Por: Andrés Timoteo / columnista
Durante cinco días de la semana pasada, de martes a sábado, mil 100 trabajadores que fueron despedidos del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), organismo paramunicipal que era el encargado de suministrar agua potable a los municipios conurbados de Veracruz, Boca del Río y Medellín, realizaron un plantón en la Plaza Regina de Xalapa, frente a Palacio de Gobierno, para exigir la intervención del Gobernador.
El SAS, como se sabe, fue desaparecido y sustituido por el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS) a cargo de las transnacionales Odebrecht, de Brasil, y la española Aguas de Barcelona, y de los Ayuntamientos de Veracruz y Medellín de Bravo con una participación accionaria simbólica. Boca del Río no está en dicho proyecto empresarial para el cual se retorció la Ley y se entregó una concesión leonina.
A las firmas transnacionales, entregándoles el sistema de agua potable por 30 años y se les facultó leoninamente para exprimir a los consumidores.
No solo fijarán nuevas tarifas a voluntad sino que la inversión en infraestructura será cargada a los socios minoritarios, es decir, a las Alcaldías. Así, con dinero público se alimentará un negocio privado. Y el caso viene a colación porque la privatización del agua potable en la conurbación Veracruz-Medellín, una de las madejas que conducen a la red de corrupción entre políticos y la transnacional Odebrecht.
Hoy es un escándalo en toda Latinoamérica los sobornos millonarios que Odebrecht pagó a funcionarios de más de 16 países a cambio de la entrega de contratos de obras o concesiones para explotar bienes públicos, como se hizo para que le dieran el sistema de Agua Potable de Veracruz.
Los sobornos o coimas que directivos de Odebrecht entregaron a funcionarios públicos en toda América Latina han sido evidenciados con la investigación judicial denominada “Lavo Jato” (lavado de automóviles) en Brasil.
Por dicha investigación se tiene bajo indagatoria al expresidente carioca Inacio Lula, fue el pretexto para la destitución de su sucesora, Dilma Rousseff, y detonante para la expedición de una orden de aprehensión en Perú contra el expresidente, Alejandro Toledo y la apertura de investigaciones judiciales contra otros dos exmandatarios peruanos, Alan García y Ollanta Humala.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, también está acusado de entregar contratos de obra a Odebrecht a cambio de contribuciones para su campaña electoral de reelección en el 2014. Vaya, es una marabunta política el caso de los sobornos a políticos latinoamericanos y por eso también, los Gobiernos de muchos países comenzaron a cancelar contratos y concesiones a Odebrecht, pues todos están manchados de corrupción.
Pero en México y en Veracruz parece que no se mueve nada. No sólo el agua potable le fue entregada a Odebrecht durante el Gobierno del Estado en la pasada Administración, sino que desde el sexenio de la fidelidad se tenía proyectado –claro, los abusivos pensaban que el PRI iba a seguir en el Gobierno Estatal- entregarle el manejo de los sistemas municipales de agua en Xalapa, Coatzacoalcos y Córdoba. Por eso a Hidrosistema de Córdoba lo saquearon y lo hicieron ineficiente para tener la excusa de privatizarlo.
Además, Odebrecht tiene más de una docena de proyectos para construir presas hidráulicas en las cuencas veracruzanas, entre ellas las de El Naranjal y Bandera Blanca en Amatlán de los Reyes y Zongolica, respectivamente, así como Los Pescados en Jacomulco, donde organizaciones ambientalistas mantienen luchas de resistencia contra los mismos porque causarán un ecocidio irreversible. En estos proyectos hay mucho dinero de por medio, al grado que la firma brasileña ha llegado al homicidio con tal de eliminar a las voces que los cuestionan.
El 2 de agosto de 2013, sicarios –presuntamente contratados por la transnacional- lapidaron al activista Noé Salomón Vázquez Ortiz, uno de los opositores de la presa El Naranjal y el crimen sigue impune. El asesinato de ecologistas ha sido una práctica frecuente de Odebrecht en toda América Latina. Pero ni los homicidios ni los escándalos de corrupción han movido a los políticos mexicanos para detener los negocios con la empresa trasnacional.
La concesión por 30 años en el sistema de agua potable de Veracruz y Medellín fue reafirmada por el Gobierno pasado y el Congreso del Estado el año pasado pese a que Marcelo Odebrecht, presidente de la empresa, ya había sido detenido y encarcelado desde junio del 2015. Actualmente purga una condena de 19 años de prisión en Brasil, que fue renegociada a diez años de cárcel si revelaba la red de sobornos.
Además, tanto el Gobierno Estatal como el Federal, mantuvieron los contratos con Odebrecht para construir el complejo petroquímico llamado Proyecto Etileno XXI en Coatzacoalcos, así como la construcción al Norte del País del gasoducto Los Ramones, de 450 kilómetros de longitud, y el acondicionamiento de un terreno donde se levantará la refinería de Tula, Hidalgo.
Según las confesiones hechas por Marcelo Odebrecht, entre los años 2010 y 2014, la firma pagó 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos. ¿Cuánto de eso cobraron el innombrable –quien es el principal que está detrás de la privatización del agua potable y la concesión para las presas hidráulicas-, Javier Duarte y el alcalde Ramón Poo, quien defiende hasta con su vida el chanchullo de MAS y se ha erigido en vocero de la transnacional? -En resumen, Veracruz fue el escenario donde se juntaron dos sistemas mega-corruptos: la multinacional Odebrecht y la fidelidad. La tormenta perfecta, pues.
IRLANDA O CANADÁ
Hablando de uno de los corruptos en el caso Odebrecht-Veracruz, y quien siempre ha estado rodeado de lo tenebroso, nadie sabe el paradero del impresentable exgobernante estatal desde que fue echado del consulado mexicano en Barcelona, España. Anunció que vendría a Veracruz a defenderse de lo que consideró difamaciones aberrantes, por haber sido señalado de ser uno de los responsables de falsificar medicamentos y engañar a los pacientes enfermos de cáncer que recibieron tratamientos apócrifos en hospitales de la Entidad, entre ellos niños.
Levantó una polvareda mediática, apoyado por nostálgicos periodistas y opinadores quienes promovieron una llegada apoteósica al aeropuerto Heriberto Jara Corona. No sucedió. La semana pasada, un conductor radiofónico de la Ciudad de México afirmó que el innombrable le había comunicado que ya se encontraba en el País. Sin embargo, nadie lo ha visto aún cuando hubo rumores que había estado en Tepito, participando en una misa negra en honor a la Santa Muerte y que otros lo ubicaron en Naucalpan, Estado de México, y en su lujoso departamento de Santa Fe.
A sus corifeos en Veracruz el alma se les está yendo al cielo, su tótem no viene. Él amagó estar físicamente encabezando su defensa jurídica –se dice abogado, pero en su vida ha litigado, pues siempre ha medrado del erario- fue mera alharaca. El innombrable no ha llegado a Veracruz ni lo hará porque teme que lo detengan y trasladen a un reclusorio como ha sucedido con otros pillos que se robaron el dinero en estos últimos doce años. El tipo nunca ha sido un valiente sino un taimado, por eso no pondrá un pie en tierras jarochas.
Mucho menos lo hará ahora que el Juzgado Décimo de Distrito en Xalapa negó, hace dos días, la ratificación del amparo que promovieron sus abogados para no ser detenido. Ese fallo judicial sacude todo el andamiaje mafioso que construyó y representa, pues ahora, que el capo está desprotegido, al resto de los integrantes del cartel de la fidelidad les rechinan los dientes y les tiemblan las pantorrillas. Y efectivamente, desde ayer se insiste en la versión de que el innombrable no está en el País sino que continúa en el extranjero.
Algunos sostienen que de Barcelona voló a Irlanda o a Canadá, previendo que en esos países se apoltronará para no ser extraditado, como en su momento lo hizo el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, cuando Vicente Fox lo quiso encarcelar o Carlos Salinas de Gortari, durante el Gobierno de su sucesor, Ernesto Zedillo. De ser así, lo que se anticipó se está cumpliendo, el innombrable terminará huyendo y refugiado en algún escondrijo. Claro, rodeado de riqueza –de lo que se robó- pero también consumiéndose por el miedo porque van tras de él y tarde o temprano le echarán el guante. Así sea.
SOLUCIÓN POLÍTICA
Por cierto, retomando el tema inicial, el Gobernador les dijo a los trabajadores despedidos de SAS que no está en sus manos resolver el conflicto, pues es un tema laboral y municipal, y además que no cabe una “solución política”. Se equivoca. La desaparición irregular del SAS, la concesión leonina para el MAS y el despido de los empleados sindicalizados fue una decisión de políticos, de la fidelidad, que son parte de los beneficiados con ese negocio.
Todo el camino jurídico que se recorrió para arribar a la concesión del agua potable a las transnacionales también tuvo el ingrediente político. Y la solución del conflicto con los trabajadores también es política. Se requiere voluntad política de quien ostenta el poder estatal para que se destraben los mecanismos laborales y jurídicos.
Más aún, desde el punto de vista electoral, le conviene al propio Gobernador resolverlo con justicia, pues mil 100 trabajadores significan –multiplicados por 5 que es la media de habitantes por familia- 5 mil 500 votos a favor de Acción Nacional, si hay justicia para los obreros, y la misma cantidad de votos de castigo para el PRI porque son los priistas-fidelistas los responsables de esos despidos.
Todavía más, le conviene porque su hijo, el impresentable Fernando Yunes Márquez , quien todavía ocupa una curul en el Senado, pretende ser candidato a la Alcaldía porteña –es impresentable porque se atreverá a pedir el voto de los ciudadanos pese a que los traicionó al votar a favor de la Reforma Energética y la privatización de la riqueza petrolera, causantes del “mega-gasolinazo”, el alza de precio y la inflación. -Entonces, la solución del conflicto con SAS pasa por el tamiz político y electoral,
