LA MENTIRA ADORNADA

De acuerdo a las cifras dadas el pasado lunes por el gobernante en turno, Javier Duarte de Ochoa, cada uno de los 8 millones de veracruzanos –incluyendo aquellos que no tienen ningún ingreso como los recién nacidos, los niños pequeños, los ancianos que ya no pueden trabajar, los reos y los discapacitados debe 5 mil 560 pesos. El Ejecutivo estatal reconoció que la deuda pública de Veracruz es de casi 45 mil millones de pesos -44 mil 470 millones de pesos, cifra exacta- pero no incluyó la sumatoria de lo que llamó “pasivos para el pago de bienes y servicios” que permiten la operación diaria del gobierno.

 

Es decir,  los adeudos con  proveedores y prestadores de servicios, mismos que siguen como el secreto mejor guardado, pues nadie conoce el monto.  Diversos  académicos y analistas financieros sostienen que dicha cifra podría duplicar e incluso triplicar  la deuda reconocida como pública por el gobierno estatal. 

 

Algunos -los más moderados- hablan de que la deuda real es de  80 mil millones de pesos,  otros que llega a los 100 mil millones de pesos y otros más que puede superar  los 120 mil millones de pesos. Entonces, cada veracruzano en realidad debe entre 8 y 15 mil pesos, que tendrá que pagar en las próximas tres décadas.

 

Con lo anterior se deduce también que en tan solo 11 años –los seis de la fidelidad y los cinco que lleva el duartismo- la deuda pública estatal se elevó más de 23 veces, pues partió de 3 mil 500 millones de pesos que dejó el ex gobernador Miguel Alemán Velasco. 

 

En  su  conferencia de prensa –que en realidad fue un monólogo porque no se permitieron preguntas- Duarte de Ochoa sostuvo además que esos adeudos se hicieron para financiar obra pública e incluso aventuró la descabellada idea de que endeudarse es algo normal y hasta obligatorio, pues el gobierno que no contrata créditos “es irresponsable”. Así,  la pregunta obligada es ¿dónde está la obra pública?  Tal  inversión no se ve por ningún lado porque la infraestructura pública de la entidad está en situación de desastre: las carreteras destrozadas, los caminos intransitables, los hospitales sin médicos ni medicinas, las becas estudiantiles no llegan, los jubilados tienen que marchar cada mes para presionar obtener el pago de su pensión, el llamado Túnel Sumergido de Coatzacoalcos lleva once años sin terminarse, la autopista Córdoba-Xalapa nunca se realizó como tampoco el libramiento ferroviario para liberar del tráfico vehicular a la Ciudad de los Treinta Caballeros.

 

Los deportistas profesionales reclaman 80 millones de adeudo de sus becas, todavía no se terminan de pagar los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la Universidad Veracruzana (UV), reclama por mil 800 millones de pesos de presupuesto retenido, al  Instituto de Pensiones del Estado (IPE)  le deben 3 mil millones de pesos, y así son innumerables los pendientes en la obra pública y el rubro social. Es decir, el monto exorbitante de la  deuda pública no se está reflejando en beneficios para los veracruzanos.

 

SEMÁFORO EN ROJO

 

Es verdad que la administración de Javier Duarte de Ochoa recibió una herencia envenenada de su antecesor, el impresentable, que inició con la escalada de la deuda pública. Le heredó “oficialmente” 20 mil millones de pesos en deuda –hay que recordar una de las anécdotas más pestilentes ocurrida un mes antes de dejar el “pinche poder”, como él mismo describía a la gubernatura,  en octubre del 2010 cuando el congreso local aprobó la contratación de un crédito por 10 mil millones de pesos  que deberían servir para la reconstrucción de comunidades damnificadas por los huracanes, pero que nunca llegó a su destino pues, según la leyenda negra, el impresentable se lo embolsó completamente como “bono de marcha”.

 

Duarte de Ochoa recibió esa deuda pero no hizo nada por disminuirla, al contrario la duplicó en apenas cinco años, cargándosela a las espaldas y bolsillos de los contribuyentes. Hoy Veracruz  no tiene finanzas sanas ni economía pujante ni es más justo socialmente, como lo aseguró Duarte de Ochoa en sus dichos del lunes anterior. 

 

Y para confirmar el engaño sólo hay que poner atención a la gramática del  discurso pronunciado el lunes pasado porque en una sola frase ocupó cuatro adjetivos seguidos: “Veracruz sigue manteniendo finanzas públicas sanas, responsables, confiables y transparentes”.  

 

Las reglas de la redacción de textos de prensa o discursos políticos exigen no abusar ni de los adjetivos ni de los superlativos porque revela no sólo pobreza de lenguaje e  incapacidad para describir sucesos, personas, y contextos, sino que exhibe la trampa, la intención de ocultar la verdad, adornando la mentira. El emisor de un mensaje político no puede autocalificar su trabajo, señalaba un profesor de la Universidad de Salamanca, España, durante un taller de redacción.

 

Los adjetivos y los superlativos son instrumentos gramaticales que generalmente les pertenecen a los lectores o del público al que va dirigido el mensaje para calificar lo que se les transmite –en el caso específico de un gobierno: su desempeño y sus resultados-. La retórica ramplona es fácil de detectar cuando se construye un discurso descuidado y desaseado gramaticalmente y el emitido por Duarte de Ochoa sobre el tema financiero está tachonado de todo eso: adjetivos y superlativos. La mentira adornada, pues.

 

Por otro lado, hay un asunto interesante que traerá consecuencias locales porque según a los parámetros que establecerá la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, cuya iniciativa fue dada a conocer el mismo lunes por el presidente Enrique Peña Nieto, Veracruz ya no podrá contratar más préstamos porque ya está en situación de “endeudamiento elevado” -en ‘semáforo rojo’- ya que sus pasivos reconocidos por Duarte, los  44 mil 470 millones de pesos, representan el 4.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de la entidad y la nueva ley prohíbe a los estados endeudarse más allá del 3.5 por ciento de su PIB.

 

Entones se caerán los proyectos inmediatos del gobierno estatal para bursatilizar los ingresos a futuro del Impuesto del 2 por ciento a la Nómina, otra parte de las participaciones federales a futuro y la adquisición de nuevos  empréstitos para obtener liquidez monetaria. 

 

Claro, esas medidas no estaban contempladas para enderezar el barco de las finanzas que ya hace agua sino para costear las campañas electorales del PRI en los comicios del 2016.  

 

Están en alerta roja porque el engrudo se les hará bolas con la nueva ley federal  que algunos ya comenzaron a llamar “Ley Anti-Duarte” por los dos Duartes, el de Veracruz y César Duarte, el gobernador de Chihuahua, quien también ha endeudado hasta la coronilla a su entidad. 

 

El Duarte chihuahuense recibió una deuda de 25 mil millones de pesos y ahora ya lleva 42 mil millones, la duplicó como su homólogo de Veracruz.

 

NO FALTA DINERO…

 

El ciudadano común se preguntará por qué preocuparse hablar tanto de la macroeconomía, un asunto que es aparentemente lejano a la mayoría de los ciudadanos pero no es así, al contrario,  la deuda pública tiene un impacto directo y a largo plazo en la microeconomía, es decir, a la economía familiar. ¿Cómo pega en cada hogar? 

 

Al haber más deuda hay menos dinero para obras, servicios y programas de apoyo debido a que se tiene que pagar el dinero prestado y sus intereses.  

Si a un municipio llegaban cien becas para los estudiantes, con la deuda llegarán sólo 50. Si a un hijo no le toca beca entonces los padres deben asumir los gastos totales u optar porque el niño o el joven deje de estudiar.

 

Si se tenía prevista la construcción de una carretera con cemento hidráulico que duraría treinta años, ahora sólo se hará con asfalto que apenas tendrá una duración de cinco años o menos si el material es rebajado por la corrupción de las empresas constructoras y los funcionarios encargados de la obra. 

 

Habrá, por supuesto, menos apoyos financieros para las personas de la tercera edad, para sostener las clínicas y centros de salud rurales y se disminuirán los recursos a productores agrícolas y pecuarios. Ese es el impacto real que pega terriblemente al bienestar de todos.

 

De pilón no hay que olvidar que 199 de los 212 cayeron en la trampa fidelista de bursatilizar los recursos que recibían por el Impuesto sobre la Tenencia y Uso Vehicular que recauda la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), de tal suerte que desde el 2010 ya no llega esa parte del dinero a las arcas municipales y por ende hay menos recursos  para costear los servicios locales como son el pago del alumbrado público, el mantenimiento  de parques y jardines, la realización de obras públicas con recursos propios del ayuntamiento y demás actividades en beneficio de la comunidad.

 

La macroeconomía siempre arrastra a la microeconomía, es decir, a los ciudadanos comunes que muchas veces ni siquiera la entienden. El economista español Tomás Iglesias explica el modelo de interacción entre las grandes finanzas (macroeconomía) –manejadas, obviamente por los hombres del poder-  y las pequeñas finanzas (microeconomía) con el ejemplo sencillo del lobo y las ovejas: En todos  los ecosistemas hay un depredador dominante y  así, el lobo siempre se come a la oveja, es lo mismo con los dos tipos de economías.  El asunto es que hay que entender que se debe controlar a la macroeconomía porque es un depredador carnívoro, y ¿adivinen qué?: las ovejas son los ciudadanos que están a merced del lobo.

 

En fin, corren malos tiempos en Veracruz no solamente a causa de la violencia sino también por las finanzas desastrosas. La sabiduría popular es sabia y siempre enseña a descubrir el origen de las calamidades, en este caso del quebranto financiero, y lo gritan los abuelos jubilados del IPE cada vez  que salen a las calles para exigir el pago de sus pensiones: ¡No falta dinero, sobran ladrones!