AGENCIA
San Cristóbal de las Casas.- La Iglesia Católica de San Cristóbal de las Casas denunció este viernes que las 11 personas asesinadas el pasado domingo en un municipio fronterizo con Guatemala eran civiles que se resistían a trabajar para cárteles del narcotráfico. Entre las víctimas se encontraba un menor de edad.
En su comunicado, la Iglesia afirmó que el estado de Chiapas, con una población mayoritariamente indígena, está siendo devastado por la violencia generada por el control territorial y el interés de grupos criminales en la explotación minera. Estos grupos han operado con total impunidad.
Desde hace tres años, los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación mantienen una pugna por el control de las rutas de tráfico de migrantes, drogas y armas procedentes de Centroamérica, que atraviesan esta zona hacia Estados Unidos. Durante este tiempo, miles de personas han sido desplazadas y la sociedad ha sufrido un acoso constante, según denuncias de organizaciones civiles locales.
Las víctimas, seis hombres y cinco mujeres, fueron asesinadas de manera cruel y despiadada en sus hogares en el municipio de Chicomuselo. Siete de ellos pertenecían a la misma familia, cuya casa fue incendiada. Dos de las mujeres fueron encontradas calcinadas.
“Estas mujeres y hombres se resistían a dejar sus hogares a pesar de la violencia, amenazas y hostigamiento de los grupos criminales para que se unieran a sus filas”, afirmó la Iglesia en su comunicado.
La fiscalía de Chiapas informó sobre las muertes el martes, pero sin dar detalles de lo ocurrido, sugiriendo que fueron consecuencia de enfrentamientos entre grupos criminales.
Aunque la Iglesia no especificó qué minas pretendían explotar los cárteles, acusaciones similares han surgido en otros puntos de México. En 2013, las autoridades de Michoacán reconocieron que el cártel de los Caballeros Templarios controlaba la minería de hierro en el estado, exportando el mineral a China como una de sus principales fuentes de ingresos.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha expresado su preocupación por la violencia en esta región fronteriza, pero ha minimizado su extensión, afirmando que está localizada en un sector específico del límite con Guatemala. Sin embargo, la Iglesia católica exigió justicia y criticó la falta de acción de las autoridades, a pesar de la presencia del Ejército, Guardia Nacional y policía estatal.
El gobierno informó que hay unos 30 mil elementos de las fuerzas de seguridad en el estado y que podría reforzarse su presencia.
Además, Chiapas fue escenario el jueves del asesinato de una candidata a alcaldesa y otras cinco personas. Otro candidato a regidor fue hallado muerto junto a su esposa en Acapulco. Con estos asesinatos, ya son 21 los candidatos y aspirantes asesinados desde febrero en medio del proceso para las elecciones generales del 2 de junio, que se perfilan como una de las más violentas de la historia reciente.
Los cuerpos de Aníbal Zúñiga, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía del municipio de Coyuca de Benítez, y su esposa Rubí Bravo, fueron hallados el jueves en una calle de Acapulco, informó la fiscalía de Guerrero. El PRI exigió a las autoridades esclarecer el incidente y expresó que “no pueden quedar impunes hechos tan lamentables que continúan enluteciendo a nuestro país”.
En Chiapas, Lucero López Maza, candidata a alcaldesa del municipio La Concordia por el Partido Popular Chiapaneco, murió en un enfrentamiento armado durante un acto de campaña en la colonia Independencia de esa localidad.
La situación en Chiapas refleja una alarmante mezcla de violencia criminal y electoral, con una sociedad atrapada en medio de conflictos que parecen no tener fin. La Iglesia y la comunidad exigen justicia y acción efectiva para poner fin a esta “ola” de terror.
