Córdoba.- Al detectarse las irregularidades que cometió Portilla -el “Alcahuete de Lavín”- al promover y autorizar la construcción del llamado Circuito Vial Miraflores-San Nicolás sobre el derecho de vía patrimonio de Concesionaria Ferrosur, el alcalde Tomás Ríos Bernal, señaló que será el área jurídica municipal la que analice el caso. Una de las propuestas municipales será reubicar a todas las familias que están en riesgo de ser desalojadas.
Se trata de más de 50 familias las que se encuentran apostadas sobre dicho tramo desde hace más de 12 años. Al existir una orden de desalojo el Ayuntamiento de Córdoba ha buscado acercamientos con la empresa Ferrosur, para atender el “desorden” en donde si la gente tiene que desalojar el lugar se le debe de dar tiempo para poder reubicarse.
“Nosotros como Ayuntamiento estamos siguiendo el caso, pero el ciudadano tiene respeto aún cuando haya hecho las cosas mal. Tenemos que darle opciones para que se pongan en lugares más seguros, pero hablando y que no lleguen a desalojarlos”, expuso el Munícipe.
Para lograr la reubicación de dichas familias, se buscará el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) donde se buscará atender cada uno de los casos de los ciudadanos que se encuentran en situación de riesgo.
“Les reconocen propiedad”
Una vez detectadas las irregulares cometidas por Portilla –el “Alcahuete de Lavín”- han salido a la luz pública diversos casos de ciudadanos que aseguran tener en su poder escritos firmados por Portilla en donde se les “reconoce la propiedad de las tierras”.
María Luisa Alarcón Vera promovió una adjudicación de prescripción positiva de 641 metros lineales sobre el derecho de vía de la zona Circuito Vial Miraflores-San Nicolás con dicho documento no solo pretende apoderarse de las tierras propiedad de Ferrosur, si no a su vez de espacios que actualmente se encuentran ocupados por otras dos personas.
El ciudadano, Alberto Hernández quien se dedica a la venta de artículos de madera a la altura de la zona de Crucero Nacional, señaló que María Luisa Alarcón Vera, se ha valido de recibos de pago del predial, para adjudicarse dicho terreno sobre el derecho de vía. El Ministerio Público avaló dicho documento emitiendo una orden de desalojo, para los pobladores del lugar que llevan más de 12 años ocupando dicho espacio.
“Es un derecho de vía, pero ella (María Luisa Alarcón Vera) tiene un registro de inscripción firmado por Portilla con el que se quiere quedar con todo el terreno”, comentó.
La orden de desalojo emitida por el Juzgado Segundo Menor marca fecha del 13 de febrero del presente año. Ante dicho documento los afectados han recurrido al amparo legal para evitar que esta orden proceda.
Debido a que se desconoce el motivo por el cual, María Luisa Alarcón Vera cuenta con documentación firmada por Portilla, esperan contar con el apoyo por parte de las autoridades municipales, para el esclarecimiento de los hechos.
Yessica Martínez
Arguelles
El Buen Tono
