Agencias
Xalapa.- La renuncia de Verónica Hernández Giadáns como Fiscal General del Estado de Veracruz, trascendida ayer jueves, representa un golpe directo al grupo político encabezado por Patrocinio Cisneros Burgos, “Bola 8”, y evidencia que la próxima gobernadora, Rocío Nahle, busca cortar todo vínculo con los vestigios del pasado reciente y con los Yunes.
Según se informó, la fiscala presentó su dimisión al Congreso del Estado con efecto a partir del 30 de noviembre, en medio de críticas por su desempeño y por corrupción en la institución.
El anuncio ocurre días después de que el diputado morenista Diego Castañeda Aburto, presidente de la Comisión de Procuración de Justicia, impulsara una iniciativa para reducir de nueve a cuatro años el periodo del titular de la Fiscalía, señalando un desgaste innegable en la figura de Hernández Giadáns.
La salida de Verónica Hernández no sólo obedece a cuestionamientos internos, sino también a su cercanía con “Bola 8”, quien fuera el operador político de Cuitláhuac García.
A Chiquiyunes se le perdonó la orden de extradición y de aprehensión que enfrentaba por acusaciones de corrupción y desvío de recursos, debido al pacto entre el gobierno de Cuitláhuac y los intereses políticos de los Yunes, quienes a cambio de impunidad, no criticarían al gobernador durante su sexenio.
Este acuerdo dejó a la Fiscalía en una posición de complicidad, corrupción e impunidad frente al ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, cuyo legado sigue marcando al estado.
Rocío Nahle, gobernadora electa, ha dejado entrever que busca una administración libre de influencias tóxicas y pactos oscuros. El distanciamiento con “Bola 8” y su círculo cercano, así como con el grupo Yunes, forma parte de una estrategia para proyectar un gobierno distinto.
Fuentes cercanas aseguran que Nahle tampoco ve con buenos ojos el historial de Hernández Giadáns, marcada por señalamientos de ineficiencia, omisión en varias carpetas, pero sobre todo, corrupción.
