LOS REBUZNADORES

Que un legislador se equivoque en uno o dos artículos de una ley, es entendible, pero que le echen abajo más de 40 disposiciones es un desastre. Eso ocurrió con el Código Electoral para la entidad veracruzana que fue aprobado en junio pasado y que al ser revisado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ésta encontró que 43 artículos eran inconstitucionales, 39 permanentes y 4 transitorios, lo que representa poco más del 10 por ciento del compendio legal que regiría los comicios del 2016.

 

Dentro de las secuelas que traerá el fallo de los ministros está la composición del Organismo Público Local Electoral (OPLE) —que sustituyó al Instituto Electoral Veracruzano (IEV)— y en especial la invalidación del nombramiento del priísta y fidelista Víctor Hugo Moctezuma Lobato como secretario ejecutivo de este organismo, pues la SCJN declaró que el Congreso local no está facultado para decidir ese cargo sino el consejo del OPLE.

 

Otro dato importante es que ese fallo quitó al Congreso veracruzano la facultad de nombrar a los magistrados del Tribunal Electoral local y así, esa potestad será del Senado de la República, lo que ayudará en algo a evitar que el órgano que califique las elecciones esté integrado por recomendados y compadres de los políticos locales —como ha sucedido en los últimos diez años— y sus fallos obedezcan a intereses ajenos a la legalidad.

 

En términos jurídicos, también el veredicto de los ministros demostró que los redactores de Palacio de Gobierno son unos reverendos burros y que los diputados locales son peores, pues ni siquiera leyeron lo que les mandaron para aprobar. Todo el mundo sabe que el Poder Legislativo de la entidad sólo tiene el nombre, pues en el recinto de la calle Encanto no se legisla, sólo se aprueba. El Congreso local es una especie de oficialía de partes para validar lo que el Ejecutivo envía.

 

Los verdaderos legisladores son el equipo de asesores que tiene el gobernante en turno, Javier Duarte de Ochoa, aunque éstos sean demasiados ignorantes que les echan abajo sus textos. También es lastimoso que  aún cuando los diputados hubieran leído los artículos del código que aprobaron es casi un hecho que no habrían entendido nada, pues la mayoría son tan burros como los primeros. A los unos y a los otros sólo les falta rebuznar, pero no lo hacen porque corren el riesgo de que los jumentos de cuatro patas armen una protesta por usurpación de funciones.

 

Entonces, con un Código Electoral en predicamento, con nombramientos ilegales de funcionarios del OPLE y con la premura del Congreso local para recomponer las disposiciones anuladas por la SCJN —legislando sobre las rodillas— comienza el proceso comicial en la entidad para renovar la Gubernatura y el mismo Congreso local. Es decir, dando tumbos y con la certeza ya exhibida de que harán uso de todo tipo de chanchullos para alterar la decisión popular. Comenzaron con el texto legal que normaría los comicios, aunque la SCJN los exhibió y les corrigió la plana.

 

ESPACIO ES PODER

 

El  próximo domingo se realizará el quinto y penúltimo informe de labores del gobernante en turno, Javier Duarte de Ochoa y pese a las especulaciones sobre la cancelación de dicho evento para evitar abucheos e increpaciones finalmente sí se realizará en las instalaciones del Velódromo de Xalapa, un espacio relativamente pequeño y por lo tanto fácil de llenar y fácil de manejar el flujo —y perfil— de los asistentes. Lo que se buscará es evitar que al mismo  se “cuelen” inconformes que armen protestas al interior del recinto.

 

En los rituales políticos son importantes los espacios, pues con ellos también se proyectan imágenes de estabilidad, magnificencia, poderío, carisma y caudillismo. Algunos teóricos defienden la tesis de que “espacio es poder”. Si eres político todo espacio cuenta: donde vives, donde trabajas, donde te paras, qué sitios frecuentas y sobre todo, donde expones tu persona a la vista pública. Entonces, el lugar determina el tamaño, mismo que termina de construirse con la aceptación popular.

 

Así, realizar el penúltimo informe en ese recinto deportivo con capacidad para apenas 3 mil personas, también refleja los tamaños y la aceptación popular del informante. En los dos primeros años de su gestión, hay que recordar, los informes anuales se realizaron tanto en las instalaciones del WTC como en el Museo de Antropología —que no es más grande, pero sí un símbolo importante de proyección internacional—, pero la situación se complicó desde el 2013, cuando tuvo que trasladar ese evento a la fortaleza de San Juan de Ulúa, en el Puerto de Veracruz.

 

Esto porque la entidad  estaba en plena ebullición debido las protestas masivas de maestros que repudiaban la aprobación de la Reforma Educativa. En ese año, Duarte de Ochoa no pudo ingresar a Palacio de Gobierno durante varias semanas porque la capital del estado prácticamente estuvo sitiada por miles de profesores que lo querían linchar. El Mandatario despachaba en Casa Veracruz, en la Torre l519 de Boca del Río y en el WTC de la misma ciudad.

 

De ahí que la encerrona de su tercer informe se hizo en San Juan de Ulúa, con un ingreso complicado por tierra —una sola vía que es fácil de controlar por la Policía Estatal—, y las otras rutas eran por mar y aire. El gobernante y sus invitados especiales llegaron y se fueron en helicópteros para evitar cualquier posibilidad de estar cerca de la muchedumbre enardecida. Sin embargo, el peor año fue el 2014, cuando de plano se canceló el evento masivo por falta de dinero para costearlo y también por la irritación popular.

 

El pretexto fue la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero el fondo fue el miedo a que el pueblo furibundo estropeara el ritual. Uno de los síntomas de que eso habría sucedido se dio el mismo día de la inauguración de la justa deportiva en el estadio Luis El Pirata de la Fuente, de Boca del Río, el 14 de noviembre, pues el mandatario estatal fue abucheado largamente cuando su nombre fue mencionado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Lo que se temía sucedió y por eso no  hubo encerrona para el cuarto informe de Gobierno.

 

Este año se reanudará el ritual y el próximo domingo Xalapa será la sede y aún cuando habrá una vigilancia extrema para impedir manifestaciones de sus críticos, no lograrán revertir la mala imagen en la opinión pública. El Mandatario estatal llega muy desgastado al final de su quinto año, literalmente minado tanto económica como políticamente, al grado que la mayoría de los líderes de opinión, no sólo de la oposición sino también líderes empresariales, religiosos, académicos y activistas han descalificado a priori lo que informará.

 

Y si algo faltara, los legisladores de oposición, especialmente de Acción Nacional y de la Revolución Democrática han amagado con no asistir al Congreso local, donde Duarte de Ochoa o algún funcionario designado deberá entregar los legajos documentales del estado que guardan las cosas en la entidad. Por otro lado, los senadores priístas José Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa tampoco asistirían al evento masivo en el Velódromo xalapeño y se especula que emitirán posiciones contrarias y cuestionadoras del mensaje que hará el cordobés.

 

Hay quienes han propuesto que ambos senadores realicen una especie de “contra-informe”, un evento paralelo para desmentir al gobernante en turno, aunque se duda que ambos senadores acepten tal desafío. Ya se dijo, son demasiado timoratos como para marcar una distancia precisa y sin ambigüedades del actual Mandatario. Ya se verá el fin de semana hasta dónde escala el distanciamiento y la intención de mostrarse como verdaderos críticos e independientes del régimen actual.

 

UV BAJO ATAQUE

 

Finalmente la semana cierra con la polémica entre la Rectoría de la Universidad Veracruzana y el Gobierno estatal por la deuda que la Secretaría de Finanzas y Planeación tiene con la casa de estudios por aproximadamente 2 mil 300 millones de pesos. Ese pasivo ha provocado que la UV haya entrado en un período de crisis sin precedentes, al grado que se ha advertido que no tendrá fondos para pagar aguinaldos ni otras prestaciones de fin de año a su personal tanto académico como administrativo.

 

Aún con la tibieza que la caracteriza, la rectora Sara Ladrón de Guevara ha reclamado el pago —lo que revela la gravedad de la crisis financiera de la institución, pues la titular decidió dejar su posición de aliada cómoda de Palacio de Gobierno para asumir el papel de cobradora—, e incluso hace un par de días acudió al Senado de la República a pedir que se emita un exhorto al Gobierno estatal para que entregue los recursos. El encuentro entre la Rectora y los legisladores fue organizado por los senadores José Yunes Zorrilla y el panista Fernando Yunes Márquez.

 

Eso enfureció al ocupante de Palacio de Gobierno, quien el mismo día envió al director del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), a declarar que la UV adeuda más de 2 mil millones de pesos de cuotas, lo que es falso, pues el que retiene esas cuotas antes de pagar los sueldos es la propia Sefiplan, y entonces, acusar a la UV de ser deudora se les revirtió, pues quedó revelado que ellos mismos hicieron el desvío de los fondos retenidos al no transferirlos al IPE. Vaya, hasta para decir mentiras son malos estos tipos.

 

Pero más allá del intento mediático para hacer del asunto un jaloneo personal entre la rectora Ladrón de Guevara y el gobernante Javier Duarte,  el caso es grave por el daño que representa para la universidad. No es posible que una administración estatal se ocupe en descalificar y difamar a la institución que educa a los veracruzanos. Es inaceptable que también le retenga o le robe fondos monetarios cuando éstos tienen el objetivo de formar académicamente a las nuevas generaciones. Con todos sus defectos, la UV es uno de los patrimonios que tienen los veracruzanos y que deben ser defendidos. Hoy como nunca está siendo castigada porque el dinero que debía ser para sostenerla se lo han robado desde tiempos de la fidelidad.

 

Condenable también es el silencio del personal académico, de los sindicatos de trabajadores administrativos y de los estudiantes mismos ante tal conflicto. ¿Qué esperan los ochenta mil alumnos para salir a defender a la Alma Mater? Hoy es cuando la UV los necesita, porque hoy está bajo ataque, si bien hay una petición en la plataforma Change.org para exigir que se paguen los adeudos a la casa de estudios, eso es insuficiente, y sus efectos son dudosos ya que los gobernantes se pitorrean de los mismos. Entonces,  80 mil almas en las calles por supuesto que obligarán a los funcionarios estatales a devolver los dineros robados. Ya verán.