A partir del año 2014 los informes trimestrales de GEA-ISA (Grupo de Economistas y Asociados) se presentan de forma por demás novedosa al incluir escenarios de gobernabilidad en México basados en cuatro ejes: crecimiento económico, desigualdad social, democracia y gobierno efectivos, y Estado de derecho; hay que aclarar que lo que se mide es la percepción de los ciudadanos. La metodología, con una muestra de mil casos efectivos, acentúa el énfasis de sus resultados con frases como “estado de ánimo negativo”, “no es tan favorable”, “revertir el ánimo pesimista” o “las expectativas negativas”, que de antemano prescriben ciertas “percepciones”.
Es de llamar la atención el rubro Estado de derecho, y que refiere temas de seguridad, donde los analistas utilizaron un plano cartesiano para ubicar, en el cuadrante I los estados que van “mal y empeorando”, en el II los que van “mal, pero mejorando”, en el III los “bien y mejorando” y los IV “bien, pero empeorando”. La inclusión corresponde a los indicadores y no a una distribución geográfica. De acuerdo con ello, en los dos primeros meses del año, los estados “mal y empeorando” son los de Baja California, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, México, Michoacán, Morelos y Tamaulipas. Con excepción de Baja California y Tamaulipas, todos se encuentran en la zona central de la República mexicana. Pero, si consideramos que la información utilizada por GEA es la del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), cuya medición tiene base en las denuncias (es mayor la precisión de datos) y no en la percepción, encontramos lo siguiente en lo que respecta a Incidencia Delictiva Nacional:
Entre enero y marzo hubo ocho mil 345 homicidios (dos mil 804, dos mil 668 y dos mil 873); los estados con mayor cifra son México (mil 049), Michoacán (733), Guerrero (615), Guanajuato (546), Sonora (449), Oaxaca (418), Jalisco (349), Chihuahua (356), Chiapas (355) y el Distrito Federal (344). De acuerdo con la tendencia apuntada por GEA, Jalisco y Guerrero se encontraban en el plano II “malo, pero mejorando”, mientras que Chihuahua estaba en el plano III, “bien y mejorando”.
Faltaría incluir en el análisis de GEA la información sobre “robo”, que como todos sabemos, es un indicador que evidencia la afectación que hay sobre los ciudadanos de manera directa. De acuerdo con el mismo documento del SNSP, el total de robos durante el primer trimestre de este año fue de 157 mil 454 (127 mil 933; 127 mil 132 y 142 mil 389, por mes, respectivamente). Como puede observarse, mientras en enero y febrero las cifras fueron casi iguales, en marzo se incrementó el índice coincidiendo con el cambio del comisionado Nacional de Seguridad.
No obstante, independientemente de las posibles contradicciones que existieran por ubicar de mejor o peor forma a algún estado de la República, la clave desde mi punto de vista, es diferenciar qué delitos se tienen que enfrentar desde el ámbito del Poder Ejecutivo federal y el local. Aunque se percibe que hay una mayor coordinación entre la Secretaría de Gobernación y los gobernadores, los delitos de fuero común como el de privación ilegal de la libertad y secuestro se tienen que enfrentar desde la procuraduría de justicia de los estados que tienen competencia para investigar y perseguir a los responsables.
De otra forma, al hacer un balance para calificar “la gobernabilidad” el gobierno federal es el más “perjudicado” cuando se trata de demostrar los indicadores de percepción no importando que en los rubros que le corresponde haya bajado el impacto de la inseguridad.
Por estas razones y sin demeritar la importancia que conlleva el valioso trabajo realizado por GEA sería interesante que los análisis de cualquier institución con fines de medir la percepción y con ello su impacto en “gobernabilidad” fueran más allá, para identificar en los estados de la República el sentir de los ciudadanos con su gobernador o sus autoridades incluso, municipales (no importando de que partido político hayan emanado). Frente a las profundas modificaciones que el Estado mexicano vive un tema pendiente de la agenda es la responsabilidad que los Estados tienen para promover el desarrollo y garantizar la seguridad de los ciudadanos entre otros muchos asuntos que tienen que ver con la consolidación democrática.
*Maestra en derecho constitucional por la UNAM
ruthzavaletas@hotmail.com
