La Fiscalía de Delitos Económicos ha presentado una querella contra la reconocida artista Shakira en el marco de una segunda causa en su contra por presunto fraude a Hacienda. La acusación se centra en un entramado de empresas ubicadas en paraísos fiscales y reclama una deuda de seis millones 686 mil 502 euros correspondiente a la declaración de impuestos del año 2018, que incluye el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Patrimonio (IP).
La querella ha sido interpuesta en los juzgados de Esplugues de Llobregat (Barcelona), lugar donde la Fiscalía argumenta que residía la cantante junto al futbolista Gerard Piqué. En julio, el Juzgado de Instrucción 2 ya había abierto esta segunda causa contra Shakira por presuntos delitos fiscales.
De manera paralela, la artista espera afrontar un juicio programado para comenzar el 20 de noviembre por presuntamente defraudar 14.5 millones de euros a Hacienda entre los años 2012 y 2014, también relacionado con el IRPF y el IP. En este caso, la Fiscalía busca una condena de ocho años y dos meses de cárcel.
La Fiscalía subraya que, al ser residente en España, Shakira estaba obligada a presentar las declaraciones correspondientes de IRPF e IP y a tributar por toda su renta mundial, sin importar dónde se generara o cuál fuera la residencia del pagador. Sin embargo, se alega que la artista “se sirvió de un entramado societario, derivando las rentas a sociedades domiciliadas en países de baja tributación y alta opacidad” para evitar el pago total de los impuestos correspondientes.
Se sostiene que las sociedades utilizadas para evitar el pago de impuestos fueron constituidas en diversos países, entre ellos Luxemburgo, Holanda, Malta, Islas Vírgenes, Panamá, Bahamas, Estados Unidos y Liechtenstein. Una de estas sociedades habría sido utilizada para recibir ingresos por derechos musicales y pagar gastos relacionados con su actividad musical, mientras que las otras, según la Fiscalía, “carecieron de medios materiales y personales para realizar actividad alguna y los gastos que generaron fueron los puramente administrativos, relativos a la llevanza y gestión de las propias sociedades y entidades”, supuestamente con el propósito de reducir sus declaraciones de impuestos.
