Por: Andrés Timoteo / columnista
La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, experredista y exsecretaria de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el sexenio pasado, Rosario Robles, quien desde hace un mes está en el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla, optó por seguir el ejemplo del exgobernador Javier Duarte de Ochoa para declararse, sin pudor ni decoro, perseguida política y víctima del Estado.
Ladrona consumada que con la famosa “Estafa Maestra” saqueó miles de millones de pesos, Robles Berlanga también le entró a la estrategia de dirigir cartas autoexculpatorias a la opinión pública, en las que reclama que se respeten sus derechos humanos. En una misiva que ayer leyó su hija se declaró rehén de las artimañas del sistema y cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador de su procesamiento. “¿Por qué esta saña?”, le dijo.
En el colmo de la desvergüenza, Robles equiparó su caso, en materia de violaciones a los derechos humanos, con el de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que fueron desaparecidos en septiembre de 2014. Además, exigió su liberación y se comparó con la francesa Florence Cassez, la secuestradora que fue liberada por un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por violaciones en el socorrido “debido proceso”.
En resumen, Robles Berlanga hace lo mismo que Duarte de Ochoa, se dice prístina paloma, un ángel de la pureza, víctima de difamaciones y complots para endilgarles robos que no cometieron. También se asume -igual que Duarte- como gente pobre, sin dinero para costear su defensa y que a su familia poco le falta para depender de la caridad pública. Ambos, Robles y Duarte, no tienen un ápice de vergüenza, son ladrones y chillones.
La diferencia entre los dos es que Robles Berlanga tiene un futuro incierto con el actual régimen y Duarte la libertad casi segura con la “Cuarta Transformación”. En este espacio se ha dicho que la urgencia para defenestrar al Fiscal General del Estado era para cumplir el acuerdo con el exGobernador y beneficiarlo con la cancelación de procesos judiciales a nivel local, especialmente la carpeta en la que se le acusa de desaparición forzada de personas.
Ya está fuera de la Fiscalía General el oaxaqueño Jorge Winckler -aunque de manera temporal y con la posibilidad de que sea reinstalado con un fallo de la SCJN ante la cual, 17 legisladores locales ya tramitaron un recurso de inconstitucionalidad por su remoción irregular-, pero por si las dudas ya se acelera el cierre de expedientes judiciales desfavorables a Duarte.
Para eso habría sido nombrada al frente de la Dirección de Investigaciones Ministeriales de la FGE la priista Marcela Aguilera, muy allegada al exgobernador y al innombrable. Ella fue diputada local de 2013 a 2016, durante el duartismo y avaló todos los chanchullos del exGobernador desde el recinto parlamentario. Además, fue subprocuradora regional de justicia en la fidelidad, en la etapa en que la Entidad fue entregada a los cárteles del narcotráfico.
Por si fuera poco, su familia ha sido acusada de ser parte de una red de “huachicoleros” en la Cuenca del Papaloapan. Ella, Aguilera Landeta tendrá la encomienda de cerrar todas las Carpetas de Investigación sobre Duarte y el innombrable, desaparecer documentos y garantizar la impunidad a ambos personajes. Y el tiempo es escaso ante el riesgo de que el anterior Fiscal sea reinstalado. Las trituradoras de expedientes están a todo vapor.
