más apetitoso para el crimen organizado).
La segunda tarea es estructural. Los organismos públicos dedicados a salvaguardar derechos no están funcionando como debieran, en buena medida, porque están secuestrados. Cuando el PRI era todopoderoso, la autoridad electoral rendía pleitesía al señor presidente y quienes luchábamos por la democracia ingenuamente creíamos en la ciudadanización del árbitro electoral.
Terminó el presidencialismo exacerbado pero buena parte de los “ciudadanos” convertidos en árbitros de las elecciones fueron sometidos a la voluntad de tribus partidistas o de gobernadores-virreyes. Se olvidaron de que su misión era proteger los derechos ciudadanos. Si en verdad quieren frenar y revertir la creciente influencia del crimen organizado en los comicios tiene que ciudadanizarse en serio estos órganos. Si de acuerdo al IFE entre 2009 y 2012 se duplicaron las zonas de riesgo. A ese paso llegáremos a 30% en 2015. La indiferencia es suicida.
El documento citado es Instituto Federal Electoral, Informe Final sobre las actividades realizadas por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral en el marco del Proceso Electoral Federal 2011-2012 (octubre de 2011 – septiembre de 2012), México, IFE, 2012. En la problemática 14 aparecen las secciones afectadas por estar en zonas de alta inseguridad pública por pandillerismo, vandalismo, comisión de diversos delitos, presuntas actividades ilícitas, presencia de personas armadas, etc.
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Colaboraron Rodrigo Peña González y Paulina Arriaga Carrasco.
