Por Andrés Timoteo / columnista
LAS MANADAS
En España se ha logrado una sentencia que muchos califican como ejemplar respecto a la impartición de justicia para víctimas y, por supuesto, en la interpretación de la terminología jurídica respecto a la violencia de género. Se trata del veredicto emitido a finales de la semana pasada por el Tribunal Supremo que dio una condena de 15 años de prisión a los cinco violadores de una jovencita en Pamplona.
Los jóvenes son integrantes de la banda conocida como “La Manada”, uno de ellos policía de la Guardia Civil, que en julio del 2016 durante las fiestas en honor a San Fermín -también conocidas como ‘Plamplonada’- abusaron sexualmente y en forma tumultuaria de una menor de edad que estaba alcoholizada en un portal de aquella ciudad.
El juicio contra estos violadores tardó dos años y desató un largo debate público sobre conceptos de “violación sexual”, “relaciones sexuales consensuadas”, “abuso sexual” y “acto sexual no consensuado”, es decir, cuando las mujeres dicen “No” antes o durante el mismo. De ahí el famoso “No es No”, es decir, cuando la mujer no acepta el coito aún cuando sea con su pareja sexual permanente, esposo o novio. Y fue un debate que trascendió fronteras.
Y así fue, dos meses después, el 22 de junio, los acusados pagaron 6 mil euros de fianza -unos 130 mil pesos mexicanos- y fueron liberados. “La manada violó a una chica, la Justicia de España nos viola a todas”, gritaron en las calles cientos de miles de mujeres durante los últimos meses.
Así, la sentencia condenatoria para “La Manada2 congratuló a todos, no sólo en España, sino en Europa y por supuesto tiene referencias en México, donde la violencia sexual contra la población femenina es tremenda. Y claro, el caso hace recordar a Veracruz que tiene sus propias manadas de violadores de jovencitas, tres al menos plenamente identificadas -dos en la conurbación Veracruz-Boca del Río y una en Córdoba-.
LOS PORKYS
De ese tercio, sólo la banda de los llamados “Porkys de Costa de Oro” fue parcialmente perseguida por la justicia. Los cuatro integrantes -Jorge Coaita, Enrique Capitaine, Diego Cruz y Gerardo Rodríguez- son juniors, hijos de empresarios y políticos que el 2 de enero del 2015 violaron sexualmente a una menor de edad -en ese entonces-. Dos de ellos están en la cárcel.
Enrique Capitaine, el cabecilla de “Los Porkys” e hijo del exalcalde de Nautla, Felipe Capitaine, fue detenido en Torreón, Coahuila y está preso en el penal La Toma de Amatlán de los Reyes. Por su lado, Diego Cruz fue detenido en España a donde huyó haciéndose pasar como estudiante y extraditado para ser juzgado por la justicia mexicana.
Las similitudes entre “La Manada” de España y “Los Porkys de Costa de Oro” abundan no sólo en el tipo de víctima y el nombre -ya que los “porkys” o “puercos” también hacen manada-, sino también en la distorsión de un juez para favorecer a los juniors violadores. En marzo del 2018, el juez de Distrito, Anuar González Hemadi otorgó un amparo a Diego Cruz alegando que la víctima no tuvo goce sexual con los tocamientos -le metió los dedos en la vagina- y estos no tuvieron intención lasciva ni de copular.
Esa consideración generó indignación popular y en junio de ese año, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito revocó el amparo e impidió que Diego Cruz obtuviera su libertad. El pasado mes de febrero, el Consejo de la Judicatura suspendió al juez González Hemadi y lo puso bajo investigación por corrupción.
La actuación del juzgado no es de extrañar ya que los familiares de “Los Porkys de Costa de Oro” repartieron mucho dinero en sobornos y pidieron muchos favores en las esferas políticas para evitar la cárcel a los juniors. Tampoco hay que olvidar que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa hizo hasta lo imposible, primero para no dar curso a la denuncia por la violación de la jovencita en el 2015, luego por ocultar el caso y después por sesgar los procesos judiciales para no encarcelarlos.
Ejemplo de que las influencias sirvieron es que hasta la fecha uno de los juniors, Jorge Cotaita, sigue prófugo y otro, Gerardo Reyes, logró zafarse del proceso judicial -abultado soborno previo, dicen los enterados-. Los otros dos casos similares al de la “La Manada” son el de “Los Porkys” de Boca del Río y los de Córdoba.
Los primeros en marzo del 2016 violaron a una menor de edad en la unidad habitacional La Tampiquera de Boca del Río, grabaron la agresión sexual y la difundieron en la web. Esa banda la integran Jorge Francisco Pereda Ceballos Serafín González García y Oswaldo Rafael Cruz, éste último hijo del exfuncionario estatal, Rafael “El Negro” Cruz, compadre del innombrable. Un pillo de siete suelas.
LA MANADA DE CÓRDOBA
Todos evadieron la justicia también por las influencias familiares y pese a que a la Fiscalía General llegó el oaxaqueño Jorge Winckler a finales de ese año -y que éste había sido abogado defensor de la víctima de “Los Porkys de Costa de Oro”, les otorgó impunidad a estos juniors de Boca del Río. Vaya, en casa del herrero, el azadón es de palo.
Y el tercer caso es el de “Los Porkys del Casino Español” en Córdoba, sucedido en el 2013 cuando otra menor de edad fue atacada sexualmente por cuatro juniors en las instalaciones del club Casino Español, uno de ellos hijo del empresario Javier Carús, ligado a grupos políticos de la zona.
Por las influencias de los parientes, los cuatro violadores de Córdoba siguen disfrutando de impunidad. Las instancias ministeriales archivaron el expediente, la víctima y su familia fueron amenazada para no continuar el proceso y “La Manada” de Córdoba sigue suelta, lista para cometer otro ataque porque el patrón de conducta de este tipo de delincuentes a ello los conduce.
Los jueces y fiscales españoles estiman que los miembros de “La Manada” habría cometido al menos otras diez violaciones contra mujeres, teóricamente menores de edad, porque eran sabedores de la impunidad que tenían y del éxito de actuar en grupo, como jauría, para cebarse sobre las víctimas.
Por ello, a los integrantes de “Los Porkys” de Costa de Oro, de Boca del Río y de Córdoba les funcionó delinquir en grupo, en manada, contra víctimas débiles y tener parientes influyentes en la política para evadir el castigo. Es muy probable que los juniors violadores hayan atacado previamente o después -en el caso de los que están libres- del caso que los hizo famosos. Los que andan sueltos son un peligro para la sociedad.
