Desde hace más de 25 años los procesos electorales han pasado por una dinámica de cambios y ajustes, una suerte de ensayo y error, que han hecho de esta materia un laberinto complicado de transitar. Al término de cada proceso de elección presidencial, al menos desde 1988 a la fecha, surge un problema que afecta a los principios democráticos, luego viene una propuesta legislativa y se hace una reforma. Este ciclo de elección, conflicto y reforma constituye ya una parte emblemática del sistema político mexicano. Hemos pasado de un régimen de partido hegemónico a otro de carácter dominante y luego llegamos a uno de competencia y alternancia, pero no se ha logrado tener un modelo electoral que deje satisfechas a las partes, siempre queda una piedra en el zapato.
En 1988 fue la falta certeza en el voto y el fraude electoral, en 1994 se trató de la falta de equidad, en el 2000 fue el dinero sucio en las campañas, en 2006 fueron los medios y la violación a las reglas y en 2012 fue de nuevo el dinero excesivo en las campañas. Así, hemos tenido instituciones confiables y autónomas, que más adelante han sido recuperadas por los partidos, como sucedió con el IFE a partir de 1996 y luego en 2003. De la misma forma, llegó un financiamiento millonario a las manos de los partidos y más adelante se cambió el modelo de medios para tener mucho dinero y no pagar tiempos en medios, sólo del Estado. A pesar de todo, no hemos podido salir de esta dinámica de ajuste permanente.
Durante muchos años se luchó para tener competencia; luego, que se reconocieran las alternancias; más tarde se quiso que la pelea fuera equitativa y que el resultado propiciara mejores gobiernos y democracia con calidad. Ya hay competencia y alternancia, pero todavía no se logran mejores gobiernos; la calidad sigue pendiente y la equidad no se logra.
El modelo de financiamiento político-electoral pasó a ser mayoritariamente público en 1996, así se logró garantizar la competencia. Luego llegó el problema de los altos costos, porque a pesar de tener mucho dinero no alcanzaba para pagar tanto tiempo en la televisión y se metía dinero sucio a las campañas por debajo de la mesa. En el 2006 se demostró que el modelo de medios necesitaba un cambio y así llegamos al uso exclusivo de los tiempos oficiales. Al mismo tiempo, se hizo un esquema de fiscalización absurdo, se creó una unidad técnica dentro del IFE y se sacó de esa órbita a los consejeros. De esta forma se puede entender mejor lo que ha pasado en las últimas semanas con la fiscalización de 2012: existe un organismo sin las trabas legales de antes, pero que hace proyectos sin la profundidad para garantizar la equidad y el respeto a la ley. El caso Monex pasará a la historia como un fraude a la ley. Además, si falla el mecanismo de vigilancia, queda la partidización de los consejeros militantes o de los oportunistas, que garantizan la impunidad, como sucedió el pasado 23 de enero en el IFE. Los expedientes que hace la unidad de fiscalización llegan sólo con dos días de anticipación y los consejeros tienen conocerlos para votarlos, pero es poco tiempo, por eso se pidió posponer el caso.
En todo este proceso todos los partidos son los responsables de lo que ha pasado con las reglas electorales, ellos tienen el monopolio y el control. El interés de los partidos es recibir la mayor cantidad de recursos posible, con la menor transparencia. En 2007 lograron tiempos oficiales y grandes sumas de dinero público y así lo dejaron establecido en la propia Constitución (artículo 41). Es el único gasto constitucionalizado. A los políticos les molesta tener organismos autónomos como fue el IFE entre 1996 y 2003, por eso mejor los controlan y se reparten las sillas de consejeros. Pero, como el poder siempre necesita más, crearon una unidad de fiscalización, aparentemente muy poderosa, sin contaminaciones políticas, que operara fuera de la dinámica de los consejeros. No se podía repetir otro Pemexgate.
En este contexto podemos entender mejor lo que pasó con Monex, caso que ahora va al Tribunal. En la próxima sesión del IFE lo más probable es que otra vez veamos cómo se le da la vuelta a la ley: el PRI gastó más pero “arregló” mejor sus cuentas, y la izquierda, que menos gastó, no arregló sus cuentas y terminará con una sanción. Al final, siempre queda una piedra en el zapato, pero no hay que perder las esperanzas, si todavía quedan algunas, porque para cualquier piedra en el zapato hay una nueva reforma para resolver lo que no funcionó…
@AzizNassif
Investigador del CIESAS
