AGENCIA
CDMX.- La muerte de un vendedor ambulante de tamales, quien falleció tras ser atropellado la Noche Buena en una localidad vecina a la capital mexicana, ha abierto un acalorado debate sobre por qué los sospechosos pueden salir de la cárcel a pesar de estar involucrados en eventos equivalentes a un homicidio involuntario.
El conductor, presuntamente ebrio, arrolló a Jorge Claudio mientras pedaleaba un triciclo de tamales por un barrio de la periferia norte de Ciudad de México. El conductor fue detenido tras huir del lugar, pero quedó en libertad luego de comprometerse a pagar los daños.
Este trágico accidente quedó registrado en un video, mismo que fue difundido por medios locales, en el que se observa un costoso vehículo Mini Cooper que al tomar una curva a velocidad se lleva por delante el triciclo que conducía Claudio quien murió en el acto. No estaba claro si el sospechoso tenía abogado.
La familia de la víctima se enfureció y organizó una protesta; este escándalo ha recordado al accidente ocurrido en marzo del 2021 cuando colapsó una línea del metro de Ciudad de México, por defectos en la construcción, donde murieron 26 personas. Varios exfuncionarios han sido acusados de homicidio involuntario en ese caso, pero ninguno fue encarcelado.
“El asesino de mi papá, por obligación, debe hacerse cargo de la indemnización, pero también debería estar tras las rejas porque un homicidio es un homicidio, esté ebrio o no”, afirmó en un comunicado Jorge Claudio López, hijo de la víctima.
“Parece ser que en este mundo piensan que lo que uno quiere es dinero, cuando no es así, yo quiero de regreso a mi papá”, indicó el hijo al exigir justicia por la muerte de su padre.
El caso reforzó la creencia generalizada de que los ricos, poderosos o con conexiones políticas reciben un trato preferente por parte del obsoleto y corrupto sistema legal mexicano.
“En México, los políticos de alto nivel, empresarios, militares de alto rango… Están blindados”, dijo el analista en seguridad David Saucedo, y agregó que “el sistema de procuración de justicia permite que quienes tengan influencias o poder económico tengan un trato preferencial”.
