Por: Andrés Timoteo / columnista
Hay personas que pierden el pudor y también hacen perdediza la memoria cuando les conviene. Tal es el caso de los empresarios cordobeses José Antonio Mansur Galán y su hijo, José Antonio Mansur Beltrán, copropietarios del equipo de béisbol “Los Rojos del Águila”, al que pretenden llevarse a Nuevo Laredo, Tamaulipas donde -según lo anunciaron- cambiaría su nombre al de “Tecolotes de los Dos Laredos”.
Con ese anuncio, los cordobeses quisieron dar un golpe mediático sobre la mesa, amagando con dejar a Veracruz sin un equipo del llamado “deporte de la pelota caliente” en obvia revancha hacia el Gobierno en turno, que no es emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y que además los tiene contra las cuerdas, pues los investiga judicialmente, en especial a Mansur Beltrán, quien es amigo personal y cómplice del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, hoy preso en el Reclusorio Norte.
Ya ha sido muy documentado que José Antonio Mansur Beltrán, quien además fue un tiempo subsecretario de Finanzas en el Gobierno duartista, está involucrado en la expoliación de dinero estatal para comprar 16 residencias en el condado Woodlands de Texas, Estados Unidos, además de que se le involucra en el flujo de recursos públicos por medio de las llamadas empresas ‘fantasma’. Es decir, el tipo es todo un estuche de monerías.
Lo anterior ha generado que no sólo la Fiscalía estatal los tenga bajo investigación sino también el Gobierno Federal, pues el Sistema de Administración Tributaria (SAT) tiene abierta una investigación por el caso de las empresas ‘fantasma’. El trasfondo en el asunto de que el equipo de béisbol cambie de sede es que los Mansur quieren huir de la entidad por dos razones: una, para tratar de evadir un castigo judicial por los delitos cometidos con la red de corrupción de Duarte de Ochoa y la segunda, porque se les acabó el subsidio estatal con la llegada de un nuevo Gobierno.
Como se decía al inicio, a esos cordobeses se les olvida el pudor y pierden la memoria. Los Mansur Galán y Mansur Beltrán no son dueños absolutos del equipo de béisbol sino en realidad son copropietarios, ya que en el año 2005, durante el Gobierno del innombrable, ambos recibieron 20 millones de pesos de las arcas estatales para que la Administración estatal se convirtiera en socia de la empresa “Rojos del Águila de Veracruz”, según consta en el decreto número 158 del 24 de agosto de ese año.
En el mismo documento se especifica que las acciones compradas con la mitad de esa inversión, 10 millones de pesos, pasarían a ser propiedad de tres ayuntamientos donde el equipo de béisbol tiene afición: Veracruz, Boca del Río y Córdoba. Es decir, no sólo el Gobierno del Estado es dueño en parte de los Rojos del Águila sino también esas tres comunas. ¿El alcalde panista Tomás Ríos saldrá a defender la propiedad de los cordobeses en ese equipo o se quedará -como siempre- callado ante el pillaje? Hasta el momento, Ríos Bernal no ha dicho nada en torno al intento de despojo que la familia Mansur quiere hacer al municipio.
Por cierto, también es necesario que se investigue el paradero no sólo de esos 20 millones que el Gobierno del innombrable le dio a los empresarios cordobeses hace doce años, sino también los subsidios al deporte profesional que anualmente se entregaban para ese equipo de béisbol, los cuales fueron a parar a una empresa particular de nombre Mansur Sport, SA, o sea que esos vivillos manejaron el dinero público como si fuera suyo. Vaya que salieron mano-larga esos cordobeses, quienes de “águilas” se convirtieron en “buitres”.
SOTANAS LEGISLANDO
Ayer la Iglesia Católica y los grupos ultraconservadores de la entidad -algunos con rasgos claramente fascistas- se anotaron un triunfo -engarzado, claro, a las amenazas que previamente lanzaron los ministros religiosos para cobrar venganza en el año electoral que se avecina- pues la mayoría panista en el Congreso Local, apoyada por sus aliados -los electorales y los ‘comprados’ recientemente- desecharon la propuesta para despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
La batalla de los ensotanados contra las mujeres que reclaman el derecho a decidir sobre su cuerpo se mantuvo durante muchos meses, alcanzando matices de intolerancia y una puntual agresividad verbal. Por ejemplo, en la víspera, el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, Juan Manuel Suazo Reyes, tildó a la diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Tanya Carola Viveros, autora de la iniciativa legal, como “atea y abortera”.
Semanas antes, por medio de organizaciones civiles allegadas a la Iglesia Católica, difundieron epítetos contra Morena, al llamarlo “un partido de asesinos de niños” y comparaban a sus líderes y militantes -principalmente a los diputados que apoyan la despenalización del aborto- como los ‘Herodes actuales’ porque buscan ‘derramar la sangre de los inocentes”.
Pero la presión de la jerarquía religiosa no se centró en el Partido que dio origen a esa iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, sino que apuntó hacia un blanco más certero y que aparentemente le dio resultado: a la Administración estatal. A mediados del mes de agosto, el propio Suazo Reyes salió ante los medios de comunicación para descalificar a la gubernatura en turno, principalmente en el tema de la Seguridad Pública.
Como nunca lo hizo durante el sexenio del innombrable ni el de Javier Duarte, la Arquidiócesis de Xalapa hasta emitió comunicados formales descalificando al gobernante en turno. Es decir, se subió al barco de todos los detractores rojos, añorantes de la fidelidad, que usan el tema no como denuncia legítima o preocupación social sino para sacar algún tipo de beneficio con tal alharaca, y a diferencia de los otros quejosos, a los religiosos sí les resultó la porrada y doblegaron a la Administración estatal.
Por eso la fracción panista en el Congreso Local operó para desechar la iniciativa de reforma legal, bajo el argumento de que la Constitución local “protege la vida desde el inicio hasta el final”. Un argumento leonino y sobre todo contradictorio -hay que hacer memoria- porque la colocación de esa frase en la constitución local fue iniciativa del innombrable, el mismo que le entregó el Estado al crimen organizado, que no respeta la vida ni de los niños ni de las embarazadas ni la de nadie. Y de eso no hablan los ensotanados, por supuesto.
Es obvio que la actuación del Gobierno estatal y de los panistas en la Legislatura tiene detrás el miedo de que la Iglesia Católica se pueda convertir en un enemigo electoral. Que los ministros llamen desde el púlpito a votar por otros partidos en los comicios del 2018. Por esa razón, ayer los reaccionarios y ultraconservadores se llevaron la victoria en esa refriega contra los progresistas. Y las sotanas legislaron en lugar de los que fueron elegidos en las urnas como representantes populares. Vaya caso.
EL COCHINERO
No obstante, tampoco el caso de causar estupor, porque ambos poderes, el Gobierno y la Iglesia, siempre han ido en mancuerna. Tampoco debe extrañar lo sucedido en el Congreso Local, que está convertido en un fárrago tras la necedad de sostener al analfabeta Sergio Hernández como presidente de la Junta de Coordinación Política, rompiendo los acuerdos que habían hecho al inicio de la Legislatura para turnar el liderazgo con otras fuerzas políticas.
El diputado Hernández está convertido en un coordinador espurio porque forzó las reglas y “compró” legisladores para engrosar las filas de su bancada -sin importar la mala fama que tienen- a fin de sostenerse en el cargo. Algunos podrían decir que eso es una estrategia extrema, pero efectiva para que al Gobierno del Estado le faciliten la aprobación de proyectos en el año restante, pero no es tal. Es indigna políticamente y además contaminante.
El Gobernador en turno no necesita de esos sainetes ni que sus proyectos sean embarrados por el desaseo que hay en el Poder Legislativo local. Le hubiera valido más permitir que Morena asumiera parte del control parlamentario y demostrar que se puede gobernar en la pluralidad.
Hay que recordar que el poder desestabiliza a los hombres inteligentes, pero a los ignorantes los enloquece, y eso sucede con el insano Sergio Hernández, encargado de que la presente Legislatura pase a la historia como peor que las últimas en las que dominó el PRI. Hay que aprender de la historia: no se le debe dar poder a los analfabetas porque las consecuencias suelen ser nefastas, y mírenlas: el Congreso Local es un cochinero -sí, donde hay cochinos-.
