Van irremediablemente juntas. La reforma electoral y la energética han terminado por ser una suerte de Cástor y Pólux de la política nacional, dos hermanos nacidos de una madre y teniendo como padres a diferentes dioses, que les dieron diferencias notables de carácter, pero que se ven irremediablemente obligados a luchar juntos.
Posponer la reforma energética hasta el año próximo sería un suicidio político, pero también económico, en un país cuya tasa de crecimiento apenas se situará en 1% este año. Todas las expectativas económicas están puestas en la reforma energética, por lo que puede dar en materia de inversiones pero, por sobre todas las cosas, por la señal de apertura, cambio y competitividad que generaría.
El PAN ha impuesto la agenda de que antes de la energética se tiene que configurar la política. Muchas veces hemos argumentado en este espacio que no necesariamente tendría que ser así. Pero la decisión ya ha sido tomada y el tema está ya sobre la mesa. La agenda es muy ambiciosa, pero el debate parece estar centrado en la creación o no de un Instituto Nacional de Elecciones, que reemplace al IFE. La gran mayoría de los especialistas han opinado en contra de la creación del INE. No tiene sentido, sería un despilfarro de dinero (sólo liquidar institutos locales costaría cerca de diez mil millones de pesos) y no garantiza lo que se quiere evitar, o sea la posible injerencia de autoridades locales en los comicios. Como se ha dicho, hay muchas opciones que podrían permitir avanzar en mecanismos de mayor equidad en los estados sin llegar a destruir una institución, como el IFE que, pese a todos los problemas que ha sufrido, tiene bases sólidas (en la misma medida en que exista voluntad política de los actores para respetar al árbitro electoral) y posibilidades de futuro.
En lo local, el IFE podría participar en la elección de los consejeros locales; puede establecer mecanismos y principios para la operación de esos consejos; el Congreso puede homologar leyes electorales del ámbito local con el federal, y mucho más, pero sería un grave error comenzar a construir todo el andamiaje electoral de cero y quitar atribuciones a los estados que, simplemente, difícilmente sus congresos dejarán pasar.
Es una buena señal que el senador Roberto Gil haya dicho esta semana que el tema del INE no está aún cerrado, que no hay una propuesta concreta y que, en otras palabras, se pueden buscar los mismos fines que se pretende con el INE a través de otros mecanismos institucionales.
Superado ese tema y descartada la segunda vuelta en la elección presidencial (otro tema que no es viable y que no garantiza nada en torno a la gobernabilidad, desde el momento en que el Presidente puede ser elegido por una segunda vuelta, pero su Congreso se quedará exactamente igual que en la primera ronda) quedan muchas cosas por ver, incluyendo la posibilidad de institucionalizar gobiernos de coalición, reelección de legisladores y presidentes municipales y mecanismos de democracia más directa, desde candidaturas independientes hasta consultas y plebiscitos.
En el tema energético, es una buena noticia, si se confirma, lo publicado por el Wall Street Journal respecto a que en esa negociación el PAN está elevando las bases de apertura propuestas en la iniciativa oficial. La reforma energética puede ser una gran victoria para el PAN si sabe negociarla y establecer sus términos. Y podrá hacer más fuerte a ese partido con todo un sector social que hoy busca referencias políticas.
Por cierto, casi nada se ha dicho en México sobre la quiebra del conglomerado más importante de Brasil, muy impulsado durante el gobierno de Lula da Silva, la empresa OGX de Eike Batista, hasta hace poco considerado el séptimo hombre más rico del mundo, dueño de un enorme imperio industrial, concentrado sobre todo en la explotación minera y petrolera.
¿Por qué quebraron las empresas de este hombre que aspiraba públicamente a superar entre los más ricos del mundo a Carlos Slim? Porque recibió la explotación de los grandes yacimientos de aguas profundas y luego de invertir cinco mil millones de dólares, no logró hacerlos producir. Esa pérdida de cinco mil millones de dólares terminó dañando toda su estructura y dejando el valor de sus acciones en apenas siete centavos de dólar por unidad.
Ese es el riesgo de las grandes inversiones en ese tipo de yacimientos. Inversiones que se tienen que hacer con la tecnología adecuada (me tocó hablar con Batista en Brasil hace un par de años e insistía en que ellos podían realizar esa labor con su propia tecnología) y arriesgando millones. El Estado, sea quien sea quien gobierne, no puede hacer inversiones de esa magnitud y equivocarse. Debe hacerlo asociado con particulares que tengan el conocimiento y sobre todo la tecnología y los recursos para tomar esos riegos. La historia del mayor fracaso empresarial en la historia de Brasil lo confirma.
