Mentira que los llamados grupos de autodefensa y policías comunitarias que han surgido en los últimos meses sean una respuesta a la inseguridad generada por los integrantes del crimen organizado
¿Desde cuándo el Estado mexicano canjea a soldados y oficiales del Ejército mexicano por comandantes de grupos de autodefensa detenidos con armas largas? ¿Desde cuándo se aceptan retenes de gente armada en carreteras y caminos? ¿Desde cuándo es aceptable la demanda de que todas las fuerzas de seguridad federales y estatales se deben retirar de pueblos y comunidades para garantizar “la seguridad” de las mismas, “seguridad” que por supuesto queda en manos precisamente de esos mismos grupos armados?
Lisa y llanamente es mentira que los llamados grupos de autodefensa y policías comunitarias que han surgido en los últimos meses sean una respuesta a la inseguridad generada por los integrantes del crimen organizado. Por supuesto que en muchas de esas comunidades los grupos criminales han cometido todo tipo de atropellos, pero el fenómeno que estamos observando, como aquí lo advertimos hace meses, tiene básicamente dos orígenes: son grupos formados e impulsados por una de las organizaciones del crimen organizado para combatir a sus adversarios o se trata, como resulta cada vez más evidente, sobre todo en Guerrero (pero también en Michoacán), de grupos formados, impulsados y armados por las organizaciones guerrilleras que operan en la región.
En esta segunda vertiente, existen testimonios de las propias comunidades, particularmente en Guerrero, que relatan cómo son enviados los impulsores de esos grupos, cómo trabajan con su gente, cómo en ocasiones sus integrantes y sobre todo sus mandos no son necesariamente de ellas e imponen los grupos. Eso no tiene nada que ver con garantizar la seguridad de las comunidades. Se parece mucho más al experimento que realizó en su momento el EZLN, con la única diferencia de que aquella “declaración de guerra” contra el Estado mexicano y el discurso indigenista ha sido modificado por una supuesta autodefensa de las comunidades contra la inseguridad.
Pero ahora también han mostrado esos mismos grupos sus verdaderas agendas al plantear que sus bloqueos, su armamento, sus personajes encapuchados están al servicio de “la lucha” contra la reforma energética y fiscal (ninguna de las cuales por supuesto conocen, porque no se han dado a conocer) porque las mismas harían, dicen, más pobres a las comunidades y por lo tanto las harían más débiles ante los grupos criminales… cuando en ocasiones son los mismos grupos criminales los que impulsan, además de los armados a los comunitarios y autodefensas.
Hay que recordar la historia. El origen de Servando Gómez, La Tuta y de otros prominentes fundadores de La Familia Michoacana fue como maestros rurales con relación con los restos de los que fuera la guerrilla de Lucio Cabañas. Su formación entre magisterial, guerrillera y religiosa, sus manuales de operación, sus relaciones de poder con personajes que, como el detenido Rogaciano Alba, alimentaron sus espacios caciquiles con hombres que alguna vez pertenecieron a las guerrillas es parte de esta historia. Hay organizaciones armadas que también han estado trabajando durante años en esas mismas zonas, algunas con lógicas eminentemente políticas, otros mezclados con los grupos criminales. Ahí está el verdadero caldo de cultivo de la enorme mayoría de las autodefensas actuales y su propio discurso lo está demostrando.
Hace tres años, en un documento oficial del Gobierno federal describiendo las acciones de La Familia, se decía que este grupo de delincuencia organizada “busca generar la percepción pública de una escalada generalizada de violencia a través de acciones de alto impacto de corte terrorista como ataques con granadas, ejecuciones en la vía pública, exposición de cadáveres con mensajes, difusión de amenazas y mensajes en mantas, calcinación de cadáveres, decapitaciones y fusilamientos. Sus objetivos son intimidar a grupos rivales y ampliar sus áreas de influencia; buscar cobijo social por intimidación y miedo; inhibir la acción de la autoridad a través de elevar el costo social y político del combate a la delincuencia, para lograr un repliegue y fomentar una contracultura donde la delincuencia es sinónimo de éxito”. No ha cambiado un ápice esa estrategia delincuencial en estos años. A ella se debe responder.
La segunda lección es la de 1993-94, cuando se subestimó la existencia de los grupos armados en Chiapas, de la que se tenía absoluto conocimiento, para no contaminar el proceso de sucesión presidencial y sobre todo la entrada en vigor del TLC. El mismo día que el Tratado entró en vigor, apareció el EZLN y el costo de no haber atendido a tiempo aquel desafío que desde el centro del país parecía menor ante todo lo que estaba en juego en el ámbito global, aún lo estamos pagando. No repitamos el mismo error ante dos reformas, la energética y la fiscal, que definirán en muchos sentidos el rastro futuro del país.
