Madres que buscan a sus hijos desaparecidos en Jalisco han denunciado graves irregularidades en la reciente intervención de la Fiscalía Estatal en el rancho Izaguirre, un lugar que, según señalan, fue utilizado como campo de exterminio y entrenamiento por grupos de crimen organizado. Las madres acusan que las autoridades manipularon la evidencia, presentando el sitio de manera que ahora parece más un museo que un escenario crucial de investigación.
Patricia Sotelo, quien lleva cuatro años buscando a su hija Fanny Areli, fue una de las primeras en señalar las irregularidades al realizar un recorrido por el rancho junto con otros familiares de víctimas. Sotelo denunció que el predio fue “pintado, arreglado y barrido” por las autoridades ministeriales, alterando el lugar que podría haber sido una fuente clave para esclarecer los casos de desapariciones.
“Es un circo, una burla para nuestro dolor”, expresó Sotelo con indignación al salir del rancho. La madre lamentó que al llegar al lugar, encontraron un entorno “acordonado” y evidencia que parecía haber sido manipulada. Señaló que se habían cubierto objetos como prendas de ropa y zapatos que podrían haber pertenecido a las víctimas, y que las áreas de interés en la investigación estaban bloqueadas.
Además, las familias solo pudieron permanecer en el rancho durante 20 minutos debido a la alta afluencia de personas, lo que fue percibido como una obstrucción al trabajo de las madres en su búsqueda. Sotelo calificó esta situación de desorganización y falta de respeto, y subrayó que el lugar no debió ser manejado como una atracción, sino con la seriedad que la situación exige.
En cuanto a la Fiscalía General de la República, la madre expresó su frustración por la falta de avances en su caso. Aseguró que, en los cuatro años de búsqueda, no ha recibido información clara ni avances significativos, y detalló la indiferencia con la que ha sido tratada. “Solo me llaman cuando insisto o voy en persona”, explicó.
El evento en el rancho Izaguirre también generó decepción entre los colectivos de búsqueda, quienes esperaban la presencia de fiscales de alto nivel como Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, y Salvador González de los Santos, fiscal estatal. Su ausencia fue vista como una nueva burla para las víctimas y sus familias.
Este caso refleja las múltiples dificultades que enfrentan las madres buscadoras al tratar de encontrar justicia en un sistema que, según sus denuncias, continúa manejando las investigaciones de desapariciones con desorganización y falta de transparencia.
