Por Andrés Timoteo/ columnista
MALTRATADORES REINCIDENTES
Comenzaron las fiestas en honor a la Virgen de la Candelaria en Tlacotalpan, una de las más famosas de la Entidad por la sede, la ciudad llamada “Perla del Papaloapan” y catalogada como Patrimonio de la Humanidad, por el concepto religioso-cultural que conllevan sus actos de fe y las expresiones dancísticas y musicales, y por el maltrato a los toros que son usados para el tradicional ‘encierro’ en el que la turbamulta los persigue, acosa y golpea.
El espectáculo taurino se celebrará mañana sábado primero de febrero, la víspera de la fecha principal en la cual la Señora de las Candelas es paseada, en procesión, por las calles del pueblo y sobre el río de las Mariposas. La única novedad benéfica para los toros anunciada por los organizadores es que este año no serán cruzados a nado en la afluente sino transportados en lancha, pero de ahí en fuera será lo mismo de cada año.
Los pobres animales -que son de corral y no de lidia- no tendrán que nadar en las aguas ribereñas, pero no se salvarán de la gente alcoholizada y bajo los efectos de otros estupefacientes. Los que se lanzan contra los toros no hacen faena de rejoneo -con una capa tal como marca la llamada tradición brava- sino que van a patearlos, golpearlos con objetos, a jalarles de la cola y si pueden hasta arrancársela, a mutilarlos, pues.
Ni a los toros de lidia se les trata con tal sevicia como a estos semovientes tlacotalpeños. Un ejemplo de la crueldad inaudita en Tlacotalpan la presumió sin ningún empacho el mismo alcalde, Christian Romero, quien en diferentes entrevistas ofrecidas en días pasados anunció que en esta edición ¡volverán a utilizar a los animales de hace dos años! Es decir, volverán a perseguir a los toros maltratados en 2018.
Lo anterior, en un intento burdo de demostrar que los animales no salen heridos. Vaya estupidez -no hay otro término adecuado-. A los astados de lidia que son usados en plazas de toreo y que sobreviven nunca más vuelven a ser utilizados en esas faenas. Tal es su premio de enfrentarse al desenfreno del ser humano y muchos de ellos terminan como sementales, con garantía de que morirán de viejos o al menos extenderán su vida por muchos años más.
En un contrasentido, el destino fatal de los toros de Tlacotalpan, de acuerdo con el frívolo Alcalde, es que cada dos años serán sometidos a la misma tortura. Eso es maltrato y reincidencia en el mismo. Además, aquellos animales que quedan malheridos son sacrificados para ir a la cazuela, aunque la carne tenga mal sabor por tanta adrenalina que secretan durante la fiesta de la sangre a la que son sometidos.
Por si fuera poco, el obtuso alcalde Romero presume “medidas de seguridad” para los toros que son pueriles: cada animal tendrá un séquito de vigilancia compuesto por 13 personas, un médico veterinario, habrá videocámaras en todas las calles del pueblo para grabar a las personas que los maltrate y éstos recibirán una multa de 20 mil pesos.
El colofón es el nombre que les dio a esos “cuidadores” de los animales: “Jinetes pro-toro”, un cabestrillo retórico pues si en verdad fueran “cuidadores” de los animales o “pro-toro” se dedicarían a impedir el espectáculo completo y salvarían a los animales de la turba enardecida. Nada más.
LA ÚNICA VOZ
Los que sí son “pro-toro”, es decir las organizaciones defensoras de los derechos de los animales que llevan años denunciando el maltrato de semovientes en Tlacotalpan, han pedido una vez más al Gobierno estatal que intervenga y cancele el encierro taurino por violar la Ley 876, también llamada Ley de Protección a los Animales del estado de Veracruz, vigente desde 2010.
La misma establece en su artículo 66 que las autoridades deberá asegurar y resguardar precautoriamente a los animales, bienes y vehículos cuando exista riesgo de que estos animales serán sometidos a actos de crueldad y maltrato, además clausurar los establecimientos, instalaciones, servicios o lugares donde se tengan, utilicen, exhiban, comercien o celebren espectáculos públicos con animales.
Sin embargo, la exigencia planteada por los activistas y académicos que integran la agrupación Acciones para el Respeto y Protección Animal también llamada Proyecto ARPA, con sede en Xalapa, no fue escuchada por nadie en el Gobierno estatal. Ni la secretaria del Medio Ambiente ni en la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y contra los Animales se han pronunciado al respecto.
Entre los legisladores veracruzanos sólo uno ha elevado su voz defendiendo a los animales, en este caso a los toros, pugnando por tener “tradiciones libres de violencia”. Se trata de la diputada local morenista, Cristina Alarcón Gutiérrez, quien presentó hace una semana la iniciativa para reformar la citada Ley, a fin de prohibir integralmente las corridas taurinas y todo espectáculo en el cual se usen toros.
La diputada Alarcón afirmó que “todo espectáculo de tauromaquia es un acto de violencia donde se reproducen los antivalores de respeto y sana convivencia entre los seres humanos y los animales” y su prohibición será un avance en la protección de los derechos de estos seres vivos.
Por esta razón, pidió el respaldo de sus compañeros legisladores para darle a Veracruz “la oportunidad para cerrar el paso a todo evento violento y de barbarie, contrario a los compromisos éticos y morales que como sociedad hemos adquirido con todos los animales”. Claro, el resto de sus compañeros, principalmente de Morena y que muchos de ellos antes de llegar a la curul -y al poder estatal y federal- se autodenominaban activistas a favor de los animales, hicieron mutis y muecas.
A la iniciativa de la parlamentaria orizabeña la mandaron a ‘dormir el sueño de los justos’ a la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. A parte de la orizabeña, nadie más en el Congreso Local se animó a defender los toros que serán zarandeados en Tlacotalpan. Ahora sí que en ellos aplica el refrán de que “tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata”.
‘CLIENTES FRECUENTES’
En los merenderos políticos se hacen preguntas insidiosas: ¿y si los que mataron al beisbolista Narciso Elvira y a su hijo son del grupo criminal con el que se liga a los familiares de la titular de la Fiscalía con qué autoridad ética y profesional se va a investigar? Y, ¿quién va a confiar en que esas indagatorias no estén viciadas para beneficiar a ese cártel? Peor aún, la tarde del martes, horas después del crimen, corrió una versión insana en las oficinas de Palacio de Gobierno: que se planea culpar a los fallecidos. Nada nuevo.
La pretensión -dice la fuente-, es ligar al exdeportista con actividades ilegales para justificar su muerte y así darle una salida fácil al embrollo que tiene la fiscal Verónica Hernández para investigar el atentado, perseguir a los autores e impartir justicia. Aunque el aspersor de lodo sobre los Elvira ya fue activado y desde el martes se difunden en redes sociales la fotografía del hijo del beisbolista portando un arma de fuego y la referencia escrita de que “se juntaba con malas personas”.
Esto demuestra que los funcionarios de la socorrida “cuarta transformación” no son empáticos ni con los que practican el deporte presidencial, o sea el beisbol. Certero y evidente es también que en la Fiscalía están en un conflicto de credibilidad y de intereses que le impiden hacer el trabajo sin que caiga en la sospecha de todos, sobre todo cuando este caso resuena por la fama pública de la víctima, un exjugador de las llamadas Grandes Ligas del beisbol.
Por cierto, cabe señalar -aludiendo al humor negro- que el beisbolista Narciso Elvira fue ‘cliente frecuente’ de la delincuencia pues en 2015, en pleno duartismo, ya había sido víctima de un secuestro. Esta vez no iban a plagiarlo sino a quitarle la vida, según se ha relatado.
‘Cliente frecuente’ del crimen es también el empresario y exdirigente de la Asociación Nacional de Avicultores, el fortinense Jaime Crivelli Espinoza, quien fue secuestrado el lunes y regresado veinticuatro horas después, cuando su familia pagó 4 millones de pesos -de acuerdo con las versiones en la zona Centro- para que fuera liberado.
Lo regresaron con bien. El caso es que tanto la víctima como sus familiares ya tienen experiencia en negociar con los plagiarios, pues en diciembre de 2016 el empresario ya había sufrido un primer secuestro y poco más de una década antes, a finales de 2004, una de sus hijas, Claudia Crivelli Canales, fue plagiada en Córdoba y duró 20 días en manos de sus captores.
Un sobrino del avicultor, Apolinar Crivelli Díaz, trae un séquito de guardaespaldas por el temor a ser secuestrado desde que asumió la Alcaldía de Yanga, en enero de 2018. Y paralelos a estos dos casos muy mediáticos, el del beisbolista y del avicultor, también varios plagios e intentos de los mismos.
En Tomatlán, Gustavo Melo, hijo y sobrino, respectivamente, de los exalcaldes Roque Melo y Emilio Reyes, fue secuestrado el fin de semana. El productor de caña de azúcar y café fue liberado con vida, luego del pago de un rescate. La familia hizo la negociación en solitario, sólo recibió el respaldo de la población que realizó una procesión y rezo público de agradecimiento, tras la liberación.
En Cuichapa un comando de hombres armados intentó ‘levantar’ al dirigente de la Unión de Productores de Caña de Azúcar en el ingenio San Nicolás, Adalberto Darinel Figueroa Suárez, allanando las oficinas gremiales. Al igual que en el caso del agricultor de Tomatlán, el intento de secuestro en Cuichapa lo hicieron a plena luz del día. En resumen, sean cañeros, avicultores, cafeticultores y hasta peloteros, nadie se salva de la ‘ola’ de inseguridad y violencia en Veracruz.
