De organización de lucha contra el charrismo sindical en la época de Carlos Jonguitud Barrios y las malas condiciones de vida de los maestros en el sur del país, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se ha convertido en un grupo de presión que negocia canonjías y en un escollo para la enseñanza.
La CNTE surgió en diciembre de 1979, como resultado del I Foro de Trabajadores de la Educación y Organizaciones Democráticas del SNTE.
Dicho foro fue convocado por los Consejos Centrales de Lucha (CCL) de Chiapas, Morelos, Tabasco y La Laguna, organismos creados para apoyar la movilización de los maestros chiapanecos contra el retraso de pagos y el alto costo de la vida en ese estado, derivado de la explotación de los yacimientos de hidrocarburos en la zona limítrofe de Tabasco y Chiapas.
Desde el descubrimiento de los ricos depósitos de La Reforma se dio un trastorno económico y social en esas dos entidades, pues los trabajadores de Petróleos Mexicanos llegaron a ganar el equivalente a tres salarios de un profesor.
La inflación que eso desató, sumado al retraso de hasta dos años en el pago de sueldos a los maestros, así como condiciones leoninas de trabajo, la venta de plazas por parte de dirigentes sindicales y la muerte de una maestra por un parto mal atendido en el ISSSTE, llevó a una huelga de 29 días por parte de los profesores chiapanecos.
En pocos meses, la inconformidad magisterial se extendió a los estados de Tabasco y Morelos, así como a La Laguna, donde se formaron los CCL. Y se iniciaron movilizaciones nacionales contra el SNTE, que dirigía Jonguitud Barrios, y la SEP.
Con motivo de la manifestación del Día del Trabajo de 1980, el magisterio oaxaqueño tomó las calles y desconoció a la dirigencia de la Sección 22 del SNTE, que entonces encabezaba Fernando Maldonado Robles, quien era, a la vez, secretario general del PRI estatal.
Durante los meses de mayo y junio de 1980, los profesores de Oaxaca inventaron un nuevo método de lucha: el plantón. Durante semanas, 20 mil maestros se instalaron frente a las oficinas centrales de la SEP en la Ciudad de México.
Se había creado una fuerza disidente formidable en el interior del SNTE, que llegaría a controlar varias secciones sindicales y a aglutinar a una sexta parte de los profesores agremiados.
La respuesta de los intereses representados por Vanguardia Revolucionaria, la corriente jonguitudista que dominaba el SNTE, fue violenta. Se dio una cadena de asesinatos de maestros disidentes, comenzando con la del profesor hidalguense Misael Núñez Acosta, quien realizaba trabajo político en la Sección 36 (Valle de México), que en aquel año de 1981 era controlada por una diputada federal de nombre Elba Esther Gordillo.
Con la llegada a la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari se derrumbó Vanguardia. Menos de cinco meses después de la toma de posesión, Jonguitud y su alfil Refugio Araujo del Ángel fueron apartados del mando del sindicato por instrucción presidencial. Y comenzó así, con un dedazo, la era de Gordillo al frente del SNTE.
En el auditorio Che Guevara de Ciudad Universitaria, la CNTE realizaba una asamblea y analizaba los efectos de su “paro indefinido de labores”, iniciado una semana antes, en demanda de un aumento salarial de 100% y la democratización del sindicato.
Su entonces dirigente, Teodoro Palomino, celebró la caída de Jonguitud como resultado de la presión de los “maestros democráticos” (así se les conocía entonces) y no de la decisión de Salinas.
Lo cierto es que aquellas movilizaciones de los disidentes en la primavera de 1989 dieron la puntilla a un liderazgo de 17 años que ya se tambaleaba en muchos sentidos.
Sin embargo, con la era Gordillo vino también la transformación de la CNTE en un órgano de presión para la obtención de canonjías. Si bien mantuvo su demanda de democratizar al sindicato, su principal actividad se volvió el torcer el brazo a las autoridades mediante acciones callejeras ensayadas y perfeccionadas con el tiempo.
La descentralización de la educación pública, iniciada en 1992, favoreció la política de presión de la CNTE.
Esta organización no tenía fuerza a nivel nacional, pero se había convertido en hegemónica en estados como Oaxaca, Michoacán y Guerrero. En esta última entidad se había formado la CETEG, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, con motivo de la llamada “Primavera Magisterial” en 1989.
La transferencia de responsabilidades operativas-administrativas federales hacia los estados —especialmente las relaciones laborales— engranó perfectamente con las estrategias de lucha radicales de la CNTE para expresar diversas demandas de los trabajadores de la educación, con énfasis en las salariales.
En poco tiempo, los gobiernos de Oaxaca y otros estados cayeron víctimas de las presiones de la CNTE, pues repentinamente los gobernadores se habían vuelto sus interlocutores principales.
Esto dio lugar a procesos cíclicos de negociación en los que el chantaje se convirtió en la principal arma del magisterio.
Mediante la toma de calles, carreteras y edificios públicos —y, a veces, de vehículos de transporte público—, los maestros, que faltaban a clases para movilizarse, obligaban al gobierno estatal a otorgar aumentos salariales y prestaciones que hoy tienen ahorcados financieramente a muchos estados.
Tan ha desnaturalizado esta estrategia chantajista el ideal original del “magisterio democrático”, que Félix Moreno Peralta, ex dirigente de la Ceteg —quien ha sido encarcelado por su actividad política y sindical— declaró en diciembre pasado que la organización se ha convertido en un “movimiento burocratizado” que sólo busca gestionar cargos y posiciones.
Los perniciosos efectos económicos y sociales del chantaje de la CNTE no pueden ocultarse: el desempeño educativo en los estados donde tiene mayor fuerza la disidencia magisterial es el peor del país.
¿Y cómo no habría de serlo? Con ciclos escolares inconclusos debido a la movilización magisterial y la obligación impuesta a los estados de crear plazas de maestro para quienes no tienen la capacidad de formar a niños y jóvenes, el chantaje de la CNTE está condenando a futuras generaciones a una pésima preparación para la vida laboral. Claro, a menos de que se considere que la grilla es un buen negocio.
Si en algún tiempo los padres de familia apoyaron a los maestros disidentes —como en Chiapas, en 1979— hoy sucede al revés. En San Sebastián Nicananduta, Oaxaca, la asamblea de la comunidad acordó expulsar a los maestros ante los constantes paros del magisterio y encargar la educación de los niños a profesores de una sección sindical que no es dominada por la CNTE.
Por otro lado, las acciones de los maestros disidentes golpea a la economía de estados de por sí rezagados, como Oaxaca, Michoacán y Guerrero, donde la actividad turística —motor fundamental de desarrollo en esas entidades— ha resentido los plantones en avenidas y autopistas.
El gobierno federal y sus aliados en el Pacto por México han enviado una poderosa señal de cambio mediante la reforma educativa —aún en ciernes— y la detención de Elba Esther Gordillo. Dichas acciones han sido bien aceptadas por una opinión pública que entiende que no hay futuro promisorio para México sin una educación de calidad.
Sin embargo, existe el peligro de que este impulso pueda ser frenado por la permanencia del statu quo en el SNTE —un simple cambio de dirigencia no garantiza transformación alguna— y la tolerancia hacia las acciones de grupos radicales, como la Ceteg y otros, que se oponen a los principios de la reforma educativa.
Cuando se cierra durante horas una carretera federal como la Autopista del Sol, en el arranque de un periodo vacacional, para obligar a la autoridad local a ir en contra del espíritu y la letra de la reforma educativa, el gobierno de la República tendría que hacer algo al respecto.
(Inútil pedírselo al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, pues ya se vio que el cargo le quedó enorme).
La última vez que chequé, bloquear una carretera era un delito; el otorgamiento automático de plazas iba en contra de lo que pretende la reforma educativa, y no se podía cobrar por un trabajo no realizado.
No faltará quien diga que estas líneas son un llamado a la “represión”, cuando sólo pretenden ser una convocatoria a hacer realidad lo que el presidente Peña Nieto dijo con motivo de la detención de Gordillo: que nadie esté por encima de la ley.
