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La ganancia detrás del conflicto entre Oteapan y Chinameca

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AGENCIA

Xalapa.- Por más de 80 años los límites territoriales entre Oteapan y Chinameca, municipios ubicados al sur de Veracruz, han sido motivo de disputas, primero, por un predio conocido como La Tina Chica y años más tarde por nueve colonias que cada ciudad asegura son suyas.

Alcaldes y pobladores pidieron la intervención del Congreso de Veracruz, el gobierno del estado y ahora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para definir la división territorial de los dos municipios al asegurar que están en juego más de 2 mil hectáreas.

Sin embargo, no solo se trata de tierras, también de un botín millonario que implica el presupuesto que el estado designa, la obra pública y el cobro de los servicios básicos que se brindan a los ciudadanos.

El 30 de enero del 2020, el congreso local aprobó los límites territoriales entre esos dos municipios. El alcalde de Oteapan, Jairo César Martínez, platicó que con la nueva distribución les quitaron nueve colonias, 7 mil 116 habitantes, y los dejaron con apenas 10 mil 343 ciudadanos. Lo que le resta a su presupuesto poco más de 6 millones de pesos.

Mientras que el presidente municipal de Chinameca, Ramiro Alemán Valencia, aseguró que defenderán su territorio, pues los límites ya los definió la autoridad competente, “ya está en manos de gobierno del estado. Hoy tenemos un gobierno muy responsable que va a solucionar este problema”, dijeron.

PARA SABER

Esta decisión se vio reflejada en el presupuesto anual de Oteapan, que pasó de 54 a 50 millones de pesos, lo que, entre otras cosas, motivó a que cientos de habitantes de ese municipio tomaran durante dos días, la carretera federal 180, en el tramo Cosoleacaque-Acayucan, donde quemaron llantas y montaron casas de campaña.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez se deslindó del problema y responsabilizó este 8 de marzo a los alcaldes Jairo César Martínez (Oteapan) y Ramiro Alemán Valencia (Chinameca) de incentivar estas disputas. Finalmente, los manifestantes fueron desalojados con el uso de la fuerza pública y acusaron que fueron agredidos a golpes y con gas lacrimógeno.

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