Por: Edgar Hernández* / columnista
A escasas dos semanas del encuentro Cuitláhuac García/Miguel Angel Yunes, previo al arranque del proceso de entrega recepción, el ambiente se respira tenso, ríspido.
Asoma la ruptura.
En la total desesperación el mandatario saliente se aferra a un ilegal “Comité Ciudadano” integrado por gente desacreditada y bajo sospecha, arrojando al mismo tiempo plastas de maquillaje a su desempeño público para ajustar cuentas millonarias que no le cuadran.
Mientras, del lado de Cuitláhuac García se observa con preocupación y enojo una eventual entrega de arcas vacías el uno de diciembre.
Lo que sucede por estos días es un intento tardío de Yunes Linares por generar irritación ciudadana al adelantar que no hay dinero para cubrir los aguinaldos, pensiones y el pago de salarios del último mes y el primero del año próximo para la burocracia.
“Yo no pagaré aguinaldos (7 mil millones), le toca a Cuitláhuac, yo llegué sin recursos y en diciembre ya no seré gobernador”, dice Yunes con un dejo de venganza.
El gobierno entrante insiste, sin embargo, que es “ilegal” no cubrir los gastos de diciembre “contemplados en el presupuesto de egresos 2018”, al tiempo que advierte que se procederá si lo dejan sin recursos.
Aquí la pregunta obligada es ¿Proceder legalmente es llevar a la cárcel a Miguel Angel Yunes Linares?
Por lo pronto, Cuitláhuac ha dejado en claro que desconfía del gandallismo a quien poco importa que esté advertido de su ilegal proceder, así como las serias sospechas que se ciernen sobre su entorno por presuntos desvíos de dinero del gobierno.
La propia Secretaría de Finanzas está en la mira del equipo de transición de Cuitláhuac integrado por 40 elementos.
Son 20 abogados altamente calificados que proporcionará la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y 20 auditores generales de la Auditoría Superior de la Federación para revisar con lupa de lo que se entrega/recibe.
También habrá de participar gente del próximo Secretario de Gobierno, Eric Cisneros, así como diputados locales y federales encabezados por el legislador José Manuel Pozos, el representante personal del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, y el comisionado de Cuitláhuac García, un hombre muy allegado con quien guarda parentesco.
El chafa “Comité Ciudadano para la Entrega-Recepción” designado el pasado 11 de septiembre por el gobernador saliente no tendrá voz ni voto. Sus integrantes no podrán siquiera sentarse como observadores ante “el más serio encuentro de transparencia de los últimos tiempos”.
Cuitláhuac García ha insistido sobre Yunes que “Se fue un ratero (Duarte), pero se quedó un ladrón (Yunes Linares) y ha lamentado que no solo le están dejando vació el cajón sino con deudas impagables.
“Con el SAT son 13 mil millones de pesos por pagar”, ha denunciado el entrante.
Y eso no es todo.
De tragedia social está resultando el saldo financiero negativo que se deja a Cuitláhuac García, quien voz en cuello denuncia las “transas” de Miguel Angel Yunes, “quien se está clavando el dinero del pueblo”.
No hay claridad de la disposición de ranchos, aviones, helicópteros, departamentos de lujo y bienes inmuebles presuntamente incautados en Estados Unidos y España en favor de Veracruz.
Solo se habla –según el gobernador- de “Más de mil 522 millones 119 mil 859 pesos recuperados para beneficio del estado de Veracruz”, dejando el desglose al Comité Ciudadano creado por él con un grupo de aliados y beneficiarios de su gobierno.
Sin aclarar tampoco los 900 millones que según el gobernador electo se llevó Yunes Linares por la negociación, pagadera a 30 años, de la deuda pública de Veracruz, que si bien no se sabe a ciencia cierta a cuánto asciende, hay números que revelan que alcanza los 80 mil millones de pesos.
Otros números de Cui-tláhuac:
En el limbo de las desapariciones financieras quedaron 20 mil millones de pesos que Yunes tenía dispuestos para entregarlos a la nueva administración gubernamental que siempre no fue así debido al “retraso de las participaciones federales”.
Una más:
La venta de garaje de 243 vehículos –hasta los clásicos del Museo Imac fueron puestos a remate- que dejarían un saldo en caja de 70 millones de pesos. Esos remates “son una verdadera transa”, ha denunciado Cuitláhuac García quien llama además a los diputados federales a exigir a la PGR “informe sobre el curso de las denuncias contra Yunes”.
En ese escenario quedan asimismo en el misterio las dudas financieras por las ganancias ilícitas de las empresas fantasma; los cobros extra a taxistas por el reemplacamiento y reordenamiento vehicular, incluido el empadronamiento y examen antidoping, que tuvo un costo de 7 mil pesos por unidad.
En Veracruz hay 66 mil 669 taxis, la recaudación fue de 469 millones de pesos.
Y por si fuera poco Yunes reclama una lancha italiana millonaria que compró Duarte en 14 millones que anda por ahí desaparecida y que está urgido que se la devuelvan.
En fin, bajo sospecha quedan además los negocios multimillonarios realizados el último bienio por la Secretaría de Salud y el jineteo de 7 mil millones de pesos que fueron a parar, según el excandidato priista al gobierno Pepe Yunes, a una “licuadora” con fines distintos a la solventación de deudas como la de cinco mil millones que se tiene con empresarios y prestadores de servicios.
En los hechos no hay quien aclare si existe una declaración auténtica de los bienes que posee Miguel Angel Yunes Linares, ya que su tres de tres no coincide a la presentada en el 2016 cuando fue diputado federal.
Ya mismo hay quien opina que la fortuna de la familia Yunes Linares ronda en los tres mil millones de pesos.
Por lo pronto la PGR cuenta con una “Carpeta Azul”, entregada durante la pasada campaña presidencial por Andrés Manuel López Obrador y en dos ocasiones Javier Duarte ha denunciado a Yunes Linares –también ante la PGR- por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
De considerar además que el ex dirigente del PAN, Manuel Espinosa Barrientos presentó ante la autoridad ministerial una denuncia contra el multicitado por enriquecimiento ilícito por “tres mil millones que presuntamente corresponden al valor de 36 propiedades”.
Revela además que Yunes posee cuentas bancarias en Estados Unidos, Yakarta e Indonesia.
Y el 9 de agosto del 2016 la sección 32 del SNTE lo acusó de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito por desvíos en el sistema de préstamos de dinero a maestros con la empresa “Consupago”.
Conclusión: ¡Si hay ruptura, habrá show!
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo
