A México le han faltado reformas en áreas críticas para consolidar un Estado de derecho, pero también una economía pujante. Le ha faltado también un proyecto de futuro, un derrotero claro que articule estas iniciativas y les dé sentido. Esta administración prometía ofrecer esa visión inspiradora y además un mecanismo para construirla a partir de acuerdos políticos en torno a cambios legislativos puntuales, el llamado “Pacto por México”.
Conforme avanza la administración la expectativa de lo primero se desvanece. El liderazgo presidencial se ha autocontenido hasta colocarse en los cánones de sus predecesores. Al parecer, la administración ha tomado una decisión estratégica para hacer avanzar su agenda: asegurar las mayorías necesarias para la aprobación de las reformas. No busca convencer, simplemente aprobar. Por eso el sigilo, el hermetismo y la necesidad de la permanencia del Pacto. El Presidente optó por convocar a un grupo para impulsar una agenda, pero hasta el momento no ha convocado al ciudadano, y eso puede tener consecuencias ahora que estamos en la antesala de la discusión de dos reformas trascendentales para México, la energética y la fiscal. Reformas que pueden sellar la suerte de esta administración, pero también la del país.
Promover reformas en el sector energético mexicano ha sido objetivo de distintas administraciones. Y todos los intentos han resultado infructuosos, pero también en todos ello ha habido una venta muy pobre del proyecto y de su para qué. Los últimos presidentes mexicanos que impulsaron esta reforma pelearon su iniciativa en el terreno legislativo, pero ninguno en el foro público. Y así les fue.
El presidente Peña parece seguir el mismo camino. No hay un pronunciamiento público de su parte, no hay un proyecto que busque socializar para generar un ambiente favorable a su iniciativa. Desde que era candidato, buscaba gobernar con una mayoría legislativa, de ahí que intentara incluso modificar la llamada cláusula de gobernabilidad, bajar el umbral para que el partido con más votos obtuviera de manera automática mayoría en el Legislativo. Al no conseguirlo en las urnas ni en el ámbito legal, promovió un mecanismo alternativo para procesar su proyecto y asegurar su viabilidad: eso es el Pacto por México. Dicho instrumento ha sido efectivo para procesar la agenda compartida, pero infructuoso para convocar al ciudadano en el proceso y promover también un cambio cultural. Un cambio en nuestros asideros y nuestras perspectivas.
Desde mi punto de vista, esa es la fragilidad del Pacto y por tanto de la suerte de las reformas que están por presentarse. Es un instrumento que se atoró en un objetivo primario, lograr mayorías para la aprobación de reformas puntuales, pero no escaló para articular un proyecto de país que hiciera sentido y sumara a los mexicanos.
La reforma energética que está por discutirse es crucial para México. El país necesita de energía a precios competitivos para poder crecer y generar empleos. Sin este insumo la economía se para, como empieza a suceder. El mundo experimenta una revolución energética y nosotros seguimos atorados en un viejo paradigma en la organización del sector, pero también en el plano cultural. Transformar nuestro sector energético implica dar la batalla en los dos frentes, pero no parece haber iniciativa, estrategia o liderazgo para hacerlo.
Es muy probable que la ruta que se siga con la reforma en materia energética continue la de sus predecesoras en esta administración. Que al Legislativo se envíe una iniciativa previamente acordada entre los integrantes del Pacto y que al procesarse, buscando el consenso de grupo, se diluya en sus aspectos esenciales. De ser este el escenario perderemos por partida doble: por posponer la reforma necesaria que, a decir de expertos, implica una reforma constitucional que permita la inversión privada en el sector donde ahora está restringida y porque se marginó al ciudadano del proceso. Si éste resulta ser el curso de acción seguiremos inmersos en el mismo ciclo de reformas parciales y de frustraciones recurrentes.
La alternativa es ofrecer un para qué de esta reforma que tenga sentido para el mexicano, no sólo en un plano retórico sino también en el tangible. Implica una promesa futura de mejoría, pero también beneficios que pueden materializarse pronto. Si como se afirma, la reforma detonará el crecimiento y la generación de riqueza, que estos beneficios no tengan los destinatarios de siempre.
Para transformar al país se necesitan reformas como las que se discutirán las próximas semanas, pero también involucrar a los mexicanos en el proceso. No sólo como beneficiarios de las mismas sino también como participantes de un proyecto de país que podamos compartir. Suena retórico, pero los países que han logrado despegar lo han hecho de esta manera. Por qué nosotros no.
