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Liberan a ex fiscal del caso Ayotzinapa; Jueza corrupta modifica medida cautelar

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AGENCIA

CDMX.- Una jueza federal ha modificado la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta a la ex agente del Ministerio Público Federal, Blanca Alicia Bernal Castilla, quien dejará el penal femenil de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México.

Bernal Castilla enfrenta un proceso por los presuntos delitos de desaparición forzada de personas, tortura y contra la administración de la justicia, derivados del caso Ayotzinapa. 

Funcionarios judiciales señalaron que ayer se celebró una audiencia en la que Alejandra Domínguez Santos, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente, resolvió modificar la medida cautelar, tras declarar fundados los argumentos de la defensa, en el sentido de que no existe riesgo de fuga.

A SU CASITA

CON BRAZALETE

Por tal razón, la ex funcionaria, que estaba adscrita al área antisecuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), abandonará el penal femenil una vez que cumpla con los requisitos impuestos, entre ellos, la colocación de un brazalete electrónico, la prohibición de salir de la Ciudad de México y la obligación de presentarse a firmar cada mes ante la Unidad de Medidas Cautelares.

En este caso, la FGR busca una sentencia de 60 años de cárcel para la ex agente ministerial. 

En septiembre de 2020, Bernal Castilla fue vinculada a proceso y también se le atribuyó el delito de falsificación de documentos agravados.

El asunto guarda relación con la diligencia del 28 de octubre de 2014, cuando Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), trasladó al presunto asesino Agustín García Reyes, “El Chereje”, al Río San Juan, en Cocula, Guerrero. 

Bernal Castilla supuestamente firmó un oficio donde autorizó a la Policía Federal Ministerial (PFM) terminar con la custodia del probable asesino para llevar a cabo una diligencia en la mencionada localidad. 

SE LE IMPUTA

Sin embargo, la FGR responsabiliza a la ex servidora pública por no encabezar dicha diligencia, ya que se encontraba en la Ciudad de México. También se le imputa la tortura a “El Chereje”, ya que dictámenes médicos revelan las lesiones que presentaba cuando fue puesto a disposición de la PFM.

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