El llamado haber de retiro de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desató una oleada de críticas y abrió una intensa polémica, sin duda sanas, cuyos resultados, sin embargo, pueden ser limitados y poco relevantes si no trascienden el caso específico, pues se trata de un asunto que involucra a muchas instituciones públicas. El problema de fondo radica en la opacidad, ambigüedad, discrecionalidad e inequidad que han imperado en materia de sueldos, retiros y pensiones de los altos funcionarios, así como en la falta de principios y criterios generales que, sin ignorar la singularidad de cada función, garanticen racionalidad, transparencia y equilibrio.
En los últimos años, en virtud de la legislación en materia de acceso a la información gubernamental y de los esfuerzos por normar y acotar las decisiones relativas a sueldos y prestaciones de los servidores públicos, se han registrado algunos avances significativos, pero desde luego insuficientes, para cumplir los estándares democráticos de rendición de cuentas y austeridad. Es evidente que las más altas responsabilidades públicas requieren funcionarios calificados y dedicados, para lo cual es necesario ofrecer sueldos competitivos y condiciones de seguridad que propicien calidad en su desempeño. Pero los sueldos y las prestaciones no deben estar por encima de la vocación de servicio como la principal motivación de los servidores públicos. Si alguien quiere ganar mucho dinero, tiene la opción del sector privado. Es perfectamente legítimo. Quien quiera, en cambio, ganar mucho dinero trabajando en el gobierno, sufre un serio problema de orientación y valores profesionales.
La justificación de los sueldos y condiciones de retiro desorbitados para los altos funcionarios en México suele fincarse en dos argumentos: la disuasión de la corrupción y la garantía de independencia en el cumplimiento de sus responsabilidades. Ninguno se sostiene en los hechos. Los grandes sueldos no han acabado con la corrupción ni han sido garantía de autonomía en quienes no tienen principios ni vocación de servicio.
Por ello fue un despropósito promover el haber de retiro para los magistrados electorales. Pero carece de objetividad y justicia concentrar y reducir la crítica en ellos. Son muchos los exfuncionarios que, sin haber obtenido la jubilación tras una carrera en el servicio público, gozan del injustificado privilegio de grandes sueldos vitalicios, y esto ocurre lo mismo en el ámbito de las administraciones públicas y los poderes judiciales, que en instituciones académicas, empezando por la UNAM, o en el sector financiero. Por eso hay que hablar, cualquiera que sea su denominación o el eufemismo de moda, de los haberes de retiro, en plural.
*Socio Consultor de Consultiva
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