México ha avanzado en los últimos años en la mejoría sustantiva de sus sistemas de información: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Consejo Nacional de Población, y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, constituyen hoy un marco institucional con una capacidad de generación de datos y estadísticas, que si bien debe aún mejorarse y potenciarse, no tiene precedentes en la historia de nuestro País.
A pesar de lo anterior, debe comprenderse que tener los datos no es equivalente a tener diagnósticos; estos deben ser construidos, en principio, con base en una explicación e interpretación del contexto; en la descripción de la multicausalidad y multifactorialidad de la realidad, así como en la generación de hipótesis para el diseño de políticas e intervenciones públicas.
Hay además otra dimensión en el sistema de decisiones públicas, que está más allá de los criterios científico-técnicos; y es la de la sensibilidad para “medir la temperatura” y, utilizando un término musical, el tiempo de los problemas sociales. Esta es una virtud que debe tener toda persona dedicada a lo público; pues es lo que le permite matizar y mesurar las decisiones que se toman desde el Estado.
Todo esto es importante, de cara a uno de los mayores retos que tendrá la próxima Administración, y que consiste, en palabras del Presidente electo, en pacificar y reconciliar al País. Es una frase que se dice rápido, pero que en términos de políticas y programas de Gobierno, implica un conjunto de decisiones político-administrativas de enorme complejidad.
El diagnóstico que deberá elaborarse para ello debe partir del reconocimiento de un País en que el dolor, el odio, la angustia, la tristeza, el miedo, son categorías a considerar como determinantes de las precarias condiciones de salud mental en amplios sectores sociales, que han sido lastimados y hasta avasallados por la violencia y la criminalidad rampante que afecta a todos por igual.
¿Cómo reconciliar a un País con más de 250 mil cadáveres regados por todo el territorio nacional? ¿Cómo reconciliarnos cuando hay decenas de miles de personas desaparecidas o no localizadas? ¿Cómo reconstituir el tejido social, cuando hay miles de niñas, niños y adolescentes reclutados por el crimen organizado e involucrados en actividades delictivas?
¿Cómo apoyar y reintegrar socialmente a quienes hoy viven con alguna discapacidad o secuelas de salud adquiridas por la violencia perpetrada por los grupos delincuenciales, pero, también como resultado de eventos de tránsito (que son también eventos violentos), de violencia intrafamiliar o de violencia en pareja?
Las anteriores no son preguntas retóricas. Se trata de cuestionamientos básicos que deberán estar en la base del diseño de la nueva política de seguridad ciudadana que comienza a perfilarse por el equipo de transición del nuevo Gobierno, y que se ha planteado metas ambiciosas como la reducción al 50% de los homicidios que hoy se cometen; es decir, pasar de más de 30 mil al año, a alrededor de 15 mil en el año 2021.
López Obrador ha ofrecido gobernar con base en la Constitución Política, pero apegándose a una “constitución moral”; dicho en términos populares, eso implica “gobernar con el corazón”; y en esto, la intención no debe estar reñida ni con la eficacia ni con la racionalidad técnico-administrativa.
Jean Luc Nancy ha escrito que lo que tenemos enfrente es una tierra que lo es todo, menos un legado de humanidad. Y eso es nada menos lo que debe transformarse: aliviar el dolor, recuperar la alegría, abrir posibilidades de felicidad para todos. Son objetivos loables, pero que no se consiguen en un corto plazo. Por ello, si el Gobierno entrante quiere en serio tener éxito, debe saber que la reconciliación no va a llegar pronto; y en consecuencia, planear y gobernar en un horizonte auténtico de largo plazo.
Investigador del PUED-UNAM
Twitter: @mariolfuentes1
