Tratados como si fueran personas de segunda categoría, tamizados a la vista del alcalde de Orizaba, Juan Manuel Diez, como personas indeseables en su ciudad declarada -irónicamente- como Pueblo Mágico y abandonados -como ellos mismos se dicen- por quien debería representarlos, la presidenta municipal de Ixhuatlancillo, Cinthia Montalvo Pérez, los pobladores de esa localidad están dando una lección de resistencia ante la embestida que va más allá de un señalamiento por vender “ilegalmente” su mercancía en las calles orizabeñas.
No, esto es cuestión de odio racial y desprecio económico arraigado en quienes ostentan el poder. A los vendedores ambulantes de Ixhuatlancillo se les persigue y violenta porque tienen algo que molesta a los poderosos: son indígenas, por ende, no tienen derechos, ni siquiera el de tratar de ganarse la vida expendiendo sus productos. Por ello, los pobladores de Ixhua-tlancillo decidieron dar un escarmiento cerrando las válvulas de la planta abastecedora de agua potable a Orizaba.
Lo anterior tras la represión policiaca sufrida el fin de semana y que no hubo operatividad política para solucionar el conflicto, bajo el entendido de que a los indígenas y a los pobres se les ordena, impone y castiga, y nunca se negocia con ellos -idea colonial que ronda en la mente y formación de personas como Diez Francos, admirador, por cierto, del exterminador de indios Porfirio Díaz, al quien le levantó un monumento-.
El acto fue drástico pues afectó unos 20 mil usuarios, pero efectivo ya que puso en aprietos al Ayuntamiento orizabeño. Y obvio, obligó al reticente Diez Francos a sentarse a negociar, lo que es todo un insulto para su investidura de conquistador ibérico, comentaban divertidos algunos colaboradores de palacio municipal en La Pluviosilla, consultados sobre el asunto. “El emperador humillado al rebajarse a dialogar con indígenas”, se reían del edil. Pero aún avergonzado, Diez Francos, no bajó la guardia en cuanto a la clasificación racial y económica de los
ixhuatecos.
Su propuesta en la mesa de negociación, fue rechazada por los comerciantes porque otorga al ayuntamiento una facultad meta-constitucional de decidir qué venden y donde lo venden bajo una clasificación totalmente racista y degradante. Por ejemplo, Diez Francos acepta que un indígena venda en ciertos lugares de la ciudad, pero únicamente artesanías porque el indio está para eso, para ser folclor, no para ser un ciudadano igual que los demás que tiene el derecho a obtener un permiso y ofrecer mercancía convencional.
No deben vender -según el edil- el folclor ni sus cultivos agrícolas ni sus productos pecuarios. Una óptica totalmente retardataria. Los indígenas tampoco deben “afear” al Pueblo Mágico, con su presencia en las calles así que serán ubicados en “lugares óptimos” donde, en su caso, se les pueda esconder para que no den mala imagen. ¿Dónde quedan los artículos constitucionales que hablan de la libertad de tránsito y la libertad de oficio, no aplica para los indígenas tales preceptos, en qué ley del país se establece que un indígena no puede vender lo que cosecha o los animales que cría?
Es un caso interesante para los juristas pues esa clasificación racial que hace el ayuntamiento orizabeño es un atropello al texto constitucional y obvio, a los derechos humanos. Entonces, esa propuesta fue, por obvias razones, rechazada por los vendedores ixhuatecos – al menos eso se sabía hasta la hora de redactar este texto- y se espera que el conflicto continúe si no se utiliza la operación política y los acuerdos justos. Y claro, que Diez Francos les ponga bozal y amarre a sus inspectores de comercio y policías municipales.
Es verdad que hay ciudadanos de Orizaba e Ixhuatlancillo afectados por la interrupción en el suministro de agua potable pero los culpables no son los comerciantes inconformes sino el Ayuntamiento orizabeño. No es posible que en Ixhuatlancillo tenga los veneros que proveen el líquido a Orizaba, la cual se ha beneficiado durante décadas de ellos y sin otorgar nada a cambio, y cuando vienen los ixhuatecos a tratar de ganarse la vida en sus calles, los apalea y criminaliza.
No solo es algo incongruente sino abusivo y descarado.
¿Cómo acabará el caso? Todo dependerá de la habilitad y sensibilidad política de los protagonistas, pero principalmente de las autoridades. No puede haber un trato entre desiguales y entonces, todos deben quedar en el mismo racero. Obvio, es mucho más el beneficio que obtiene Orizaba al consumir agua de Ixhuatlancillo que las ganancias de los vendedores ixhuatecos en las calles de La Pluviosilla. Por eso se repite que su reclamo es justo y debería ser mayor, exigir más.
OTRA LECCIÓN
A nivel estatal también otro grupo vulnerable dio una lección de resistencia y de efectividad. La rebelión de trabajadores en activo -entre ellos maestros- y jubilados, obligó al gobierno estatal a frenar la propuesta de reforma al artículo 98 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), enviada por el Ejecutivo estatal hace algunos días y que sería votada en esta semana. En muchas ciudades, pero principalmente en la capital del estado, los trabajadores salieron a las calles y plazas públicas con el grito: ni un voto al PRI si pasa la reforma.
No es algo menor porque sirvió de termómetro para ver cómo está el ánimo popular hacia la clase gobernante y el partido en el poder, en pleno proceso electoral. El principal afectado se llama Héctor Yunes Landa, precandidato a la gubernatura por la alianza formada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal) porque el pagará las consecuencias de una modificación a esa ley que, obviamente, perjudicará a los trabajadores, y estos a cambio pagarán con un voto de castigo.
Se midió el peligro por el enojo popular y el mismo lunes por la tarde el gobierno estatal anunció que se envió al congreso local la solicitud para dejar sin efecto la iniciativa para dar paso a mesas de consulta con las organizaciones sindicales. Eso lo debieron hacer desde el principio y la consulta no debe ser únicamente con los líderes sindicales sino con las bases, con los derechohabientes pues los líderes gremiales siempre han sido corruptos, que venden a sus representados por beneficios personales.
Es más, esos mismos dirigentes sindicales han sido cómplices del saqueo de la reserva financiera del IPE y ahora están también con la espada en la pared ante la revuelta popular que salió a defender el organismo. Así, el retiro de la propuesta para reformar la citada ley es un triunfo de la ciudadanía, pero no grande, sino momentáneo. Se sabe que dejarán pasar los comicios para retomar la propuesta original, después del 6 de junio, y quitar al gobierno estatal la responsabilidad de cubrir el déficit presupuestal al IPE.
Es decir, la suspensión es momentánea, un engaño en tiempo electoral y de ahí que todo dependerá de los resultados en las urnas pues elegir a un gobernante y a diputados ajenos al partido oficial, daría la posibilidad real de cancelar dicha modificación legal de manera definitiva. Por lo pronto, la advertencia está dada porque la población está harta de los abusos en materia financiera y al igual que sucede con los comerciantes de Ixhua-tlancillo, a nivel estatal la insurrección popular está a pleno.
MULTIMILLONARIOS
En este mismo contexto, los cálculos de los expertos en finanzas públicas hacen palidecer cualquier cifra dada anteriormente respecto al saqueo del tesoro público en Veracruz pues si el auditor de la Federación, Juan Manuel Portal afirma que el gobierno estatal debe devolver 35 mil millones de pesos a las arcas de la nación pues esa es la cifra desviada desde el año 2011, en términos llanos el gobierno federal se suma a los acreedores de la administración al igual que los proveedores, la Universidad Veracruzana (UV), el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) o el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y el Tribunal Superior de Justicia del Estado (OPLE) por citar los casos que se han mantenido en la palestra mediática en los
últimos días.
Ahora, si la estimación a nivel local de que la deuda pública oscilaría en los 121 mil millones de pesos, entonces el pasivo real – o, mejor dicho, el monto de botín- sería de 156 mil millones de pesos. Dicha cantidad representa más de cuatro veces más que la deuda del estado de Chihuahua calculada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en 42 mil 762 millones de pesos y la de Coahuila que asciende a 38 mil millones de pesos. O sea, el saqueo en Veracruz es mucho más grande que los estados considerados como totalmente desvalijados por sus autoridades.
Con la cifra total, cada veracruzano, sea adulto mayor o recién nacido, discapacitado o en cesantía, debe 20 mil pesos. Cada persona en Veracruz tendrá que pagar esa cantidad -no se percibe súbitamente, pero lo hará tarde o temprano al dejar de recibir prestaciones sociales, beneficios de programas sociales como becas, pensiones, apoyos en despensas o en efectivo, en obra y servicios públicos- mientras que unos cuantos, los fidelistas, vivirán en sus mansiones ostentosas, manejarán vehículos de lujo, viajarán en aviones privados por el mundo, se atenderán en hospitales extranjeros y no se preocuparán por trabajar ni ellos ni sus descendientes hasta la quinta, sexta o séptima generación.
Han acumulado fortunas que rayan lo inaudito. Una sola división es suficiente para insultar a cualquiera: si se divide esos 156 mil millones de pesos entre una veintena de funcionarios, se tiene que cada uno se embolsó 7 mil 800 millones de pesos. Esto suponiendo hipotéticamente que hubo equidad en el reparto del botín, aunque obvio, las cabezas del gobierno se llevaron la tajada más grande. Tan solo en el caso del impresentable ex gobernante, ahora cónsul de Barcelona, la versión es que su fortuna personal oscila en unos 20 mil millones de pesos.
¿Pueden imaginarse tales historias de éxito y prosperidad? Son como para escribir una novela de lo inaudito. El innombrable que en su niñez vendía longaniza de casa en casa en la Cuenca del Papaloapan ahora es multimillonario y lo logró en apenas seis años al frente del gobierno veracruzano. ¿Acaso no se merecen la cárcel, no es necesario obligarlos al famoso ‘vómito negro’, es decir, hacer que devuelvan lo que se robaron?
