La remuneración financiera por los servicios prestados – léase: el sueldo- debe ser proporcional a la calidad de éstos. Es una regla válida tanto para el servicio público como para la iniciativa privada pero que rara vez se cumple a cabalidad. Es más, hay casos que rayan la esquizofrenia como lo que sucede en el Ayuntamiento de Córdoba donde la situación se invierte: se paga mucho a servidores públicos poco calificados y extremadamente holgazanes.
Los Regidores y el Síndico se acaban de elevar su salario sin una justificación aceptable porque ni rinden buen servicio y ni siquiera tienen la formación profesional suficiente para valerlo. Aún así, desde el mes de marzo, según lo que ha documentado la prensa, los diez Regidores ya cobra 62 mil pesos al mes como salario, lo que significa que se aumentaron 15 mil pesos ya que antes ganaban 47 mil pesos mensuales.
Es menester decirlo: tal incremento no es ilegal pero sí inmoral. ¿Cómo es posible que del erario público se les pague más de 2 mil pesos diarios a los regidores cuando algunos ni siquiera se presentan a trabajar y otros se la pasan en los bares durante los horarios laborales? Es inmoral porque no se cumple la regla de dar un servicio profesional y hay algunos Regidores, como el panista Iván Espinoza Hermida, que a duras penas terminaron la educación primaria.
Los resultados de su desempeño ahí están a la vista: nulo trabajo en favor de la ciudadanía, dedicados a la grilla partidista y las francachelas en los antros. Entonces, ¿con qué cara solicitan un incremento salarial de 15 mil pesos? También es inmoral porque con esos 15 mil pesos que se aumentaron los diez regidores -150 mil pesos cargados a las arcas municipales cada mes- bien se podría pagar el salario de una veintena de policías para que se sumen al combate al crimen organizado, dotar a las escuelas públicas de mobiliario, entregar más de cien becas a niños de escasos recursos o costear medicamentos faltantes en las clínicas rurales del Ayuntamiento.
Lo que sucede en Córdoba echa por tierra las teorías de los estudiosos sobre el servicio público y la buena gobernanza, en especial los italianos que están más avanzados en cuestiones de administración municipal, que afirman que un buen salario atrae mejores políticos con los mejores perfiles y éstos dan resultados de excelencia para sus gobernados. El Ayuntamiento de Córdoba estropeó dicho postulado pues tiene regidores –y un Alcalde- con sueldo de ricos y su desempeño es miserable.
Por si fuera poco, cada regidor tiene para sus gastos personales un monto de 11mil pesos mensuales, es decir, el salario real no es de 62 mil pesos sino de 73 mil pesos, y a eso hay que sumarle que el síndico Luis Alberto García Hernández ya gana 71 mil 900 pesos sin contar con su mesada para gastos personales, lo que rebasaría los 82 mil pesos. Estos tipos no tienen vergüenza.
LA BRIGADA
Una noticia importante que, en cierta forma, representa un adelanto de lo que se tendrá que hacer en los próximos años y décadas en México, se dio el fin de semana en el municipio de Amatlán de los Reyes donde arribaron integrantes de la llamada primera Brigada Nacional de Búsqueda de Familiares Desaparecidos, mismos que se coordinarán con los colectivos veracruzanos que tienen el mismo objetivo y con personas que de manera independiente también están en búsqueda de sus seres queridos.
Los brigadistas estarán en territorio veracruzano hasta el 22 de abril con la encomienda de buscar directamente fosas clandestinas donde pudieran estar sepultados los restos de sus familiares que fueron víctimas de secuestros –”levantones” en el argot policiaco- por la delincuencia organizada o de desaparición forzada cometida por efectivos policiacos estatales o municipales. Incluso, ellos mismos se dicen dispuestos a excavar la tierra donde tienen informes de la existencia de inhumaciones clandestinas para localizar a sus familiares.
Para ello exhibieron los utensilios a utilizar: picos, palas, carretillas, botas, cuerdas, material de señalización, entre otros. No es asunto cualquiera sino más bien algo dramático porque revela tres cosas: Una, que la intervención directa de los familiares de esas personas desaparecidas, convertidos en buscadores de tumbas, se da ante la ineficiencia o la indiferencia de las autoridades estatales que deberían de ser las encargadas de realizar esa búsqueda, es especial la Fiscalía General del Estado.
Dos, lo hacen con la esperanza de localizar los restos de sus hijos, padres, esposos o hermanos desaparecidos ya no con vida sino al menos en las sepulturas clandestinas. Lo dijeron en su pronunciamiento ante la prensa, que quieren encontrarlos para darles sepultura y encenderles una veladora. Es decir, hay una aceptación velada de que sus familiares fueron privados de la vida y lo que ahora buscan es llegar a la etapa del duelo, y para que haya luto debe haber un cuerpo o por lo menos la evidencia de que están muertos.
La tercera lectura que se desprende es que a la desolación de esas personas por la pérdida y la incertidumbre de no saber si sus familiares están vivos o muertos, que se agranda con el desamparo oficial porque además de que al Gobierno Estatal evade su responsabilidad de buscar a los desaparecidos tampoco hay ni en Veracruz ni en el resto del país una estructura legal ni técnica para arropar el trabajo de estos activistas.
No hay una dependencia oficial que se coordine con los familiares para esta cruzada, tampoco hay laboratorios especializados que se encarguen de realizar los análisis de ADN y otros estudios especializados para identificar los restos –recuerden que tanto en el caso de los normalistas de Ayotzinapa como los jóvenes desaparecidos de Tierra Blanca se tuvo que recurrir a científicos argentinos y australianos- ni mucho menos personal forense suficiente para apoyar las tareas de recolección, clasificación y procesamiento de los restos hallados.
Vaya, ni siquiera hay cifras certeras sobre la cantidad de personas desaparecidas ya que se estima un sub-registro de tres a uno, es decir, por cada caso que se denuncia ante instancias ministeriales hay otras dos desapariciones que no llegan a documentarse y por ende, a contabilizarse. Es verdad, la desaparición forzada de personas es un fenómeno que se disparó en el país en la última década, pero el Gobierno sigue sin reaccionar ante la magnitud de la tragedia y ha omitido la generación de los recursos necesarios para atender y ayudar a la búsqueda de los ausentes.
En Argentina por ejemplo, la ola de desapariciones de personas perpetrada por la dictadura militar de 1976 a 1983 –ocho mil personas fueron desaparecidas según los militares, 30 mil de acuerdo a las organizaciones civiles- obligó a generar instituciones especializadas para identificar a los restos hallados posteriormente. De ahí que ese país tenga a los mejores peritos y laboratorios encargados de estudios de ADN, cuyos servicios hoy son requeridos en todo el mundo.
En esa misma nación, una vez concluida la Junta Militar se procedió a instalar una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) que desplegó todo un esquema para documentar caso por caso e impulsar su búsqueda. En México pese a que van diez años de la “guerra contra el narcotráfico” que ha bañado al país de sangre y lo ha llenado de fosas clandestinas, no se ha avanzado en esos esquemas que son urgentes, y serán requeridos en las próximas décadas cuando se continúen buscando a los desaparecidos. La tarea es a largo plazo, durará muchos años.
Por cierto, en Argentina la búsqueda de personas desaparecidas durante la dictadura militar la catapultaron las Madres de la Plaza de Mayo que buscaban a sus hijos desaparecidos y que posteriormente mutaron a una organización hermana, Abuelas de la Plaza de Mayo, que se dedicó a rastrear a sus nietos que nacieron durante la detención de sus hijas o nueras y fueron apropiados por los militares para darlos en adopción en forma clandestina a familias afines al régimen castrense.
Salvadas las distancias y los contextos, lo que realizan en México los familiares de las personas desaparecidas, especialmente los de la brigada que está ahora en Veracruz, es un acto similar al de las Madres de la Plaza de Mayo. Es la reacción de las madres y padres que no se resignan a perder a sus hijos en la nada, que buscan saber la verdad sobre lo que les sucedió. Están en búsqueda con la esperanza de hallarlos con vida, claro, pero también con el afán de encontrar al menos sus restos y tener así la certitud de cuál fue su destino.
Ellos se cansaron de marchar, de instalar protestas en las plazas públicas y de exigir –y esperar- que las autoridades hagan su trabajo, y literalmente agarran la pala y el pico para ir a cavar la tierra en búsqueda de los suyos. Un bosquejo tan dramático que retrata la tragedia que vive Veracruz, el quinto lugar nacional en número de desaparecidos, y que registra una corrupción tremenda en sus instancias policiacas y de impartición de justicia, al grado de que éstas se han convertido en cómplices por inacción y colaboradoras abiertas del crimen organizado.
Con lo anterior como antecedente, en Veracruz está en marcha la primera gran experiencia de una búsqueda colectiva de personas desaparecidas, con apoyo de organizaciones similares provenientes de Baja California, Coahuila, Guerrero, Sinaloa y Chihuahua, aunque sea incipiente y a cuenta gotas, de la federación que aporta los conocimientos de algunos peritos forenses y agentes ministeriales para documentar y procesar los hallazgos. Del Gobierno Estatal no reciben ni siquiera el saludo.
Es importante destacar el lugar donde arrancó esa primera búsqueda colectiva de desaparecidos: el municipio de Amatlán de los Reyes, emblemático porque tiene al menos 15 personas desaparecidas y porque en la parroquia de los Santos Reyes fueron recibidos los Brigadistas y alentados por el sacerdote, Julián Verónica, uno de los pocos pastores genuinos que tienen los católicos, quien bendijo las palas y los picos que horadarán la tierra con la esperanza de localizar a las personas que fueron víctimas del horror que se vive en la entidad.
