El tema no es si la todavía sin estrenar figura de la consulta popular está siendo utilizada por los partidos para hacerse publicidad, tener banderas de campaña populares y atraer votos. Todo esto es cierto y, además, válido. Tampoco lo es si el PRI plantea la consulta popular para reducir el tamaño del Congreso con el fin de opacar la planteada por el PRD en materia energética. También es cierto.
Si el PRI quiere un Congreso más pequeño no tiene más que retomar la iniciativa que planteó en febrero de 2010. Los argumentos de entonces son idénticos a los que el líder del PRI, César Camacho, ha estado difundiendo en la última semana y deben analizarse por sus méritos.
Dice el PRI que el escenario electoral de hoy es radicalmente diferente al que se vivía cuando se consideró necesario abrir los cauces institucionales a la oposición, facilitándole el ingreso a los órganos de representación, ya que se encontraban en una situación de extrema debilidad y sin posibilidades reales de competir frente al partido oficial dominante en ese momento de la historia. Argumenta que, en consecuencia, hay que pasar de una visión en la cual se buscaba privilegiar la representatividad a una en la que se persiga una mayor agilidad y eficacia de las cámaras legisladoras.
Aquí, la primera falacia. No hay evidencia empírica que sustente la idea de que la representatividad esté reñida con la agilidad y la eficacia: ni por el número de iniciativas que son aprobadas ni tampoco por su calado o profundidad. Escuchar esta argumentación en boca del PRI que lleva meses vanagloriándose de su capacidad para sacar adelante una ambiciosa agenda legislativa en un contexto de gran pluralidad y con un altísimo nivel de consenso resulta paradójico cuando no demagógico. O es que ahora ya no valoran la pluralidad.
Lo mismo ocurre con el argumento de que las cámaras se harían mucho más manejables, en el sentido de facilitar la toma de decisiones y la construcción de mayores consensos porque “el elevado número de legisladores puede llegar a retrasar —o en un caso extremo a impedir— los acuerdos”. No creo que nadie compre la idea de que discutir entre 400 diputados en lugar de 500 haga alguna diferencia. En todo caso, si el propósito fuera el de lograr mayor eficacia sin alterar la representatividad que mejor modifiquen la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento Interior del Congreso para agilizar los procesos o sancionar la inacción legislativa.
Y qué decir de la tercera falacia. Sostienen que la reducción del tamaño del Congreso aumentaría la calidad de la representación política-parlamentaria porque al reducirse el número total de curules, “el mercado político estaría más competido, con la consecuencia de que únicamente podrían llegar a ocupar dichos cargos aquellas personas consideradas como más valiosas por la ciudadanía, bien sea por su preparación, por sus conocimientos técnicos, por su experiencia o por su representatividad social”. ¿De veras? Si ese es el objetivo que mejor pongan a competir a los candidatos de cada partido a través de listas abiertas en la boleta.
Y, la cereza del pastel: se reducirían los costos de los órganos de representación. De este tipo de promesas ya estamos curados los mexicanos. Obviamente, la propuesta no viene acompañada del ofrecimiento de reducir 20% del presupuesto de la Cámara de Diputados o de 25% del Senado. Si quieren reducir el gasto, bastaría con desaparecer las partidas de subvenciones ordinarias y especiales que en el último año han sumado más de mil 200 millones.
Aquellos que favorecen la reducción del número de legisladores —no necesariamente del PRI— también han argumentado que los plurinominales son legisladores que no representan a nadie, no fueron electos por nadie y no rinden cuentas a nadie. Otra falacia. La única diferencia es que son elegidos de manera distinta. Argumentar que no tienen representatividad es tanto como decir que los más de 14 países presidencialistas de América Latina que tienen sistemas de representación proporcional ¡no son representativos!
Otra vez, si lo que se quiere es que el ciudadano vote directamente por ellos lo que puede hacerse es recurrir a las listas abiertas para que el ciudadano escoja a su diputado de entre un abanico de nombres presentados por el partido.
Para cada uno de los argumentos que presenta el PRI para reducir el tamaño del Congreso hay fórmulas alternativas que logran los mismos propósitos sin alterar la representatividad del sistema electoral que ha resultado benéfica para la estabilidad política y que ha funcionado por más de tres décadas.
Pero si estas alternativas no les gustan hay otra solución todavía más fácil. Reducir el número de diputados, pero mantener la proporción vigente que asigna a 60% de los diputados por el principio de mayoría relativa y a 40% de manera proporcional. Tendríamos entonces 240 diputados de mayoría y 160 plurinominales. Esta propuesta logra el popular propósito de reducir el tamaño del Congreso sin alterar la proporcionalidad. Claro, tiene un pequeño defecto: no favorece al partido mayoritario.
*Investigador del CIDE
amparo.casar@cide.edu
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