A la salud de las Razones
de nuestro querido
Jorge Fernández Menéndez
El pronóstico es reservardo. Los panistas liderados en San Lázaro por Luis Alberto Villarreal García están molestos. Piensan que los priistas que comanda Manlio Fabio Beltrones y los perredistas que jefatura Silvano Aureoles pretenden quedarse con una tajada mayor del pastel del futuro Instituto Nacional Electoral (INE).
Y como quien juega a la ruleta rusa, los blanquiazules han colocado en el tablero de las negociaciones lo que se asemeja a un arma cargada: la advertencia de que antes de ceder a un reparto desventajoso de los 11 espacios del Consejo General del INE, prefieren definir por insaculación a sus integrantes.
Es un escenario extremo, posible y riesgoso para la legitimidad de la transición institucional que se avecina. Y es que designar a los próximos árbitros con la variable del azar -como quien se juega el porvenir en un volado- sería equivalente a admitir el fracaso de la política en un gobierno que se jacta de saber ejercerla.
Pero además de los nombres que tanto importan para materializar el INE y que deberán legitimarse con el voto de las dos terceras partes de los diputados, urgen las definiciones de las leyes secundarias en la materia, indispensables para la operación del sustituto del IFE y de los órganos estatales que, según la reforma constitucional, dejarían de ser rehenes de los gobernadores.
De manera que, mientras en San Lázaro, Beltrones desplegará sus dotes de negociador para conseguir más de 300 manos alzadas antes del 8 de abril en favor de 11 personajes, paralelamente, en la Oficina de la Presidencia de la República, Aurelio Nuño, monitoreará los estira y afloja del grupo que se conformó la noche del jueves, en las oficinas alternas de Polanco del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para armar a lo largo de abril los consensos de la regulación electoral.
La lista de los asistentes a la encerrona del 27 de marzo resulta sugestivamente reveladora porque incluye a destacados protagonistas que diseñaron u operaron las reformas constitucionales construidas en el seno del fallecido Pacto por México entre diciembre del 2012 y noviembre de 2013.
De entrada, el secretario anfitrión, responsable en el gabiente de la política interior, y quien según lo relató nuestro compañero Héctor Figueroa en la crónica correspondiente, sólo pasó a saludar a los convocados.
La presencia de Aurelio Nuño, responsable de la Oficina de Los Pinos, denota el interés que el presidente Peña tiene en dar seguimiento puntal al proceso, a través de los ojos de quien ya atestiguó activamente la formulación de acuerdos entre gobierno, PAN y PRD cuando fungió como representante del mandatario en los acuerdos del Pacto.
Por la diputación priista acudió su vicecoordinador jurídico Héctor Gutiérrez de la Garza, figura indispensable en la confección de los dictámenes de las reformas pactistas y de las ya famosas adendas, agregados legislativos en los que se resumen los ajustes políticos que allanaron el camino para sacar adelante los compromisos cupulares o que se consideraban imposibles, como la ley del servicio profesional docente o apenas este jueves la creación del delito de violencia en los estadios.
Para que no quede duda del control que la dirigencia del PRD tiene sobre las decisiones parlamentarias, ahí estuvo su presidente Jesús Zambrano; el coordinador de los senadores, Miguel Barbosa; la diputada Alfa González, a cargo del tema electoral en las desaparecidas mesas del Pacto, y el senador Alejandro Encinas, quien si bien ha sido un crítico de las encerronas con el gobierno peñista, esta vez asume la relevancia de no dejarle el pastel a la corriente hegemónica de su partido, la de Los Chuchos.
La representación del PAN corrió a cargo del diputado Fernando Rodríguez Doval, defensor de la idea de quitarle a los órganos electorales locales el manejo discrecional de los eventos electorales; el senador Héctor Larios, dispuesto a servir de puente entre maderistas y calderonistas en esta coyuntura clave para su partido, y Alejandro Zapata Perogordo, uno de los principales artífices del Pacto.
Había un invitado especial, Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Segob. Era el portador de una mala noticia para la oposición: el gobierno y su partido quisieran conservar el actual Código Federal de Instituciones y Procedimientos Penales (Cofipe).
Zapata Perogordo adelantó el no rotunto del PAN, en la primera reunión de esta nueva fase del sexenio, la que César Camacho, presidente del PRI -por cierto ausente en la encerrona-, considera podría denominarse “Pacto por evento”.
El ríspido debate que el funcionario de Bucareli y el exsenador potosino blanquiazul protoganizaron sobre la simulación en la que podría convertirse la Reforma Electoral, augura horas de prueba para la capacidad política del gobierno de Peña y los más destacados cuadros de la oposición.
Porque esta es la oportunidad, acaso la única del sexenio, de herir al dinosaurio encarnado en caciques locales que todo lo pueden. Y de marcar un camino que nos aleje -oh utopía- de los cíclicos reclamos de fraude.
