He tenido desconfianza sobre Enrique Peña Nieto. La manera en que construyó su candidatura chocaba con los requerimientos de una democracia muy frágil. La forma en que se hace política en el Estado de México —y que pude constatar en las últimas elecciones de gobernador— es una expresión acabada de manejo autoritario y clientelar. Su propuesta para favorecer al presidencialismo, por medio de una sobrerrepresentación artificial, regresaba el reloj de los cambios necesarios al régimen político. A pesar de esa desconfianza que mantendré hasta que no tenga pruebas contundentes y sistemáticas en contra, debo reconocer con objetividad que, con la publicación de la Ley General de Víctimas, su gobierno abre una posibilidad de avanzar en la pacificación y la reconciliación. Es un primer paso; pero uno que lo compromete. Bien que se escuche y dé importancia a un movimiento auténtico como el de Javier Sicilia. Bien que haya un cambio en el discurso de seguridad. Bien que se abra la puerta para revisar el tema más espinoso y doloroso de nuestra convivencia: el de esclarecer lo ocurrido y buscar dar una respuesta, así sea, mínima a quienes han sufrido.
Lo importante es que se dio el paso. Me importa más el símbolo que las razones que lo llevaron a hacerlo o que los obstáculos para su aplicación. Si lo hizo por oportunismo, no importa; lo hizo. Si faltan por definirse asuntos importantes para hacer posible su aplicación, estas deficiencias se podrán resolver sin mayor dificultad a partir de la voluntad del Ejecutivo de hacerlo y del Congreso de respaldarlo. Mucho se ha insistido en el tema presupuestario, o en el de la organización, o en el de la corresponsabilidad de las autoridades locales. Con franqueza, todos esos argumentos suenan más a pretextos que a obstáculos reales. Quien conoce cómo se manejan los presupuestos y el gobierno, sabe que si hay determinación habrá solución inmediata.
Más importante es la atención al entorno social e institucional en el que se aplicará la ley. No deja de ser un problema serio que quienes son vistos como parcialmente responsables de ese estado de cosas vayan a ser quienes atiendan y resuelvan los problemas de las víctimas. Esa parte de la instrumentación de la ley es la más compleja. Habrá que estar prevenidos.
Pero el problema de fondo es ahora qué se va a hacer diferente, para reducir lo más pronto posible el número de futuras víctimas. ¿Qué se necesita para pacificar a México, para reducir la violencia y la inseguridad? Eso, que es lo principal, falta. No lo resuelve la publicación de la ley ni su razonable instrumentación. No lo resuelve el Pacto por México. Exige definiciones políticas de gran calado y construcción de acuerdos y consensos más amplios.
Habrá que abordar temas no resueltos, pero que son impostergables. ¿Cuál es la política de prevención que esté a la altura del problema actual? ¿Qué se va a hacer ante las múltiples recomendaciones no atendidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cómo regresar la situación actual al Estado constitucional? ¿Qué decisiones son necesarias para resguardar el prestigio del Ejército y la Armada? ¿Cuáles son las decisiones clave para avanzar en la reforma del federalismo para democratizar el poder, fortalecer la autoridad y la rendición de cuentas? ¿Cómo se va a reconstruir el Ministerio Público para hacerlo una institución confiable, competente y honesta? ¿Cuál va a ser la política para convenir con organizaciones y comunidades que se oponen a proyectos e infraestructuras de carácter regional? ¿Qué trato se va dar a los inconformes que en distintos momentos y circunstancias harán sentir su presencia?
Falta mucho para constatar el carácter humanitario y democrático del gobierno. Falta una definición a fondo de cómo pacificar al país y de cómo reformar sus instituciones políticas para la democracia. Aun así, el gesto de la publicación de la ley de víctimas se ve bien y está bien.
Senador por el PRD
