México, D.F .- “La privatización de las cárceles, que se les están otorgando de manera muy confidencial a los empresarios, es totalmente ilegal porque violenta no solamente la Constitución, sino también los tratados internacionales en la materia firmados por México”, asegura categórico Martín Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
Para afianzar sus argumentos, Barrón Cruz busca entre sus archivos puestos en el escritorio, los libreros y la computadora. Encuentra algunas conclusiones de especialistas del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Ilanud), entre ellas la del encargado de este organismo, Elías Carranza, quien hizo la siguiente consideración: “Sería un grave error tratar de resolver la situación de horror que se vive en los centros de América Latina privatizándolos”.
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