AGENCIA
Nacional.- Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, ha sido escenario de una violencia implacable ligada al crimen organizado, que parece no tener descanso. A pesar de que este pequeño municipio, que ocupa sólo el 3.5 por ciento (%) del territorio estatal, carece de importancia estratégica para rutas de migrantes o turismo, se ha convertido en un botín para los cárteles que buscan controlar los fondos públicos, como el “Ramo 33”. Esta bolsa de dinero, destinada a la mejora de infraestructura municipal, ha sido aprovechada por las organizaciones criminales para financiar sus operaciones y mantener su control en la región.
El pasado 6 de octubre, el alcalde Alejandro Arcos, quien había asumido el cargo solo seis días antes, fue hallado decapitado en el toldo de una camioneta. Este asesinato, que conmocionó a la población, siguió a la ejecución del secretario general del ayuntamiento, Francisco Tapia, y del futuro titular de seguridad municipal, Ulises Hernández, todos crímenes firmados por la mafia. Estos hechos evidencian la implacable lucha del crimen organizado por controlar el municipio y, con ello, los recursos que genera el “Ramo 33”.
Creado en 1998, el “Ramo 33” fue diseñado para fomentar la autonomía financiera de los municipios, permitiéndoles destinar recursos a obras en beneficio de la comunidad. Sin embargo, esta iniciativa se ha convertido en un imán para los cárteles que buscan apoderarse de los fondos a través de alcaldes sometidos o, en su defecto, asesinados. Este año, Chilpancingo recibirá 357 millones de pesos del “Ramo 33”, una suma que ha sido el objetivo de diversas organizaciones criminales.
Según un teniente del Ejército, quien pidió el anonimato, “los alcaldes son citados al inicio de su mandato por los grupos delictivos y se les presenta un plan para manejar el ‘Ramo 33’ con sobreprecios y corrupción”. Los alcaldes que acceden a las demandas sobreviven, mientras que aquellos que se niegan, como Alejandro Arcos, enfrentan la muerte.
Entre los principales actores que disputan el control de Chilpancingo se encuentran al menos seis grupos criminales, entre ellos “Los Ardillos”, quienes dominan la región de Petaquillas, donde se presume que el alcalde Arcos se reunió con sus asesinos antes de su ejecución. Otros cárteles como “Los Rojos”, “Cártel del Sur”, y “Los Tlacos” también operan en la capital, incrementando los niveles de extorsión, desapariciones y homicidios en la zona.
El control del “Ramo 33” no solo implica el desvío de recursos, sino también la expansión de la influencia criminal en proyectos clave. Un ejemplo de ello es el mercado municipal Baltazar R. Leyva Mancilla, donde todos los vendedores pagan “derecho de piso”. Además, grandes obras, como el relleno sanitario que atiende a la zona centro del estado, también están bajo la sospecha de ser financiadas con recursos federales y controladas por estos grupos.
La tragedia de Chilpancingo no es un caso aislado. El control del “Ramo 33” por parte del crimen organizado se repite en múltiples municipios del país, donde la vida y muerte de los alcaldes depende de su capacidad o voluntad de negociar con los cárteles. Esta compleja red de corrupción y violencia continúa cobrando vidas, mientras el verdadero propósito del “Ramo 33” –mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos– queda olvidado.
Pero este miserable régimen de simulación y complicidad criminal. Todavía la marioneta, hoy en su mala copia de la homilía pejista, recalca que no “regresará la guerra de Calderón”.
Es decir, quién manda es el crimen organizado en contubernio con el gobierno del estado y el gobierno federal, por qué no hay otra razón por la cual no puedan acabar con esa gente, la única razón es que son compinches.
En tierra caliente el narcotráfico pone la nómina y además todas las licitaciones de obras públicas van para ellos. Sin contar el control de mercados municipales extorsión y cobro de impuestos en todos los productos de canasta básicos.
