La crisis que se avecina en el estado es peor que los momentos que pasamos los veracruzanos. Hay datos que así lo anticipan.
La queja viene de los empresarios de la zona centro del estado porque se presume que el gobierno del estado echó mano de todos los recursos económicos para salir del atorón en el que está por un presunto desvío de dinero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizan en poco más de sesenta días.
El hecho paralizó a todos los sectores de la entidad. No hay dinero para siquiera actas, de nacimiento, defunción, casamiento, divorcio, en las oficinas del registro civil en todo el estado. Esa es la realidad del Veracruz de la prosperidad.
Las voces de protesta, han sido muchas, pero cuando los empresarios veracruzanos empiezan hacerse notar, es ya de preocuparse.
Enrique Guillaumin, vice presidente del Consejo Coordinador Empresarial en la zona Córdoba- Orizaba, ya no pudo ser prudente. Ya no lo hizo. Esta vez fue claro, director y conciso: en el estado hay muchas carencias y todavía habrá juegos centroamericanos.
Pero esa no es la única postura que se tiene. Hay quienes dudan de los posibles beneficios que dejen los juegos, que aunque se afirmen lo contrario, tienen un retraso que pudiera ser definitivo.
En el estado, hay muchas obras inconclusas, pero que no son responsabilidad de Javier Duarte, sino que se trata de trabajos que la fidelidad dejó sin terminar y que no se aclararon si se reportaron como culminadas y el dinero aún se conserva.
Hay una gran duda: qué pasará con el dinero invertido en la construcción de las villas centroamericanas. Los constructores ¿serán investigados? Hasta hoy nadie ha confirmado la versión.
IPE, EL GRAN PROBLEMA ESTATAL .
Si el 2013 se cimbró con las movilizaciones que los maestros hicieron contra la reforma educativa, el 2014 amenaza con ser similar. La reforma a la ley del Instituto de Pensiones del estado, es la principal causa.
Los trabajadores al servicio del estado, en activo y pensionados, rechazan las modificaciones que los diputados locales le hicieron a la anterior normatividad.
El problema ahora se agravará debido a que la reforma no nada más trastoca los derechos de los trabajadores, sino que además aplica altos gravámenes a los créditos que pidan los empleados.
Hasta antes de la ley, los créditos eran sumamente accesibles, pero hoy, incluso, los deudores deberán de entregar en garantía, los documentos de un auto o de plano las escrituras de una casa habitación.
Si eso parece grave, pues ahí va el otro dato: los pagos de los préstamos pagarán tasas de interés de acuerdo a la inflación más ocho puntos porcentuales, así lo dice la ley, la nueva claro.
Estas medidas ponen en riesgo la propiedad de los empleados y trabajadores al servicio del estado, si hay atrasos en los pagos, la deuda amenaza con duplicarse y aquellos que tengan dificultad para pagarla pues pueden perder hasta su auto o la casa que habitan…eso fue lo que aprobaron los legisladores veracruzanos priistas, perredistas, verde ecologistas y uno que otro panista.
Las movilizaciones apenas inician. El viernes pasado, los pensionados demostraron que además de coraje, tiene honor. Ese que les falta muchos de los trabajadores en activo. Ellos salieron a la calle, en la primera, de las muchas marchas que van a realizar en torno a este tema.
Los amparos, dice Jesús Arenzano vocero de los pensionados del IPE, “se cuentan por miles. En todo el estado hay molestia. Hay muchas quejas de los compañeros y vamos a ver cuál es la postura que asumen en los tribunales, si nos dan los amparos ganaremos una batalla importantísima.
El tema de la ley del IPE transita también por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Hay actos, que dicen los que saben, violan las garantías individuales, que aunque ya cambiaron de nombre en la Carta Magna del país, siguen amparando los mismos derechos.
Pero aun con las protestas y los recursos de amparo, se duda mucho de que los diputados locales se retracten. Las órdenes de su jefe, no se les va a permitir. La ley ya está autorizada, aprobada y deberá de ser mediante una nueva iniciativa del ejecutivo en turno para que haya modificaciones y se regrese al modelo antiguo.
La protesta también se encamina para ver quién o quiénes son los responsables de la bancarrota del IPE. Esa es otra de las propuestas que tienen los pensionados. La deuda es del orden de los diez mil millones de pesos, según calculan los mismos pensionistas. Eso lo saben únicamente los que integran el Consejo de Administración del IPE, pero que nunca lo van a dar a conocer, a menos que haya cambios en el gobierno del estado, en las elecciones del 2016, claro si es que las hay, porque con eso de la posible reforma a la Constitución Política del estado, pudiera ser que por vez primera tuviéramos un gobernador de dos años, que sin duda se encargaría de limpiar el desorden que dejen al llegar diciembre del 2016.
