Por: Andrés Timoteo / columnista
LOS SELLOS DE DICIEMBRE
Quizás el logro más importante del 2018 para los mexicanos fue haber canalizado el enojo popular en las urnas de votación y hacer que la “izquierda” llegara del poder tanto federal como estatal. Se usan comillas en la palabra “izquierda” porque aun cuando el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) está integrado por luchadores progresistas también se encuentra infiltrado por la derecha y el priismo camaleónico.
Con 30 millones de votos, el triunfo del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador fue apoteósico. No sólo le entregaron la silla presidencial sino el control absoluto del Congreso de la Unión -las cámaras de diputados y senadores-, además de cuatro gubernaturas y la supremacía en una veintena de congresos locales. Así, mucho fue lo que se le dio el primero de julio y mucho es lo que tiene que devolver en resultados.
En Veracruz fue una réplica de lo nacional porque el xalapeño Cuitláhuac García Jiménez se convirtió en Gobernador y también Morena obtuvo el control del Congreso Estatal. En ambos casos ha pasado un mes de ejercicio del poder y las diferencias afloran porque a nivel Local no se ha caminado al mismo ritmo que lo hacen en el altiplano.
Ya se ha dicho que, en política, los albores de un régimen son como las cabañuelas climatológicas porque bosquejan lo que será la totalidad del ejercicio gubernamental. Y el primer mes del Gobierno cuitlahuista es penoso. Quedó sellado, obviamente, por la obtención de la libertad condicional de los exfuncionarios duartistas que estaban en el reclusorio de Pacho Viejo, con una sincronización vergonzante. La obviedad en pleno.
La última de esas liberaciones, la del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, fue un golpe para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad que se perpetraron desde esa dependencia, especialmente la desaparición forzada de personas, y también sacudió la causa que García Jiménez abrazó en su toma de posesión: allegar justicia a las personas que fueron desaparecidas y a los que las buscan.
El decreto de emergencia humanitaria por este delito quedó ajado con la liberación de Bermúdez y sobre todo con el trato de príncipe que le dieron en el Congreso Local, a donde tres días después de dejar la cárcel se presentó para interponer una solicitud de juicio político contra el fiscal en funciones. Y los funcionarios de la legislatura lo trataron como si fuera un hombre de bien y con la credibilidad de titanio.
Por si fuera poco, se acaba de conocer que en el presupuesto para este año no se cumplirá la promesa hecha por el Gobernador para destinar 400 millones de pesos a la búsqueda de personas que fueron víctima de desaparición forzada. En su primer mes como mandatario estatal, García Jiménez trastabilló en su principal compromiso con los miles de desaparecidos y las víctimas colaterales.
Por si fuera poco, también incumplió en lo anunciado de que durante los primeros 30 días de Gobierno se desplegaría un plan urgente de contención de la violencia. Las estadísticas lo desnudan: 135 asesinatos violentos, ligados al crimen organizado hasta el lunes pasado, a razón de casi cinco por día.
El secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros, anticipó el lunes pasado en una visita a la zona serrana de Zongolica que, mañana jueves 3 de enero, se realizará la primera evaluación en materia de seguridad pública y en ella se verá el grado de autocrítica, la coincidencia en las cifras que reporta la prensa y las medidas aplicadas o por aplicarse en la materia. Todos deben estar pendientes.
INVITACIÓN AL CAOS
La zona Centro fue tocada especialmente por la violencia durante diciembre: una familia acribillada en Santa Ana Atzacan, el comandante de la Policía Municipal de Yanga secuestrado y asesinado, ‘ejecuciones’ a mansalva en Córdoba -ayer mismo hubo un ataque armado en una casa de la colonia Márquez Hoyos- Cuitláhuac, Fortín de las Flores, Acultzingo, Amatlán, Naranjal, Cuichapa, Calcahualco, Río Blanco, Nogales y Huatusco.
En total fueron 21 personas asesinadas en la zona Centro durante el primer mes de Gobierno de García Jiménez, es decir, esta región registró el 16 por ciento de las 135 ‘ejecuciones’ en diciembre, sólo superada por la zona Sur -principalmente Coatzacoalcos como municipio puntero en la estadística- donde se tuvo más de 50 por ciento de las muertes violentas y relacionadas con el crimen organizado.
Un sello adicional del primer mes de Gobierno el dejo de ingobernabilidad que se percibe, pues en los últimos días se han efectuado acciones que denotan la desidia para salvaguardar el orden público. En varias partes de la Entidad se desquició el tráfico por manifestaciones realizadas, algo que no sucedía en los últimos dos años. En Xalapa durante nueve horas se interrumpió el flujo vehicular sobre la avenida Lázaro Cárdenas.
Dicha vía, que es la conexión con la carretera federal y la autopista a Veracruz, fue bloqueada por afectados por la falta del subsidio federal a las guarderías infantiles. También en la capital del Estado se realizaron bloqueos en el Centro de la ciudad y hasta la organización priista Antorcha Campesina se atrevió a cerrar el acceso de la cochera de Palacio de Gobierno.
En Córdoba los vendedores de productos pirotécnicos protagonizaron un zafarrancho con policías y ese caso dibujó lo que sucede en todo Veracruz: lo increíble. ¿Cómo es posible que quienes venden mercancía prohibida como son los cohetes de pólvora desafíen y enfrenten a la autoridad? La que controla este tipo de material explosivo es la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entonces ¿por qué no llegaron los soldados a imponer el orden? En el colmo del asunto, los comerciantes hasta les arrojaron un cohete encendido a los policías y estos salieron en estampida.
También en Xalapa vendedores de pirotecnia protestaron cerrando calles por el decomiso de la mercancía prohibida. Eso se antoja a ingobernabilidad. Es decir, la debilidad del Gobierno Estatal ha provocado que todos se salten la Ley y si alguien se atreve a conminarlos recurren a las protestas, al bloqueo de calles y a la afrenta directa con las autoridades.
El gobernador García Jiménez acaba de anunciar que no utilizará la Fuerza Pública para liberar vialidades ni edificios públicos y además lanzó una invitación al caos: “si alguien toma las calles que la sociedad se lo recrimine”. Peligrosa arenga porque entonces lo que no haga la autoridad lo pueden hacer los civiles: romper una manifestación, armar grupos de choque contra los que protestan, lincharlos o desalojarlos.
Gobernar es controlar la fuerza de la turbamulta, mediar siendo el aplicador de las sanciones para que no sea el pueblo el que se desquite, reza la ciencia política. Y cuando un Gobierno se hace a un lado de esa responsabilidad abre la puerta a la embestida y los castigos populares que invariablemente terminan en caos y anarquía.
El sociólogo alemán Max Weber dijo que un Estado es eficiente cuando logra mantener el monopolio de la violencia, algo que se ha incorporado como regla en la filosofía del derecho y la práctica gubernamental en el mundo. Si el Estado no mantiene su fuerza y la violencia es ejercida por otras fuerzas fácticas, entonces se habla de un “Estado fallido”. ¿Será eso lo que viene para Veracruz con la frase “que la sociedad se lo recrimine”?
