ALTAMIRANO, CHIAPAS – Quince indígenas del municipio de Altamirano, Chiapas, han sido liberados tras un incidente que ha conmocionado a la región. Los pueblos originarios denunciaron que un grupo criminal secuestró a un total de 50 personas, incluyendo a Rogelio Hernández, el representante de la comunidad.
Los hechos tuvieron lugar el 10 de octubre en la carretera Chanal-Altamirano, cerca de la comunidad Yaalcuk en el municipio de Huixtan. Según el testimonio de una de las víctimas, quien pidió no revelar su nombre por razones de seguridad, un grupo de hombres armados, encapuchados, vestidos con uniformes militares y chalecos negros, interceptaron a 132 pobladores que regresaban de Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, tras mantener reuniones con autoridades y legisladores locales en un intento de resolver los conflictos que afectan a la región.
Las personas secuestradas fueron forzadas a bajar de sus vehículos bajo amenazas y golpes. Los representantes de las comunidades sufrieron un trato particularmente violento. Las víctimas fueron divididas en dos grupos y mantenidas con los ojos vendados con cinta canela. Posteriormente, algunas personas fueron liberadas en la madrugada y subidas a camionetas.
Los pobladores indígenas han estado bloqueando carreteras como parte de su protesta contra los grupos criminales que exigen su cooperación. Alfonsina Guzmán, cuyo esposo Jacinto, de 68 años, está entre los secuestrados, expresa su preocupación y espera ansiosamente su regreso. Jacinto padece diabetes y anemia, lo que aumenta la inquietud sobre su salud.
La situación ha llevado a que unas 20 personas presenten denuncias ante la Fiscalía General del Estado, que ha iniciado investigaciones a través de la Fiscalía de Justicia Indígena para identificar a los responsables de los posibles delitos de “retención de particulares” ocurridos el 10 de octubre.
Este incidente se suma a una creciente ola de violencia y conflicto armado que se ha desencadenado en Chiapas, y que ha sido descrita por los pueblos originarios como un “clima de guerra civil.” Los enfrentamientos han dado lugar a homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, particularmente en comunidades indígenas relacionadas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
La violencia se ha intensificado después de que, en septiembre, habitantes de Frontera Comalapa, en la frontera con Guatemala, denunciaran el abandono del Estado tras la llegada de un grupo vinculado al Cártel de Sinaloa.
Este conflicto político y social ha tenido un fuerte impacto en la economía local, interrumpiendo las actividades de pequeñas empresas y provocando el cierre de servicios bancarios. Más de 3,000 estudiantes de diferentes niveles educativos han visto sus clases interrumpidas, y para salir del pueblo, se requiere un salvoconducto. La situación continúa siendo motivo de preocupación en la región.
