Está decidido. Con el apoyo de las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y Partido Verde se aprobará la reforma energética a más tardar el próximo 15 de diciembre.
Anoche aún estaba abierto el diálogo entre el PRI y el PAN, por un lado, y el PRD, por el otro. Pero el tema era la reforma política, no la energética.
En aras de lograr esa reforma, el oficialismo cedió en temas a los que había estado absolutamente cerrado, como la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía General autónoma y la reelección de alcaldes.
Sin embargo, el PRI y el Gobierno saben, y lo han hecho saber a sus compañeros de viaje del Pacto por México, que de ninguna manera aceptarán la pretensión perredista de que la discusión de la reforma energética se posponga para febrero.
Por una sencilla razón: en febrero tanto el PAN como el PRD estarán metidos en sus procesos de sucesión interna.
Priistas y panistas consultados señalan que al PRD se le hizo saber desde hace varias semanas que la discusión de la reforma energética no sería pospuesta. Los priistas dicen que entendieron hace ya rato que si querían sacar la energética tendrían que hacer concesiones en lo político.
En lo único que no transigirían, advirtieron, era en la segunda vuelta de las elecciones, tema que tampoco era apoyado por el PRD.
Como decía, anoche se hacían esfuerzos para mantener al PRD en la mesa de negociaciones de la reforma política, incluso cuando el proyecto de dictamen impugnado la semana pasada por el PRD —protesta que incluyó el anuncio intempestivo de su salida del Pacto— estaba siendo votado en comisiones en el Senado de la República.
Un tema central de discusión es cuál es el compromiso sobre la reforma energética asumido por las partes en el Pacto por México.
La verdad, los compromisos del número 54 al 60 —que abordan el tema— son demasiado generales. Se habla, por ejemplo, de “mantener en manos del Estado la propiedad y el control de los hidrocarburos”, así como la condición de Pemex “como empresa pública”. Ninguna de las propuestas que existen, presentadas por los partidos integrantes del Pacto, camina en sentido contrario de esos dos planteamientos.
El PRD se levantó de la mesa de la negociación de la reforma política —en la que estuvo representado por los senadores Alejandro Encinas, Miguel Barbosa y Manuel Camacho— alegando que habían dejado fuera la reforma política del Distrito Federal y la ley reglamentaria de la consulta ciudadana.
El jueves y el viernes, los dirigentes nacionales del PRI y PAN, César Camacho y Gustavo Madero, declararon en entrevista con Excélsior Televisión, que ambas propuestas sí estaban contempladas en la reforma política, pero formaban parte de otros dictámenes.
El PRD también alegó que la inminencia de la aprobación de la reforma energética “privatizadora” por parte del PRI y PAN los hacía abandonar el Pacto por México. Sin embargo, el fin de semana pasado, el dirigente nacional perredista matizó sus declaraciones del jueves anterior y dijo que el PRD podría volver en caso de que la reforma política se discutiera ampliamente y la energética se aplazara para febrero.
Quizá algo tuvo que ver el regreso al país del líder de la fracción hegemónica perredista Nueva Izquierda, Jesús Ortega, quien estaba en Chile cuando Zambrano hizo el anuncio de la salida del Pacto. Aterrizó en la Ciudad de México un día después.
Haya sido consultado o no sobre esa decisión, Ortega operó fuertemente con sus pares en el Pacto por México —es miembro del Consejo Rector—, a quienes pidió “no tomar decisiones definitivas” a fin de que el PRD pudiera volver a la mesa. Eso fue el sábado. El domingo, vino el matiz de Zambrano.
El PRD tampoco operó coordinadamente en la mesa de la reforma política. Sus operadores Encinas y Camacho llevaron a la mesa una posición distinta de la que el PRD había estado defendiendo respecto del INE, lo que incluso les valió un reproche de varios senadores perredistas.
Una recriminación similar se escuchó en la larguísima plenaria de los senadores panistas para la actuación de José María Martínez y Roberto Gil. Entre otros, de la senadora Adriana Dávila, quien exigió que los institutos estatales electorales no conservaran la capacidad de imprimir y distribuir las boletas y el resto de la paquetería electoral.
Hoy quizá se haga realidad la reforma política, pero entusiasma a muy pocos. Luego, la reforma energética será aprobada sin el PRD.
¿Y el Pacto por México? Claramente está en vida artificial. Sólo falta saber quién lo desconectará del respirador.
