Córdoba.- Ocho familias de campesinos que habitan en un predio ubicado en la comunidad de San Isidro Palotal estuvieron a punto de ser desalojados con violencia, por elementos de la Secretaria de Seguridad Pública, quienes acudieron acompañando al personal del Juzgado XII de Distrito, al contar con una orden de desalojo, debido a que las personas que habitan en dicho lugar mantienen un adeudo por más de tres millones pesos.
Los hechos se registraron aproximadamente a las 16:00 horas del pasado día 5 cuando personal del Juzgado XII de Distrito, acompañado de elementos de la SSP, llegaron a la comunidad de San Isidro Palotal con la finalidad de cumplir una orden de desalojo en un predio en donde habitan ocho familias dedicadas a las labores del campo.
Ante tal situación, habitantes de dicha comunidad, al ser alertados de que ocho familias muy conocidas serían lanzadas a la calle, se apersonaron junto a la capilla con la finalidad de impedir que se llevara acabo dicho desalojo.
De acuerdo a informes obtenidos, se conoció que dicho problema legal deriva desde hace 15 años tras un préstamo que solicitó el señor Antonio Beltrán Rivera, dueño de dicho terreno, al señor Carmelo Trujillo, aparentemente por la cantidad de cuatro millones de pesos desde el año 2000, por un préstamo que le hizo y que no le ha pagado.
Sin embargo, Carolina Pulido, la esposa del afectado, afirma que no hubo tal préstamo y que la firma del documento que muestra el reclamante es completamente falsa.
Al calentarse los ánimos, llegó el sacerdote de la comunidad de San Rafael Calería, Isaac Morales Montiel, el cual brindó ayuda a los afectados y posteriormente entabló un dialogó con el abogado que representa al actual dueño de dicho predio, quien resultó ser el empresario cordobés, Gustavo López García, quien es dueño de la pastelería Tahona y que en el trienio de Paco Portilla fue regidor primero.
Hay que mencionar que en dicho caso, hubo seis abogados que estuvieron llevando el asunto, sin embargo, sólo vieron por su beneficio y presuntamente nunca ayudaron a sus clientes al grado de que en el mes de noviembre del 2014 se venciera el amparo en donde el Juzgado XII dispuso de fianza la cantidad de 700 mil pesos.
Durante el intento de desalojó presuntamente elementos Estatales, les robaron dinero a la dueña de la vivienda antes mencionada, cuya cantidad no fue dada
a conocer. Ante esta situación, el abogado que lleva el caso de la familia Beltrán Pulido, mencionó que sus clientes deben ampararse en contra de los actos del juzgado, dándose por enterados y solicitar que se deje “sin efecto todo el juicio, ya que nunca fueron llamados ni vencidos en juicio, y lo único que procede en este caso será el juicio de amparo en donde protejan sus derechos humanos”, expresó.
Redacción
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