Desde antes de iniciar las campañas electorales se dijo que los comicios para renovar el Poder Ejecutivo de la entidad, así como el Congreso Local, serían históricos porque podían conducir a la alternancia política. Así lo pronosticaban las mediciones demoscópicas y se cumplió. Ahora, una vez pasada la jornada electoral del 5 de junio, también hay situaciones inéditas porque no se tiene un conflicto post-electoral tradicional –aún cuando está impugnada la elección para todos es un hecho que no se modificará el resultado- sino que existe una evidente resistencia -que raya en la pugna abierta- del gobernante saliente para aceptar la decisión ciudadana.
Con malas maneras, el gobernante en turno ha desplegado maniobras burdas para desquitarse del ganador de la contienda, Miguel Ángel Yunes Linares, pero con ellas afecta a todos los veracruzanos. La embestida no es contra un sólo personaje, sino contra los ocho millones de habitantes en la entidad. El tinglado transexenal que construye ya no es para desproteger la figura del próximo Gobernador –como dejarlo sin el fuero constitucional o quitarle la residencia oficial- sino que ahora están atentado contra el patrimonio y el futuro económico de la población.
El transferir a terceros propiedades emblemáticas como la llamada Casa Veracruz o el WTC de Boca del Río, por supuesto que inflama la cólera popular. Peor aún, entregar contratos de base a 5 mil burócratas -muchos de ellos aviadores- y obligar a través de fideicomisos amañados para que el Impuesto a Nómina de las empresas sea usado en el pago de las deudas a los proveedores y prestadores de servicios, agravará la situación financiera y automáticamente se tendrá que bajar el gasto social, es decir, reducir programas de obra pública y de ayuda a los más necesitados.
La intención es causar el mayor daño posible a la población antes de dejar el poder. El caso de los fideicomisos inamovibles que los diputados priistas votarán en los próximos días para comprometer la recaudación a futuro del Impuesto a la Nómina es toda una bellaquería. La explicación es simple: serán los trabajadores y los empresarios –no el próximo Gobernador- los que pagaran las deudas acumuladas. Exisitieron partidas presupuestales destinadas a cubrir los pasivos por productos, servicios y obra pública, contratada con empresarios pero en lugar de usarlas para liquidar esos adeudos se las robaron.
Ahora, los que saquearon el tesoro estatal pretenden gozar de lo robado y obligar -por medio de esos fideicomisos que afectarán la recaudación fiscal- a que todos los veracruzanos paguen. No será Yunes Linares quien sea obligado a cumplir con esos pagos, sino los empresarios y los trabajadores. Para más simple: de cada quincena o pago semanal que cobre un veracruzano, el 3 por ciento iría como abono para cubrir las raterías de los funcionarios corruptos de la actual administración.
Entonces, ¿no es hora de que los trabajadores y los mismos patrones se planten en el Congreso Local para exigir a los diputados que no aprueben el plan? Los legisladores locales del PRI, PVEM, Panal e “independientes” como Domingo Bahena Corbalá, cargarán al bolsillo de los asalariados las deudas que dejaron esos ladrones. Que vayan y les exijan no votar por tal engendro, aunque, claro, corren el riesgo de que los manden a los encuerados de los 400 Pueblos a apedrearlos.
LA GENTE RUMORA
En esta andanada de malas maneras, también corren los rumores, algunos inauditos aunque no imposibles. Por ejemplo, en los corrillos priistas de la Ciudad de México desde el fin de semana se mastica la versión de que la Presidencia de la República exigirá la renuncia del gobernante en turno, Javier Duarte de Ochoa. El rumor ya saltó a las columnas periodísticas de aquellos redactores que son cercanas a Los Pinos y la especie dice que antes de iniciar su gira por Canadá, el presidente Enrique Peña Nieto decidió el futuro del gobernante veracruzano.
De ahí que durante la semana pasada varios funcionarios y exfuncionarios del gabinete se presentaron a declarar en la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR). Los que acudieron fueron el actual contralor general, Ricardo García Guzmán, los excontralores Mauricio Audirac Murillo e Iván López Fernández, así como los diputados federales Tarek Abdalá, Edgar Espinoso y Adolfo Mota, que fueron funcionarios de las secretarías de Educación de Veracruz (SEV) y de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
También declararon el extesorero Carlos Aguirre, el exsecretario de Salud, Pablo Anaya y el director administrativo de esa dependencia, Ricardo Sandoval Aguilar, Gabriel Deantes, exsecretario del Trabajo y exsubsecretario de Finanzas, y los extitulares de la Sefiplan, Fernando Charlestón y Salvador Manzur, este último, actual delegado federal de Banobras, además de Harry Grappa, secretario en funciones de Turismo.
Por si fuera poco, también hace algunos días el propio gobernante en turno fue citado en las oficinas de la PGR de la Ciudad de México, donde se entrevistó con la procuradora Arely Gómez. Hasta donde se sabe, la PGR está lista para actuar contra una treintena de funcionarios fidelistas y duartistas -incluido al Gobernador- a petición de instancias como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Es insistente el rumor de que al gobernante veracruzano lo obligarán a solicitar su separación del cargo antes del mes de diciembre y en el caso de negarse se dará curso a las tres solicitudes de juicio de procedencia que están detenidas en San Lázaro. Por eso a nivel local ya están desatadas, entre las bambalinas, las apuestas sobre el Gobernador sustituto quien sería el encargado de continuar con el proceso de entrega-recepción y finalmente transferir la estafeta a Yunes Linares el próximo primero de diciembre.
Algunos dicen que todo quedaría en mero rumor, pues nunca ha sucedido que el sistema priista suelte de la mano a un Gobernador de su partido y lo sacrifique en público, pero lo nuevo es que el tricolor recibió un castigo severo de los electores el pasado 5 de junio y tanto la dirigencia del PRI como Los Pinos estarían interpretando la exigencia ciudadana de escarmentar a los malos gobernantes so pena de que se repita el descalabro electoral en las elecciones presidenciales del 2018. He ahí el dilema para los priistas y muchos juran que la guadaña ya está lista para cebarse sobre el veracruzano. ¿Será?
Por cierto, en medio de esos rumores y la insistencia de protegerse las espaldas, trascendió que el Gobernador saliente insistirá en imponer al terrablanquense Francisco Portilla Bonilla en un cargo para que le allegue impunidad transexenal. Si bien se le cayó como titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción –cargo al que ahora propondrían al exfuncionario alemanista Francisco Berlín Valenzuela- ahora lo quiere ungir como uno de los tres magistrados que tendrá la Sala Anticorrupción creada la semana pasada por el Congreso Local.
Empero, lo mal hecho dura poco, pues la apertura de dicha Sala Anticorrupción es anticonstitucional, ya que violenta la soberanía de Poder Judicial, de ahí que la petición es para que el titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Alberto Sosa, promueva un juicio de inconstitucionalidad contra dicho decreto, lo que sepultaría ese nuevo engendro. Entonces, el exalclade de Córdoba, Francisco Portilla, nuevamente se enfrentaría a otro descalabro. Vaya, el tipo es una especie de apestado político que no cabe en ningún lado.
LA POLÍTICA, NO LA RUDEZA
Finalmente, el pasado fin de semana se avanzó en la solución del conflicto entre mujeres vendedoras de Ixhuatlancillo y el Ayuntamiento de Orizaba. La disputa lleva muchos meses y ha tenido momentos de violencia injustificada por parte de las autoridades orizabeñas. La firma de un acuerdo para dotar de espacios a las comerciantes en los mercados de Cerritos y de Artesanías, así como una prórroga para vender productos en el mercado Melchor Ocampo también pusieron fin a la huelga de hambre que durante más de un mes realizó la vendedora Bernarda López.
Aquí es necesario reconocer que el alcalde Juan Manuel Diez Francos optó por una solución política antes de ocupar la represión. Varias veces recurrió a los toletazos y no le funcionó, la violencia solo genera más violencia, es una enseñanza de ese conflicto. La otra lección es que no se puede tener una ciudad bella a costa de atropellar los derechos humanos de la población. Y la tercera, es que la negociación y los acuerdos tuvieron que ser la primera y única opción, nunca el uso de la fuerza pública ni la cárcel. El conflicto se dejó avanzar hasta puntos peligrosos por la soberbia de quien debió escuchar al pueblo. Ahora sí como dijera el filósofo de Ciudad Juárez: “pero qué necesidad”.
CHANCHULLO REDONDO
Automovilistas de Córdoba se quejan por el mal servicio de los llamados verificentros, es decir, los lugares donde se realiza la verificación vehicular obligatoria para comprobar que los automotores no emitan sustancias contaminantes, y lo peor son las irregularidades que presentan esos locales. De entrada sólo 8 de los 14 verificentros están funcionando y de esos ocho sólo uno, el ubicado sobre la avenida 25 –operado por la familia Porres- cuenta con los folios oficiales para el trámite.
Además de la multitud que se acumula –las colas enormes, pues- , sólo por checar el vehículo hay una cuota de 360 pesos y ha habido casos de automóviles que no presentan ninguna avería en su sistema de filtrado, pero los empleados inventan anomalías, negando el sello para avalar la verificación y obligando a los propietarios a recurrir a las agencias o a los talleres para comprar dispositivos catalizadores que tardan más de una semana en tenerlos e instalarlos. Una vez con esos aparatos instalados, el automovilista debe pagar otros 360 pesos para que de nueva cuenta realicen la verificación, es decir, en total el pago es de 720 pesos.
De esta forma, ocasionan el retraso y aunque hasta septiembre iniciará la aplicación de multas –que son 20 salarios mínimos, es decir mil 460 pesos- el negocio de esos verificentros salta a la vista. Es un chunchullo redondo: ganancia para los verificadores que cobran dos veces por el mismo trámite, para las agencias automotrices y los talleres mecánicos que venden los aparatos –y aunque el precio oscila en los 2 mil pesos, estos llegan a venderlos entre 6 mil y 12 mil pesos en un total abuso-, para las autoridades que en su momento recaudarán más multas y por supuesto, para lo agentes de tránsito que ahora tienen otro motivo más para ‘morder’ a los automovilistas.
