Agencias
México.- Los magistrados federales Juan Carlos Ramírez Benítez y Julia García González denunciaron indicios de corrupción en las fiscalías relacionadas con el caso Ayotzinapa y el de Miguel Ángel Yunes Márquez. Ambos casos fueron mencionados como ejemplos de cómo se usa la justicia de manera selectiva y como moneda de cambio, al retirarse órdenes de aprehensión previamente aprobadas por jueces, pese a que existían indicios suficientes de delito. En el caso de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) desistió en septiembre de 2022 de las órdenes de captura contra 16 militares y 5 funcionarios, a pesar de que ya se habían emitido 83 órdenes de aprehensión. Aunque en 2023 la FGR reactivó algunas detenciones, muchos de los procesados están en libertad provisional.
En el caso de Yunes, la Fiscalía de Veracruz también se desistió en septiembre de 2023 de una orden de aprehensión contra el senador, acusándolo de uso de documentos falsos, fraude procesal y falsedad en declaración, justo antes de la votación de una reforma judicial. Este tipo de actuaciones suscitó críticas de los magistrados, quienes indicaron que la FGR canceló la acción penal en Ayotzinapa bajo el argumento de evitar un fracaso judicial, lo que, según ellos, evidencia la manipulación del sistema de justicia.
Ramírez Benítez y García González coincidieron en que este tipo de decisiones reflejan la utilización de la justicia como un mecanismo de negociación política y un posible acto de corrupción dentro de las fiscalías. Los magistrados sostienen que estos casos no son aislados y subrayan que la falta de coherencia en las decisiones de la FGR afecta la confianza en el sistema judicial, ya que en situaciones cotidianas las personas no pueden obtener el mismo trato favorable ni ver resultados en sus denuncias.
