Por: Andrés Timoteo / columnista
LEGISLAZO
Lo intentaron dos veces y no pudieron con la mayoría calificada que requería al menos 34 de los 50 votos parlamentarios, pero ayer sí lo lograron en un escenario minoritario y controlado: la diputación permanente que está vigente y que tiene a veinte legisladores, la mayoría del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). De esta forma, al viejo estilo del ‘manotazo’ priista, fue destituido “temporalmente” el fiscal Jorge Winckler.
Fue una decisión polémica y que seguramente terminará recurrida en los tribunales por varias cosas. Las principales son la provisionalidad que le dieron a la remoción, también porque no hubo derecho de audiencia y porque el Poder Legislativo habría invadido facultades del Judicial. Esto sin considerar que la diputación permanente no puede erigirse en asamblea decisoria en un tema que requiere desahogarse en sesión plenaria.
La ley establece que el pleno del Congreso Local deber ser el que decida la viabilidad de una destitución y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia los que emitan el veredicto definitivo para remover al titular de la Fiscalía General del estado. Es cierto, también se contempla la destitución de funcionarios ligados a la impartición de justicia, pero a diferencia de agentes ministeriales, peritos o policías, el fiscal general se nombra con una votación legislativa en pleno y ese mismo pleno debe ser la instancia que modifique su estadía a través de un proceso de varias etapas.
Mientras se desahogan las controversias que se interpondrán, el Gobierno estatal ya se deshizo “provisionalmente” del enemigo principal que los trajo ocupado durante nueve meses. El argumento putilla fue que, en julio el oaxaqueño Winckler debió someterse a la evaluación y certificación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)
La legislación establece que cada tres años debe realizarse esta certificación de todos los funcionarios ligados a temas de seguridad y la impartición de justicia. Winckler Ortiz fue nombrado en diciembre del 2016 y en julio pasado debió iniciar los trámites para revalidar su certificación en el SNSP. Teóricamente el plazo para que se considere que cuenta o no con una evaluación positiva sería en diciembre venidero.
No se esperaron a ello e hicieron una remoción ‘fast track’ que fue acompañada con la designación de la directora del departamento jurídico de la Secretaría de Gobierno, Verónica Hernández Giadans, como encargada de despacho de la Fiscalía General, es decir, el secretario Patrocinio Cisneros ¡impartirá justicia a los veracruzanos! -la ignorancia es atrevida, ya se dijo-.
“Haiga sido como haiga sido” -como lo dijo en su momento el panista Felipe Calderón-, el otatiteco se sacó la espina e hizo válido ese compromiso de “me canso ganso que se va el fiscal”. Lo que se dirima en los tribunales le será de beneficio o le sumará una pifia más, lo mimo que a los diputados de Morena que se aventuraron en el legislazo.
EL DEBIDO SAINETE
Además del nombramiento de Hernández Giadans al frente de la Fiscalía General, se enviaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a tomar el edificio sede que se localiza en la avenida Arco Sur para impedir el ingreso al mismo Fiscal – ¿lo desalojaron? – o de algunos diputados panistas que llegaron hasta allí. Dulce venganza del secretario Hugo Gutiérrez hacia el ahora destituido Fiscal que tanto lo trastabilló.
Los legisladores azules hicieron lo que algunos saben muy bien, el sainete. Gritaron, manotearon y trataron de interrumpir la sesión de la diputación permanente y luego se jalonearon con los policías frente a las oficinas de la Fiscalía. ¿Había necesidad de eso ante lo obvio? Para nada, si se tienen los instrumentos legales para combatir la polémica decisión debieron guardar las formas.
El vodevil se sazona con la versión de que el propio coordinador de ellos, el analfabeta Sergio Hernández, firmó el acuerdo en la Junta de Coordinación Política para destituir al oaxaqueño y nombrar a la personera de Cisneros Burgos como encargada provisional de la procuración de justicia. ¿Remoción pactada?
Analizando la retrospectiva, los legisladores panistas y el mismo Winckler Ortiz no deben decirse sorprendidos porque desde febrero pasado cuando fallaron los dos procesos de juicio político, los derrotados anunciaron que después de julio se retomaría el tema de la remoción en base a la certificación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La semana pasada, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Javier Gómez Cazarín anticipó que en el transcurso de ésta irían con el tercer intento.
Días antes, el propio gobernante en turno, Cuitláhuac García también lo anunció. Es decir, fue una maniobra cantada desde antes. De la parte del Ejecutivo estatal, el legislazo contra el Fiscal confirma lo etéreo de sus compromisos, pues había pregonado una tregua y la coordinación institucional con Winckler Ortiz, pero al día siguiente de aceptarlo nuevamente en la mesa de la Coordinación para la Construcción de la Paz lo manda a destituir.
Y lo hace con un proceso con demasiada tela para la controversia constitucional y la diatriba mediática. Es todo un espectáculo. Tal vez no se cumplió con el debido proceso, pero si con el debido sainete, de unos y de otros.
