La centralidad que ha cobradoa la transparencia en la agenda pública tanto nacional como internacional obedece al reconocimiento generalizado que ésta tiene como herramienta fundamental para enfrentar los grandes problemas que aquejan a nuestras sociedades en la actualidad. Es por ello que hoy es la hora de la transparencia y el momento para aprobar las reformas constitucionales y legales que están en discusión en el Senado.
Los diez años de vigencia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental han hecho que el tema se haya socializado ampliamente. Tan es así que, a pesar de las resistencias que siguen existiendo entre buena parte de los funcionarios públicos que siguen concibiendo a la transparencia como una carga que los distrae de sus funciones sustantivas, hay sendas iniciativas de reforma en la materia que se presentaron desde el primer mes de la actual legislatura. Dichas iniciativas revelan que hay un consenso entre las diversas fuerzas políticas sobre la necesidad de fortalecer y darle consistencia a los esquemas y procedimientos para hacer de la transparencia un ingrediente de la normalidad cotidiana de la gestión pública en todos los órdenes y niveles de gobierno.
Sin embargo, tres meses de debate y de consulta a sectores sociales involucrados en el tema no han sido suficientes para arribar a un dictamen que pueda ser elevado al pleno del Senado. Como dice el dicho popular, “el diablo está en los detalles” y es ahí en donde se expresa la verdadera voluntad política por avanzar en la construcción de un verdadero sistema nacional de transparencia, que es el objetivo de las reformas en curso.
Pensar en el papel que juega la transparencia en las sociedades actuales puede ayudar a comprender por qué es importante que prospere el debate sobre la manera de mejorar el marco normativo que regula la transparencia, así como los mecanismos para hacerla operante, pues como bien ha dicho Hughette Labelle, presidenta de Transparencia Internacional, “las leyes son importantes, pero ponerlas en operación es el verdadero problema”.
La transparencia es una política pública que surte efectos positivos en el desarrollo y la democracia. Como bien señaló la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, en ocasión de la 15ª Conferencia Internacional Anticorrupción realizada en Brasil en noviembre pasado, “la transparencia es una palanca de inclusión social”, sin la cual es impensable el desarrollo y la democracia. Y es que la difusión abierta y extensa de la información pública permite que la población conozca la oferta de los servicios públicos y acceda a los satisfactores necesarios para poder desplegar todas sus potencialidades y alcanzar niveles básicos y dignos de bienestar. La transparencia es también un elemento de igualación social, ingrediente esencial de la inclusión. La transparencia es una condición ineludible y actuante del desarrollo, no su consecuencia, o dicho de otra manera, las sociedades son desarrolladas porque son transparentes, no son transparentes porque son desarrolladas.
La transparencia abre espacios para la participación de la sociedad en las decisiones gubernamentales que tienen que ver con la manera como se utilizan los recursos públicos y como se adoptan las decisiones que impactan en las condiciones físicas, ambientales, económicas, culturales, etc. de vida de la población. Una sociedad informada es una sociedad mejor equipada para identificar sus derechos, pero también para asumir sus obligaciones para con la comunidad de la que forma parte. La transparencia es un elemento de transformación de la relación entre sociedad y Estado porque al dotar a la población de elementos para desenvolverse mejor, trabaja a favor de una sociedad más activa y, por ende, de un Estado sometido a un mayor escrutinio y, por ello, más responsable frente a la ciudadanía de sus acciones y decisiones y, finalmente, un Estado más eficaz.
La transparencia es también un antídoto contra la corrupción, porque al vigilar y publicitar la actuación gubernamental ayuda a reducir los márgenes de discrecionalidad y de impunidad del poder, los cuales florecen y se reproducen en la opacidad. Los expertos en estos asuntos coinciden en señalar que la corrupción es un crimen en contra del desarrollo, porque en ella anida la exclusión y la impunidad.
No es casual, entonces, que en el actual debate de arranque del nuevo gobierno federal estén en el centro los temas de fortalecimiento de la transparencia y de combate a la corrupción. Las propuestas están hechas y hay avances importantes en la deliberación. Esperemos que la voluntad política expresada en las iniciativas de reforma tenga el suficiente aliento y compromiso para traducirlas en decretos de reforma efectivos en los próximos días.
