Por Andrés Timoteo / columnista
Dos cordobeses que ocupan cargos de representación popular han sido evidenciados en los últimos días. Uno por su ostentación y falta de austeridad y otro por su ignorancia supina y analfabetismo funcional. El primero es Alexis Sánchez García, diputado por el Distrito de Zongolica, quien fue propuesto como candidato del Movimiento Ciudadano en la alianza con Acción Nacional y la Revolución Democrática, pero ya se adhirió a la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Pues bien, el Legislador originario de Tezonapa en su campaña pregonó la austeridad como bandera. Criticó hasta el cansancio que el dinero público se utilizara en gastos personales en lugar de ocuparlos en costear obras públicas, principalmente en la reparación de caminos y carreteras. Puso siempre como ejemplo las pésimas vías de comunicación en la zona serrana mientras que fustigaba que los funcionarios estatales se trasladaban en vehículos de lujo con cargo al erario.
Es más, el pasado mes de noviembre, a unos días de haber asumido la curul, Sánchez García al sumarse a Morena declaró a los medios de comunicación que había decidido “respaldar la iniciativa de austeridad republicana en Veracruz impulsada por Morena, siempre y cuando esta se traduzca en un beneficio para los veracruzanos”.
¿Y qué sucedió? El diputado ahora se da la buena vida, usando las prerrogativas parlamentarias para consentirse. Así lo demostró el sábado pasado cuando llegó a la reunión que tuvieron diputados de Morena en Casa Veracruz, en Xalapa, a bordo de una camioneta de lujo BMW cuya versión más austera tiene un valor de 700 mil pesos y la equipada hasta un millón de pesos.
¿Cuál austeridad? Ninguna, pero si toda la incongruencia. Y no solo porque el señor Sánchez García se había comprometido a practicar y defender la austeridad republicana, sino también porque es el representante de uno de los distritos con mayor pobreza del País donde familias enteras apenas si tienen para comer. El pasearse en un vehículo de lujo es una bofetada para los miserables. Claro, sin agregar que su sueldo casi llega a los 200 mil pesos mensuales.
El segundo caso es el de Rubén Ríos Uribe, quien fue impulsado por el desaparecido Partido Encuentro Social (PES) en la alianza con Morena y el PT para convertirse en diputado del distrito de Córdoba y actualmente preside la Comisión Instructora, la cual fue la encargada de emitir los dictámenes del juicio político contra el Fiscal General del Estado.
Ríos Uribe asegura que es licenciado en Derecho según la ficha curricular que se exhibe en la página oficial del congreso local – aunque no menciona ni la universidad ni el periodo en los que cursó dicha profesión- y que dirige de la firma de abogados Ríos Uribe y Asociados. Imagínense cómo les va a los incautos clientes que acuden a ese despacho para que los asesore o represente en algún apuro legal. Risas.
Lo anterior porque en la comisión que preside se avalaron los dos dictámenes de juicio político sin la rigurosidad jurídica y el diputado hasta se aventuró a declarar que no estaban obligados a considerar las resoluciones judiciales ya emitidas al respecto que invalidaban la materia del juicio. Que un abogado diga que no está obligado a acatar sentencias judiciales es como para regresarlo a la escuela, ¿no creen? Claro, lo hizo porque en realidad el señor sabe de leyes lo mismo que de física cuántica: nada.
Hay una tercera legisladora que hace el tercio con Sánchez García y Ríos Uribe. Es la diputada jalapeña Rosalinda Galindo Silva quien se dice abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, pero cada vez que hace un pronunciamiento en temas que involucran lo jurídico pone en ridículo a la institución que le expidió el título profesional y a los profesores que le dieron clases.
Por ejemplo, el sábado pasado resumió el caso de los juicios políticos contra el fiscal con un acto de fe y no de Ley: “los que voten en contra lo hacen contra la Nación” y hace unos días volvió a meterse en otro atasco legal al declarar que la sesión parlamentaria -suspendida desde el jueves pasado- se reanudará hasta que se tengan los 34 votos asegurados para aprobar los enjuiciamientos contra Winckler.
“Es un tema prioritario porque lo queremos sacar, pero hasta que haya las condiciones suficientes se va a retomar. Se les está dando tiempo a los diputados para que reflexionen su voto”, expresó sin empacho. La señora no tiene remedio. Alguien debería decirle que el plazo contemplado por la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia ya se venció, es asunto concluido jurídicamente.
Sin duda el caso de estos tres diputados es digno de una tesis porque sirve para demostrar cuando el Poder Legislativo en Veracruz está copado de analfabetas funcionales -los que saben leer y escribir, pero ni leen ni escriben y que, en sus casos precisos, tienen un título universitario que solo les sirve para adornar la pared- que desprestigian la representación popular. Ellos son ejemplo de lo que no debería suceder en el quehacer parlamentario.
