En temas locales, vaya que la información es abundante y también la desfachatez desborda a la clase política de Veracruz, especialmente a la priista. Ayer, desde el Congreso Estatal se iba a propinar otro golpe a los veracruzanos con el nombramiento de los tres magistrados de la recién creada Sala Anticorrupción en el Poder Judicial del Estado, pero fueron los mismos priistas los que retrasaron –ojo, que no suspendieron- esa decisión, porque no alcanzaron los 34 votos, es decir, las dos terceras partes del total de parlamentarios, para avalar a los personajes propuestos por Palacio de Gobierno.
Los priistas no se quisieron arriesgar a que la votación en pleno no concretara la imposición de esos magistrados y que la terna fuera descartada definitivamente y prefirieron recurrir a la treta de “reventar la sesión”, saliéndose una parte de ellos para evitar que se tuviera quórum -asistencia necesaria- para continuar sesionando. De esta forma, lo que se iba a votar ayer solamente se pospuso para la próxima semana, aún cuando es manifiesto el repudio ciudadano hacia los tres personajes propuestos para magistrados, por ser verdaderos impresentables.
Sobre dos de ellos pesan acusaciones precisamente de lo que estarían encargados de combatir. Uno es el ViVi –Viejo Vividor como les llama el maestro Luis Velásquez-, Francisco Portilla Bonilla, dos veces Alcalde de Córdoba, y en cuyas gestiones hizo negocios fabulosos con el presupuesto municipal, se involucró en asuntos del crimen organizado al entregar la Policía a un grupo delincuencial y permanece callado cuando las bandas criminales asesinaban al pueblo cordobés, y también ocultó y solapó el robo de 100 millones de pesos cometido por su antecesor, el también priista Juan Lavín Torres. ¿Cómo puede este señor ser un Magistrado, contra la corrupción cuando la lleva tatuada en la piel?
Recientemente, por algunos portales informativos se supo que su hijo, Francisco Portilla Gasca, cobra un salario sin trabajar como asesor de la Subsecretaría de Ingresos de la Sefiplan. El vástago aprendió bien de su progenitor, no le gusta trabajar y prefiere ser “aviador” de una dependencia estatal. “De tal palo, tal es la astilla”, dicen los viejos del pueblo. A Portilla Bonilla no lo pudieron imponer como titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, pues su propuesta se cayó la semana pasada ante el repudio generalizado, pero ahora el gobernante en turno lo quiere meter con calzador como uno de los tres magistrados en la Sala Anticorrupción.
Un caso igual de insultante es la exalcaldesa de Minatitlán, exdiputada local y líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Guadalupe Porras David, quien también es suegra del exalcalde de Coatzacoalcos, Marcos Theurel Cotero, otro pillo de siete suelas. Lo inaudito es que Porras David, conocida por los minantecos con el apodo de “Lu-Pilla”, encabezó el trienio 2008-2010 durante el cual construyó una fortuna personal impresionante y dejó una deuda al municipio por casi 300 millones de pesos, además de obras mal realizadas o ‘fantasmas’. Sin pudor alguno, el gobernante en turno la propone para combatir en lo que es toda una experta: la corrupción.
Ayer mismo, un grupo de pobladores de Minatitlán, entre los cuales estaban regidores de ese municipio, acudieron a la sede del Congreso Local para repudiar a Porras David y un día antes, el miércoles, el cabildo minanteco encabezado por el presidente municipal Héctor Damián Cheng Barragán, dirigió una carta al Congreso Local pidiendo no votar a favor de Porras David y denunciando el saqueo millonario que perpetró contra las finanzas municipales cuando fue alcaldesa.
“Porras David no reúne el perfil profesional ni ético para ser considerada como magistrada de la Sala Especializada en Combate a la Corrupción, toda vez que los veracruzanos exigimos funcionarios cuyo actuar en el servicio público no deje lugar a dudas de su probidad para desempeñar tan alta responsabilidad en la impartición de justicia”, le espetaron los ediles en su carta enviada a los congresistas.
El tercer aspirante a magistrado que impulsa Palacio de Gobierno, Alberto Tomasini Martínez, se desempeñaba como consejero jurídico del gobernante en turno, Javier Duarte de Ochoa, por lo que está ligado completamente al funcionario saliente y su función será, indudablemente, cubrirle las espaldas cuando lleguen los expedientes por actos de corrupción. Esto sin considerar que el señor Tomasini Martínez nunca ha litigado como abogado ni mucho menos cuenta con la experiencia en el ejercicio público.
Con esos tres inefables personajes, la locura e incongruencia se apoderará de la Sala Anticorrupción, pues tendría a “los corrutos presidiéndola”, como dijo el diputado perredista Jesús Vázquez Flores. “No serán los Magistrados Anticorrupción sino los magistrados de la corrupción”, ironizó por su parte la regidora minanteca Isabel Morales Aguirre apodada “La Potra” por sus paisanos y quien fue una de las que se presentó en el Congreso para repudiar el nombramiento de esos personajes.
REGALAR LO AJENO
En fin, el mismo tricolor impidió que se sometiera a votación esa terna de impresentables y ganó una semana para poder convencer a los diputados que se niegan a comprometer su apoyo para alcanzar los 34 sufragios que garanticen la imposición de la misma. Hay que agregar que ayer hubo otro revés para concretar el “paquete de impunidad” con el que pretenden blindar la salida del aún gobernante en funciones, ya que debido a la presión mediática se tuvo que retirar momentáneamente la propuesta para regalar once propiedades estatales o darlas como pago a deudas.
La más importante, la residencia oficial del Gobernador también llamada Casa Veracruz, sería entregada a tres organismos que encabezan funcionarios fidelistas: la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), presidida por Namiko Matzumoto, tía política del diputado federal por Acayucan, Erick Lagos Hernández; la ineficaz Comisión Estatal de Protección a Periodistas que encabeza Benita González, empleada de la exvocera del Gobierno Estatal, María Gina Domínguez; y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito, cuya titular es Mireya Toto, excolaboradora de Dante Delgado Rannauro, a quien traicionó para sumarse al Gobierno actual.
Debido a la protesta de grupos políticos, organizaciones de abogados, vecinos de la zona y a que existen dos dictámenes técnicos del Ayuntamiento xalapeño, sobre ordenamiento urbano que impiden que sea utilizada como sede de oficinas públicas por la incapacidad vial para recibir a visitantes, se retiró el punto del día que incluía regalar Casa Veracruz a esos tres organismos. Aquí hay que aclarar que la donación que se pretendía hacer de la residencia oficial del gobernante tiene una dedicatoria para el nuevo mandatario.
Lo que se pretende hacer es dejar sin residencia oficial a Miguel Ángel Yunes Linares –aunque éste había dicho que no la utilizaría- y eso es una especie de venganza del gobernante saliente, quien si pudiera, también regalaría Palacio de Gobierno para que su sucesor no tuviera un lugar donde despachar. El asunto es de formas y mensajes, como sucede siempre en política, dejar sin lugar para vivir a su sucesor –aunque sea un golpe publicitario meramente- es comparable a quien incendia la casa de donde fue echado para que el siguiente inquilino no pueda ocuparla. Es la venganza aldeana, de baja ralea.
También, ayer mismo y por presión de la opinión pública – concretamente de las cámaras empresariales -se retiró de la sesión parlamentaria la propuesta del Gobernador en turno para entregar otros diez inmuebles al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) como pago de la deuda millonaria, entre los que se encontraban el WTC de Boca del Río, el Museo Interactivo de Xalapa, el Parque Doña Falla, El Jardín de las Esculturas y el Velódromo, estos tres también en la Capital del Estado.
Esa iniciativa es algo similar a lo que pretende hacerse con el Impuesto a la Nómina, pues se usará para pagar deudas o más bien para que los veracruzanos paguen el saqueo que hicieron los funcionarios. Al IPE le deben más de 3 mil millones de pesos, lo que robaron no quieren devolverlo, sino que van a cubrir el boquete con once propiedades que son de los veracruzanos para que sea la ciudadanía la que responda por el faltante de dinero y no los ladrones que se lo quedaron. Para los villanos es fácil regalar lo ajeno, en este caso, lo de los veracruzanos.
El retiro de esas propuestas, se insiste, fue momentáneo, ya que tienen cuatro meses más para concretarlas los actuales diputados. Y en la desfachatez plena, ayer mismo emitieron otra vez la convocatoria para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, pues insisten en que sea nombrado por esta legislatura y no por los diputados que comenzarán funciones en el mes de noviembre. El objetivo es claro, colocar a un magistrado a modo para que le cubra las espaldas al gobernante
