AGENCIA
Nacional.- El Gobierno de México ha presentado una iniciativa para modificar 12 artículos de la Constitución, lo que convertirá a la Guardia Nacional (GN) en una rama más de las fuerzas armadas. Esta iniciativa ha sido aprobada por la Cámara de Diputados y por las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado.
Creada en 2019 como una “institución policial de carácter civil”, la Guardia Nacional ahora tendrá un carácter permanente y militar en las tareas de seguridad pública, marcando un cambio significativo respecto a sus funciones originales.
La nueva redacción del artículo 21 de la Constitución establece que la investigación y persecución de los delitos recaerá no solo en el ministerio público y las policías, sino también en la GN, que estará compuesta principalmente por personal militar y naval. Esta fuerza de seguridad pública dependerá de la Secretaría de Defensa Nacional, según lo dispuesto por la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con esta modificación, la promesa de crear un cuerpo policial con mando militar transitorio quedó atrás. Organismos civiles como México Unido contra la Delincuencia han expresado su preocupación, argumentando que la aprobación de esta iniciativa significa que las fuerzas armadas permanecerán en las tareas de seguridad pública federal, lo que podría desvirtuar la función preventiva y de investigación del delito que deberían tener cuerpos civiles.
Históricamente, la oposición, particularmente desde la izquierda, ha criticado el uso de militares en tareas de seguridad pública. En 2010, el propio AMLO afirmó que “no es con el Ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia”. Sin embargo, con la nueva propuesta, el artículo 129 de la Constitución se modificará para permitir que las autoridades militares ejerzan funciones más amplias en tiempos de paz, incluyendo acciones de prevención y persecución del delito.
Además, los integrantes de las Fuerzas Armadas, incluyendo la GN, serán juzgados por tribunales castrenses por delitos y faltas contra la disciplina militar. Esto significa que, en cualquier momento, el presidente podrá emplear a la “fuerza armada permanente” en tareas de seguridad pública, incluso en situaciones de paz, lo que ha suscitado un debate sobre el futuro de la seguridad en el país.
