El fin de semana fue, quizás, el más sangriento que se haya tenido en el sexenio: 17 personas fueron asesinadas, ya sea en ejecuciones in situ –en el sitio donde se encontraban- o sus cadáveres aparecieron en parajes, algunos con la espantosa huella de la tortura y desmembrados, en un clásico mensaje del crimen organizado. La estadística fatal indica que cada 2 horas y media murió un veracruzano, como pasaba en los peores días de aquel 2011, cuando en las calles se acumulaban montones de cadáveres o pedazos de cuerpos.
Y en este soplo de muerte que tuvo Veracruz, un caso golpeó a la sociedad y retumbó en la prensa: de los cadáveres esparcidos en suelo estatal, tres eran de los jóvenes estudiantes que el 29 de septiembre fueron plagiados por un grupo de sicarios en el Puerto de Veracruz. Una de ellos, Génesis Urrutía Ramírez, era estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Veracruzana (UV), mientras que Octavio García Baruch y Leobardo Arroyo Arano, lo eran del Instituto Tecnológico de Veracruz (ITV).
Su desaparición causó un revuelo mediático, aunque la incertidumbre por su ausencia duró poco, once días, pero terminó de la peor forma, pues los plagiados tuvieron una muerte atroz. Además, sus cuerpos fueron diseccionados por sus victimarios y metidos en bolsas de plástico, las cuales arrojaron a las orillas de la carretera Soledad de Doblado- Camarón de Tejeda. Así, se cierra otro capítulo sangriento que envuelve a jóvenes veracruzanos ante la inacción, y hasta complacencia, de las autoridades estatales.
Los tres estudiantes no sólo fueron maltratados por sus captores, sino también por las autoridades, que antes de buscarlos se ocuparon de criminalizarlos para cargarles la culpa de su suerte. El mismo método que han hecho con todos los desaparecidos y asesinados desde hace seis años: acusar a las víctimas en lugar de castigar a los verdugos. Y como se dijo líneas arriba, este es el tercer caso de un crimen que reúne elementos similares: “levantón” múltiple, a plena luz del día, en lugares concurridos y sin ninguna reacción de las Fuerzas del Orden y en algunos casos con su participación.
El primero fue el 11 de enero con la desaparición forzada de Susana Tapia, José Benítez de la O, Bernardo Benítez Arroniz y Mario Arturo Orozco, de 16, 24, 25 y 27 años de edad, respectivamente. Los cuatro eran originarios de Playa Vicente, pero fueron detenidos por la policía estatal en Tierra Blanca y ésta los entregó a un grupo criminal que los habría torturado, asesinado e incinerado sus cadáveres. A la fecha, sólo se tiene la certeza del deceso de Benítez Arroniz, porque se logró recuperar ADN en el fragmento de un hueso calcinado.
Dos meses después, el 18 de marzo, policías municipales de Papan-tla hicieron lo mismo, detuvieron a tres jóvenes y los desaparecieron. Se trató de Jesús Alan Ticante Olmedo, Alberto Uriel Pérez Cruz y Luis Humberto Morales, de quienes tampoco se sabe nada. Este último caso es el más descuidado, no sólo por parte de las autoridades judiciales, sino por la prensa. Ahí, el alcalde perredista Marcos Romero Sánchez sigue en su cargo cuando debió ser destituido, porque su Policía fue responsable de esa desaparición forzada y él estaba al tanto del comportamiento de sus agentes.
Los tres casos también reflejan que los municipios donde acontecieron -Tierra Blanca, Papantla y el Puerto de Veracruz- están en manos de la delincuencia organizada. Alguno elementos de policía estatal y de las municipales, están al servicio del crimen organizado y los ediles lo saben y lo toleran. En las horas negras que registra Veracruz mucho tienen que ver los responsables de los municipios bajo el imperio del crimen.
LA VIOLENCIA: CAUSAL, NO CASUAL
A esos tres municipios se suman, por supuesto, los de Coatzacoalcos y Córdoba, que también son ‘tierra de nadie’, donde el crimen gobierna en lugar de las autoridades oficiales. Coatzacoalcos es la tercera ciudad más violenta de todo el País y Córdoba ha registrado eventos terroríficos en los últimos tres años. Allí la muerte tiene permiso, como el título de aquella novela del escritor sonorense Edmundo Valadez.
Basta recordar uno de los casos que lastimaron a los cordobeses en los últimos días. Es el asesinato del joven empresario Marcos Crisanto Abdala de 29 años de edad, quien se resistió a un asalto afuera de una cafetería del fraccionamiento San José y fue baleado por los delincuentes el 17 de agosto pasado. Nada se sabe de sus asesinos porque las autoridades ni siquiera investigan.
Por cierto, también ya han transcurrido dos meses y medio, de que fue asesinado el joven cordobés Luis Enrique Cerecedo Vite, de 25 años de edad, quien fue asaltado sobre la carretera federal Santa Fe-Paso del Toro, el pasado 22 de julio, donde lo despojaron del vehículo en el que viajaba. Cerecedo Vite era hijo del vocal del Instituto Nacional Electoral (INE) en la ciudad, Indalecio Santiago Gerónimo. Tampoco nada se sabe de la identidad de sus victimarios. ¿Por qué? porque la autoridad ni siquiera indaga.
En este contexto de muerte e imperio del crimen, ayer el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, ofreció un pronunciamiento público para solidarizarse con los familiares de las víctimas y con las instituciones educativas donde estudiaban, así como con la comunidad estudiantil del Estado. A la vez se comprometió a que esos crímenes no quedarán impunes y a garantizar la seguridad física de los alumnos, a partir de que inicie la nueva Administración Estatal.
Anticipó que además de depurar las corporaciones policíacas estatales y reconstituir a las policías municipales o intermunicipales, se proveerá de sistemas de vigilancia en los centros educativos a través de videocámaras y un programa de reacción inmediata de las Fuerzas del Orden, en el caso de que se presenten agresiones contra la comunidad estudiantil.
Sin embargo, Yunes Linares dijo algo sin tapujos: la “ola” criminal que actualmente vive Veracruz no es casual sino causal.
Es el resultado del pacto que el Gobierno Estatal hizo con las bandas del crimen organizado desde el sexenio pasado, cuando un cartel del narcotráfico le entregó 12 millones de dólares al impresentable exgobernante estatal para costear su campaña electoral en el 2004. Entonces, “Veracruz vive las consecuencias de doce años de complicidad entre el Gobierno del Estado y la delincuencia organizada, lo que vivimos hoy no es casual”, aseveró y recalcó que “habrá consecuencias jurídicas para los que se hicieron cómplices de la delincuencia, no sólo Javier Duarte, sino también Fidel Herrera”
La criminalización de las víctimas y la negación de la realidad sobre la inseguridad pública que prevalece en la Entidad, dijo, es parte del plan para mantener intocados esos acuerdos inconfesables con la mafia. “Se niega la realidad para encubrir a los delincuentes y dejarles libre la plaza. Contra lo que dice Duarte, la delincuencia no roba ‘frutsis’ ni pingüinos, sino que asesina, secuestra, roba, extorsiona y aterroriza a los veracruzanos, con la total complacencia del Gobierno Estatal”.
EL AVIÓN DE FIDEL
Por cierto y de paso, ayer Yunes Linares repudió la intención del actual gobernante para entregar dos bienes inmuebles propiedad de los veracruzanos –el Centro de Alto Rendimiento “Jesús Reyes Heroles” y el estacionamiento del estadio Luis El Pirata Fuentes- al diputado federal, Fidel Kuri Grajales por supuestos adeudos que se tienen con él, y que nadie sabe por qué se tiene tal deuda, ni su monto ni quien la autorizó.
La solicitud para dar esos dos bienes con un valor superior a los 300 millones de pesos, fue ingresada la semana pasada en el Congreso Local, aunque Yunes Linares anunció que en el caso de aprobarse tal despojo, será revertido en su Gobierno y se denunciará penalmente a los legisladores que lo avalen. “Las instalaciones deportivas deben ser para los niños y jóvenes, no para los pillos”, dijo en alusión al orizabeño Kuri Grajales.
Y es que Kuri ha sido de los políticos más beneficiados en este sexenio, pues ya tiene en comodato desde diciembre del 2015 el estadio Luis “El Pirata” Fuentes en Boca del Río, y a inicios de sexenio se le habrían entregado más de 5 millones de pesos para el proyecto de construcción de un estadio en Orizaba para el equipo Albinegros. Hasta la fecha el destino de ese dinero es desconocido oficialmente, pero todos sospechan que fue a parar a las cuentas bancarias de Kuri Grajales.
Lo nuevo es la revelación que Yunes Linares hizo sobre el motivo para intentar que Kuri Grajales se apodere de esos dos bienes estatales: un avión de su propiedad, que utiliza el hangar del Gobierno del Estado en los aeropuertos Heriberto Jara de Veracruz y El Lencero, cerca de Xalapa, está listo para realizar el vuelo de emergencia en el caso de que la Justicia Federal libere órdenes de aprehensión contra el aún Gobernante Estatal.
Es decir, el favor que Fidel Kuri le hace al Gobernante Estatal de prestarle su avión para poder escapar del brazo de la justicia, se pagará con dinero o más bien con bienes inmuebles, propiedad de los veracruzanos. No es que el orizabeño haya aportado algún servicio o dado algún bien a los veracruzanos, sino que se le pagará en especie su ayuda para huir del País, vía aérea en el caso de que venga la voladora penal. Vaya historia de pillos.
