En Veracruz ocurre un fenómeno semántico: ya no alcanzan los adjetivos para describir lo que sucede. Es un hoyo negro donde las personas desaparecen sin volver a saber de ellas, dicen algunos. Es tierra de nadie, dominio crimen, opinan otros. Lo cierto es que ya se rebasaron todos los límites.
La lista de esos horrores creció ayer porque la periodista Anabel Flores Salazar fue encontrada sin vida sobre la autopista a Tehuacán, Puebla. Su cuerpo atado y lastimado. Anabel ya ocupa -lo que todos esperábamos que no sucediera- el lugar número 17 de la lista negra de periodistas asesinados en este sexenio.
De pánico es lo sucedido a los cinco jóvenes originarios de Playa Vicente que fueron víctimas de desaparición forzada en Tierra Blanca, hace ya casi un mes –el 11 de enero- donde policías estatales los detuvieron y entregaron a la delincuencia organizada. La tarde del lunes, los padres de los muchachos fueron informados que los restos de dos de ellos ya fueron identificados en base a exámenes forenses de ADN y eso abre otro capítulo de escalofrío pues se logró ubicarlos entre restos de cientos de personas dentro de una fosa clandestina en el rancho El Limón del municipio de Tlalixcoyan.
Es un cementerio particular de las células criminales para ‘desaparecer’ a sus víctimas. Los encontraron incinerados, pero hay quienes hablan de otros horrores como la existencia de tambos con ácido donde eran disueltos los cadáveres. Una auténtica “cocina” como lo llaman en el argot criminal, que funcionaba frente a las narices de las autoridades. Es el oprobio pleno.
Ayer, don Bernardo Benítez Herrera, padre de uno de los jóvenes, Bernardo Benítez Arróniz señalaba en entrevistas concedidas a varios medios informativos: “se comprueba la red de complicidad hay en el (gobierno del) estado con el crimen organizado, son cientos de personas calcinadas ahí en ese rancho”. ¿En qué momento se jodió Veracruz?, se podría preguntar -otra vez y otra vez- usando la frase del escritor peruano y Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa con la cual finaliza su libro ‘Conversación en la Catedral’ que describe a un Perú en decadencia.
Los pueblos y países que han vivido horrores de dictaduras, guerras y genocidios han tenido que recorrer ese largo y difícil camino de entender lo sucedido para procesarlo y llegar a la aceptación de lo acontecido. Así, la confirmación de que está muerto el ser querido que les fue arrebatado por desaparición forzada, permite el duelo. Permite llorarlo y de ser posible, sepultar sus restos. Es el rito que ayuda a procesar la tragedia y el duelo es importante para no quedar en una incertidumbre eterna.
Los familiares de Anabel Flores y al menos algunos padres de los jóvenes de Playa Vicente pueden tener ese duelo, doloroso y reprobable, algo que nunca debió suceder, pero que es lo mínimo para no vivir en el infierno de no saber cuál es el paradero de ese ser querido, si está vivo o no. El duelo es lo mínimo y lo inmediato que se les puede facilitar a las personas en este tipo de tragedias. Es lo básico cuando hay un gobierno fallido e instituciones inservibles y cuando se vive el reinado del hampa. Luego, claro, debe venir la justicia reparadora. Indagar judicialmente que sucedió y castigar a los responsables de obra y omisión.
COMISIÓN DE LA VERDAD
Por eso, entre las pocas cosas coherentes que se han escuchado en el periodo de precampañas está la propuesta del diputado federal y dirigente estatal del Partido Encuentro Social (PES), Gonzalo Guizar Valladares para integrar una Comisión de la Verdad.
El legislador sureño dijo algo muy cierto al emitir tal propuesta, que la creación de dicha Comisión de la Verdad es un “imperativo político” -pues desde la política se conduce al Estado- y todos, independientemente de la filiación política y también independientemente de quien gane las elecciones del mes de junio, están obligados a exigirla e integrarla. La entidad lo necesita urgente y no solo es necesario que participen los políticos sino también los académicos y los religiosos -obvio, los instruidos- que son en cierta forma, voces de conciencia pública.
Hay que recordar que, en países del cono sur del continente, estas comisiones de la verdad ayudaron a encontrar muchos de los desaparecidos, a documentar crímenes de Estado y a juzgar a los responsables de los mismos luego de que concluyeron las dictaduras mortíferas. Las Comisiones de la Verdad, reza la definición formal, son organismos de investigación que ayudan a las sociedades que han enfrentado graves situaciones de violencia política, criminal o guerra interna a enfrentarse con su pasado, a superar crisis y traumas, y a evitar que eso se repita en un futuro cercano.
A través de esas comisiones se buscan investigar los hechos más graves de violaciones a los derechos humanos, identificar las estructuras del terror y sus ramificaciones en las diversas instancias de la sociedad (fuerzas armadas, policías y el Poder Judicial), y a la vez, abren la posibilidad de reivindicar la memoria de las víctimas, proponer una política de reparación de daños -lo que se llama justicia reparadora- e impedir que esos responsables de las violaciones de derechos humanos continúen ejerciendo funciones públicas y burlándose del Estado de derecho. También par a juzgarlos y que paguen por sus crímenes.
En Chile tras caída del régimen de Augusto Pinochet, una de las comisiones fue presidida por monseñor Sergio Valech, obispo de Santiago. Se le conoció como Comisión Valech que documentó 3 mil 065 muertos y desaparecidos en ese periodo. En Argentina fue la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) encabezada por el escritor Ernesto Sabato, la cual documentó 13 mil muertos y desaparecidos durante las dictaduras de las juntas militares y sirvió para llevar a juicio y a prisión a decenas de jefes militares. En Perú, fue precisamente el escritor Mario Vargas Llosa quien presidio una Comisión de la Verdad creada exclusivamente para documentar el asesinato de ocho periodistas en el poblado de Uchuracay, en 1983.
En ese año, ocho reporteros de diversos medios subieron a la zona andina para investigar los asesinatos masivos contra indígenas quechuas cometidos tanto por terroristas como por el Ejército y grupos paramilitares, pero fueron asesinados a palos por lugareños que los confundieron con espías del gobierno represor. Los lugareños de Uchuracay vivían aterrorizados permanentemente por el constante ingreso de terroristas y “sinchis”, la policía antisubersiva, que cometían todo tipo de barbaridades contra ellos. Así, la violencia desbordada contra los reporteros fue una consecuencia del acoso contra esas comunidades étnicas que se organizaron en autodefensas para defender al pueblo.
Veracruz, con veinte periodistas asesinados y ocho desparecidos en los dos últimos sexenios – 17 asesinatos y cuatro desparecidos en este sexenio que todavía no acaba para infortunio de todos-, necesita una comisión de ese tipo, dedicada especialmente a los asesinatos en serie de comunicadores, a la desaparición forzada de los mismos y a determinar la responsabilidad que en los mismos tuvieron funcionarios y políticos.
MIÉRCOLES DE CENIZA
Nuestra indignación por lo que pasa, nuestro repudio a ese gobierno fallido y nuestra solidaridad para con los que hoy lloran a sus víctimas. En especial la solidaridad para la comunidad periodística por el caso de Anabel Flores. Hoy es Miércoles de Ceniza, y comienza el periodo litúrgico de los católicos para la reflexión, el ayuno y el recogimiento espiritual. Y hoy como nunca antes, son tiempos de guardar y de rezar pues el camino al calvario lo están viviendo miles de mexicanos y veracruzanos. ¿Hasta cuándo?
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